31 de diciembre de 2013


Hacemos el Balance 
de lo bueno y malo.

La igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano 
que alcance jamás a convertirla en hecho.





Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.

Martin Luther King

29 de diciembre de 2013

Proyecto Wom@n


WOm@n paso a paso abierto a vuestra colaboración para que el crear continúe y permita realizar sueños , seguiremos realizando gestos abriremos un espacio en la red para el proyecto de gesto creativo que este año vamos a la india, Kabul, y celebramos el próximo en México.

http://www.gestocreativo.com/cas/

No se lo que piensa mi sueño burlón. La tinta, la mancha, la forma, el color. Soy aire. Soy todo. Sin más turbación.
Frida Kahlo


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Feliz Año 2014


España vuelve a retroceder en el índice mundial de igualdad de género


España vuelve a retroceder en el índice mundial de igualdad de género


Ocupa el puesto 30 en el ránking que elabora el Foro Económico Mundial, cuando hace seis años estaba en el puesto número diez.

Los países nórdicos son los que han conseguido cerrar las brechas de género en mayor medida.





Escrache feminista frente a las sedes del PP.

España sigue retrocediendo en igualdad: el informe anual sobre igualdad de género que elabora el Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto número 30, cuatro escalones por debajo que el año pasado y muy lejos del puesto número diez que llegó a ocupar en 2007. El índice que elabora el Foro mide las brechas de género en participación económica y mercado laboral, educación, sanidad y esperanza de vida, y participación política, y tiene en cuenta a 136 países.

En los últimos siete años España ha caído veinte puestos en este ránking: en 2007 ocupaba el puesto número diez frente al treinta actual. El punto de inflexión se produjo entre 2011 y 2012, cuando pasó del escalón 12 al 26 en solo un año. Por áreas, las notas son muy parecidas a las que España sacó el año pasado, con una diferencia: empeora unas décimas en salud. No obstante, la puntuación más baja la obtiene el apartado de participación política.

Por delante de España se sitúan países como Alemania, Irlanda, Lesotho, Sudáfrica, Cuba, Burundi, Mozambique o Barbados. Sin embargo, el indicador se elabora haciendo una media entre las cuatro áreas que evalúa, lo que hace que países con muy mala nota en una de ellas pero buena posición en otras, consigan una buena posición. En Burundi, por ejemplo, la participación en el mercado laboral de hombres y mujeres es equitativa, sin embargo, su brecha en el acceso a la educación es muy elevada. El resultado: puesto 22 en la clasificación

Islandia lleva varios años liderando el ránking, seguida de Finlandia, Noruega y Suecia. "Aunque ningún país ha conseguido aún la igualdad de género, los países nórdicos, a excepción de Dinamarca, han eliminado cerca del 80% de la bercha de género y sirven así como modelos internacionales", señala el informe. El Foro destaca que estos países han conseguido tener los niveles más altos de participación de hombres y mujeres en el mercado laboral, reducir al mínimo las diferencias salariales entre sexos, y tener niveles altos de mujeres en puestos de responsabilidad en el sector privado. Noruega, por ejemplo, obligó a que la representación de cada sexo en los altos cargos de las empresas fuera de, al menos, el 40%:

"Estas economías han hecho posible que los padres combinen trabajo y responsabilidades familiares, equilibrar la responsabilidad de ambos en el cuidado de hijos y una distribución equitativa de las labores del hogar y un mejor nivel de vida de hombres y mujeres", dice el informe, que subraya que estas mejoras han empujado las tasas de fertilidad y la tasa de actividad de las mujeres.

A la cola están Yemen, Pakistán, Chad, Siria, Costa de Marfil, Irán y Marruecos. Los resultados muestran una correlación entre el nivel de igualdad y el de competitividad, PIB per cápita y desarrollo humano. Sin embargo, el nivel de renta no es determinante para que un país obtenga mejores resultados en igualdad. Potencias económicas como Japón o Arabia Saudí ocupan puestos muy bajos en la tabla, mientras que otros de ingresos medios o bajos, como Filipinas, Burundi, Nicaragua, están en la parte alta de la tabla.

El Foro Económico Mundial insiste en que cerrar las brechas de género no es solo una cuestión de igualdad y derechos humanos, "sino también de eficiencia".

¿Hasta cuando se espera por la “Igualdad” en Iquique?



¿Hasta cuando se espera por la “Igualdad” en Iquique?


Un cuestionamiento de Pablo Imaña, dirigente social de la diversidad sexual, a las autoridades y la sociedad por dejar la integración en sólo un discurso sin llevar a la práctica acciones concretas



Fotografía Flickr: JavierPsilocybin



Ante el hallazgo del cuerpo Pascuala Pascuali (48), conocida transexual iquiqueña, en una casa abandonada en donde se reunían drogadictos a consumir, Pablo Imaña, dirigente social de la diversidad sexual del norte de Chile, nos plantea una serie de cuestionamientos respecto de, lo que a su juicio, es una falta de humanidad y ponerse en el lugar del otro en los ámbitos de integración e igualdad de derechos para las personas con opciones sexuales diversas.

¿Cuál será el concepto de humanidad que manejan nuestras autoridades? Cuales son las acciones directas con las que trabajan nuestros representantes? ¿Cuáles tienen que ser los acontecimientos o los hechos para que ellos le tomen realce e importancia y puedan de una vez por todas trabajar a favor de la sociedad?

Es difícil ver como nuestra colectividad va matando lentamente a personas que necesitan ayuda, al momento de ver a una persona con una opción sexual distinta a la típica, se le segrega y se le aparta, a esto sumémosle una enfermedad tal como el VIH, a esto otorguémosle una infección pulmonar contagiosa (Tuberculosis), sumando todo esto, que tenemos? Respóndete tú mismo.

Para mi tenemos la muerte lenta y despiadada de un ser vivo. Los estigmas sociales van cobrando cada día más vidas, nuestra falta de aceptación a hechos tan complejos nos convierte en asesinos sociales, sin poder hacer nada a favor del ser humano que esta sufriendo.

Las etiquetas, si esas etiquetas que utilizamos a diario, el fleto, el maricon, el colibrí, el mariposon y un montón de palabras que no tienen nada que ver con la opción sexual, son las que producen daños psicológicos y sociales, además que a largo plazo solo segrega, daña, lastima y mata a personas inocentes.

Si entramos mas en el detalle, todos sabemos que la aceptación de una enfermedad como el VIH cuesta desde meses a años a aceptarla y tomar conciencia personal por lo que se esta sobrellevando es mas difícil aun, además que se debe tener un trabajo constante y prolongado con apoyo profesional en el área de la psicología a la persona que vive con el virus. Se tiene que acompañar en todo momento al paciente y a la familia de este. Pero hoy en día no existe una vigilancia continua para que esto se cumpla en cabalidad, es por eso que tenemos suicidios continuos, abandonos en el alcohol, drogadicción o simplemente se sigue contagiando este letal virus que cada día que pasa cobra mas vidas.

Sabemos y tenemos claro que nuestra realidad social ha cambiado profundamente en los últimos tiempos. La sociedad y las leyes han ido, lentamente, ampliando ese concepto de integración social. Ahora tratamos de acabar con la discriminación y enseñar a cada persona que todos y todas somos iguales ante la ley. Esta es una garantía básica de una sociedad democrática y por ello no es aceptable ningún regateo de los derechos. La dignidad no es negociable, la igualdad es completa o no es igualdad. Lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, intersexuales y bisexuales quieren, como cualquier otro ciudadano, poder decidir libremente a quien amar, con todos los derechos y todos los deberes que ello implica.
Las personas que vivimos en Diversidad Sexual hasta ahora, ciudadanas y ciudadanos cumplimos con todas las obligaciones pero el estado no cumple con sus derechos y con ello poder acceder a toda una serie de ayudas que sí tienen las personas heterosexuales.

Un millón de amas de casa buscan empleo y más hombres se quedan en casa


Un millón de amas de casa buscan empleo y más hombres se quedan en casa

La crisis acelera la incorporación de mujeres al mercado laboral desde 2008 mientras un 31% más de varones declara que no busca empleo y se dedica a la casa


Mujeres en una oficina de atención al cliente / SANTI BURGOS



El día que Maica Pérez, de 52 años, recibió una llamada para volver a trabajar como limpiadora, no se lo pensó dos veces. Además, era en su propio pueblo, Artajona, una pequeña localidad navarra con apenas 1.700 personas empadronadas. Llevaba tres años dedicada exclusivamente a las “labores del hogar”, término utilizado en laencuesta de población activa (EPA) para referirse a las amas de casa en situación de inactividad, es decir, que no buscan empleo. Este colectivo ha adelgazado progresivamente en España desde finales de los setenta. Pero, con motivo de la crisis, se reduce a pasos cada vez más veloces. Desde principios de 2008 se ha acelerado la incorporaron al mercado laboral de casi un millón de amas de casa.

Un efecto derivado de las dificultades económicas que atraviesan los hogares españoles. “Por ello, muchas mujeres han decidido dar un paso adelante”, recalca Isabel Ávila, presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu). Los datos de la EPA revelan que, desde el arranque de la coyuntura, se ha pasado de los 4,51 millones de mujeres dedicadas a “sus labores” a los 3,55 actuales.



Fuente: Encuesta de Población Activa / EL PAÍS

En contraste con ellas, el hombre juega un papel absolutamente diferente en este fenómeno derivado de la coyuntura. Frente a la reducción del número de amas de casa inactivas, los hombres dedicados exclusivamente a “labores del hogar” aumentaron durante la coyuntura en un 31%. Según la EPA del segundo trimestre de 2013, un total de 355.100 amos de casa se dedican a estas tareas actualmente, frente a los 270.400 que lo hacían al inicio de 2008.

Almudena Fontecha, secretaria para la igualdad de UGT, recalca que “tradicionalmente” la mano de obra femenina ha jugado un papel comodín en las crisis. “A pesar de las dificultades económicas, siempre han manifestado su voluntad de trabajar. Pero ahora la mujer tiene una vocación de permanencia”, reflexiona la sindicalista. “El papel de la mujer ha sido fundamental para salvaguardar la economía doméstica golpeada por la recesión”, añade Adecco, empresa especialidad en recursos humanos, en su séptimo Informe sobre el perfil de la mujer trabajadora.


Se ha pasado de los 4,51 millones de mujeres dedicadas a “sus labores” a los 3,55 actuales

“En mi decisión para aceptar el empleo influyeron las razones económicas. Fue casi una obligación. Mi marido también trabaja, pero son muchos gastos: hipoteca, los estudios de los niños... No llegábamos”, explica Maica, con dos hijas. La mayor, de 26 años, es peluquera y ya se ha independizado. La pequeña, de 20, estudia Ingeniería Eléctrica en la Universidad Pública de Navarra. “El problema suele ser que el marido o los hijos se han quedado en paro, o les han reducido la jornada. En esa situación, se pone a trabajar el miembro que tiene más facilidad”, apostilla Ávila.

La disminución del colectivo de amas de casa constituye un fenómeno social que arrancó con el final del franquismo y siguió con la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Según la serie estadística de la EPA, las dedicadas en exclusiva a “sus labores” ascendían hasta los 7,7 millones en 1976. Cifra que empezó a caer entonces, sufrió un desplome radical en 1987, y volvió después a su tendencia de descensos moderados. Hasta la crisis.


Andalucía ha sido la comunidad autónoma donde más fuerte irrumpió este fenómeno

La presencia progresiva de más chicas jóvenes en el mercado de trabajo sucede desde los setenta. “Pero la Ley de Dependencia también fue un gran yacimiento de empleo para la mujer”, apostilla Antonia Martos, responsable de la secretaría de la mujer en la sección autonómica de CC OO. Con la crisis se ha acelerado el ritmo de incorporación al mercado laboral de inactivos dedicados a sus labores (hombres y mujeres). Según cifras de la EPA, se redujo en 393.800 personas entre 2003 y principios de 2008. En un periodo de tiempo similar, entre 2008 y mediados de 2013, ese dato se duplica: 876.700.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma donde más fuerte irrumpió este fenómeno. La región ha perdido 251.500 amas de casa (-28%) durante la coyuntura, cifrándose actualmente en unas 667.300. “Muchas mujeres sienten ahora una mayor necesidad de incorporarse. Estas representaron en junio el 70% de los nuevos demandantes de empleo en Andalucía, jóvenes y amas de casa sobre todo”, apunta Martos.

La navarra Maica trabaja 19 horas a la semana. Reconoce que ha tenido “suerte” a la hora de encontrar un empleo. “Porque la situación está realmente muy complicada”, medita. El perfil de las amas de casa que comienzan una búsqueda activa de trabajo coincide generalmente, subraya Isabel Ávila, con mayores de 45 años y con escasa formación. Dos factores que se presentan como sus grandes inconvenientes para encontrar un hueco en el mercado laboral. “Por ello se ha producido una incorporación de la mujer a empleos poco cualificados”, apostilla la presidenta de Ceaccu. “Sobre todo de confección y limpieza”, añade Martos.



Fuente: Encuesta de Población Activa / EL PAÍS


Toda la familia activa

Cuando uno de los miembros de la familia pierde su empleo, el resto de los que estaban inactivos hasta entonces salen a buscar trabajo para amortiguar el impacto. Es el conocido como efecto del trabajador añadido. Se ha repetido en las diferentes recesiones económicas. Y en esta crisis, que dura ya cinco años, vuelve con fuerza. La última EPA estima que en España existen 3,9 millones de personas dedicadas en exclusividad a las tareas de su casa y que no buscan trabajo. Es el dato más bajo desde 1976, año en que empieza el histórico del INE. Supone un 19% menos que en 2008, cuando el colectivo lo conformaban 4,78 millones de hombres y mujeres. La edad no es un impedimento: desde el arranque de la crisis, la tasa de actividad entre la población femenina mayor de 40 años experimenta un rápido aumento. Entre las mujeres de 40 a 44 la es del 82%, frente al 74% de 2008; de 45 a 49 años, del 80% (67% antes); entre los 50 y los 54, del 71% (antes el 60%); y de 55 a 59 años, 58% frente al 43% de hace un lustro.

Crisis, ajustes y brecha de género



cs evidente que la excusa de la crisis económica ha relegado el ámbito de la igualdad a mero apéndice de la agenda política actual.

La ausencia del enfoque de género en las llamadas medidas de consolidación presupuestaria (generalmente materializadas en la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos) es muy visible en el caso de España. Progresivas reformas de la seguridad social (pensiones), continuos recortes en servicios públicos (sanidad, educación, dependencia) y congelación de los salarios del funcionariado durante tres años consecutivos afectan primordialmente a las mujeres, pues merman sus derechos de desarrollo profesional. La privatización de la educación y la sanidad y la eliminación de ayudas sociales desincentivan su incorporación al mercado laboral, mientras que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector público y las jubiladas reciben, de media, las retribuciones más bajas.

Experiencias de otros países, donde las medidas de consolidación fiscal han tenido un carácter limitado, como en Finlandia, no conducen a efectos negativos sobre la situación laboral femenina, o su acceso y uso de los servicios públicos de cuidados, o penalizaciones sistemáticas a consecuencia de recortes en las transferencias sociales.

Todas estas medidas de ajuste inciden también en la presencia de las mujeres en la toma de decisiones del ámbito empresarial –se pueden consultar cifras actualizadas en el reciente estudio publicado por la Fundación IDEAS Igualdad de género en los consejos de administración empresariales. Prospectiva europea–, pues significan menos posibilidades de conciliar el empleo con la vida familiar.


Los recortes salariales
y en servicios públicos afectan sobre todo
a las mujeres

A nivel europeo, una lectura parcial de los efectos que la actual crisis económica ha tenido sobre el mercado laboral apunta una nivelación a la baja de la brecha de género en el empleo, desempleo, salarios o grado de pobreza. Aunque la destrucción de empleo masculino ha sido más aguda, esta valoración es cortoplacista y poco profunda, ocultando una situación mucho más inquietante reflejada en la involución de la igualdad entre hombres y mujeres en toda Europa, lo que pone de manifiesto que el análisis ha de hacerse preferiblemente en términos cualitativos. Una visión más acorde con la realidad laboral incluye altos niveles de segregación por sectores económicos, pero también ocupacional, o lo que es peor aún, una combinación de las dos.

La primera sugiere sobrerrepresentación de las mujeres en sectores de educación, sanidad, Administración pública y actividades científicas. La segunda señala mayor presencia de las mujeres en los puestos intermedios o inferiores, mientras ocupan únicamente el 16% de los puestos de ejecutivos y el 3% de los cargos directivos de las empresas europeas. De hecho, según el Índice Europeo de Igualdad de Género(GEI), el acceso y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones (tanto en el ámbito político, como económico) sigue reflejando/suponiendo el “talón de Aquiles” de las políticas de igualdad europeas.

Pese a su trascendencia, un Informe de la UE (2012) destaca que la perspectiva de género ha estado ausente en el diseño y la implementación de las políticas públicas durante la crisis. La Comisión indica que solo una décima parte de las iniciativas enmarcadas dentro de los Programas Nacionales de Reforma (2011) (consignatarios de los planes reforma estructural y consolidación fiscal) tenían en cuenta el impacto de género en todas las fases de implementación.


Las próximas generaciones tendrán que retomar el esfuerzo desde muy atrás

Volvamos a la presencia de mujeres en la toma de decisiones del ámbito empresarial. Según datos recopilados por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, en las empresas españolas cotizadas en Bolsa, solo el 12% de los consejeros son mujeres y en los últimos tres años el ritmo de incremento de su presencia se ha frenado.

Noruega, por el contrario, país reconocido internacionalmente por tener la mayor presencia de mujeres en los puestos de poder –político (50% del Gobierno actual son ministras) y económico (44% de consejeras en las empresas cotizadas)–, es también referente por su trayectoria en políticas de igualdad. Más de cien años de recorrido, unido al compromiso continuado, el amplio consenso social y medidas de apoyo materializadas en servicios públicos de calidad hacen que la tasa deempleabilidad de las mujeres sea del 77,3% en 2012 (en España es del 54%, mientras la media de la UE-27 se sitúa en 62,3%, según datos de Eurostat).

Toda esta trayectoria había preparado el terreno para la regulación en 2003 de la obligatoriedad de las cuotas en los consejos de administración de las grandes empresas. El país sirve ahora de inspiración para la reciente iniciativa de la comisaria de Justicia, Vivianne Reding, que, tal y como resalta el mencionado documento publicado por la Fundación IDEAS, Igualdad de género en los consejos de administración empresariales. Prospectiva europea, despierta multitud de opiniones encontradas por parte de los Estados miembros y que, de momento, España descarta.

Sin embargo, la inacción también tiene consecuencias e implicará que las próximas generaciones tengan que retomar el esfuerzo desde muy atrás. Ya en 2010, los resultados de una encuesta a 400 mujeres directivas en España, realizada por Addecco, avisaban de que la crisis económica estaba ralentizando la implementación de la Ley de Igualdad.

Tres años después, a falta de un diagnóstico riguroso de la igualdad entre mujeres y hombres, unida a importantes recortes sociales, oscilamos entre dos actuaciones alternativas, a cada cual peor: el inmovilismo político y las medidas de ajuste. Su combinación resulta letal, pues se conciben las políticas de igualdad como gasto que es preciso reducir en épocas de vacas flacas, en vez de valorar su potencial para generar crecimiento económico.



Loredana Stan, ayudante de investigación del Área de Política, Ciudadanía e Igualdad de la Fundación IDEAS

La pensión media de las mujeres es de 660 euros; la de los hombres, 1.069



La serie de televisión El tiempo entre costuras está obteniendo un importante éxito de audiencia cada lunes por la noche. No es de extrañar, dada la calidad de esta producción. La historia de Sira Quiroga, la joven modista que se ve envuelta en una trama de espionaje y complicidades políticas en plena Guerra Civil española, ya encandiló a centenares de miles de lectores cuando María Dueñas publicó la novela homónima en la que se basa esta serie.

También entonces como ahora, las peripecias de Sira Quiroga nos retrotraen a una época no tan lejana que millones de españoles reconocen todavía. Porque Sira tiene muchas cosas en común con esos cientos de miles de madres, abuelas y suegras que conocieron aquella terrible contienda o que la sufrieron en los años inmediatamente posteriores. A ninguna de ellas les es ajena la costura ni tampoco todas las limitaciones que soportaron, independientemente del bando bélico que les tocara sufrir; limitaciones por el hecho de ser mujeres.

La vida real de la mayoría de las mujeres de esa generación y la siguiente fue mucho menos rutilante que la de Sira Quiroga. Tampoco el desenlace real de sus vidas, tan dichoso. Entre otras cosas, porque acabada la contienda el franquismo sepultó definitivamente el arrojo de esas mujeres y su capacidad de iniciativa. La sociedad imperante salida de la Guerra Civil exigía a las mujeres ser buenas madres y esposas [recuerden los premios de natalidad], desalentando a todas las que pretendieran un empleo remunerado. Como es bien sabido, necesitaban el permiso del marido para abrir una cuenta corriente o poseer pasaporte, imposiciones estas que se parecen demasiado a las medidas cautelares que toman hoy los jueces contra los delincuentes.

Es menos conocido que sobre las que lograban un trabajo remunerado no había un techo de cristal, sino una losa de cemento escrita a fuego en los estatutos de las compañías. Un ejemplo quizá poco sabido: tres grandes empresas públicas españolas, el Banco de España, Renfe y Telefónica, impedían a las empleadas acceder a determinados puestos directivos y, al menos en Renfe, no se permitía mantener el puesto de trabajo a la que se casase. El matrimonio suponía para ellas la dependencia, por decreto, de sus maridos. Algunas atrevidas optaron por evitar el matrimonio y vivir con sus parejas, afrontando el estigma que ello conllevaba. El franquismo acometió crueles depuraciones contra todo aquel colectivo sospechoso de ser fiel a la República, pero nunca se ha valorado lo suficiente la depuración que sufrieron las mujeres en razón de su sexo.

Recién llegada la democracia fueron muchos los colectivos que pleitearon para recuperar sus empleos. Y lo consiguieron. Pero sus carreras profesionales ya habían quedado estancadas y hubo muchas que nunca se atrevieron a volver después de tanto tiempo ajenas al mercado laboral.

Unas y otras quedaron, en cualquier caso, condenadas para siempre. Así lo demuestran los datos actuales. Porque aquellas generaciones de “mujeres recortadas”, como las bautizara la escritora Ana María Matute, han envejecido y apenas si pueden, en su mayoría, mantenerse por sí mismas. Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social son elocuentes. La nómina media de una pensión masculina asciende hoy a 1.069,48 euros. La femenina, a 660,64. Las pocas que mantuvieron su empleo siempre ganaron menos que los hombres (como ahora, por otra parte), debido a múltiples factores, entre ellos el de una menor educación dadas las circunstancias de la época. Pero la diferencia de pensión no estriba solo en que sean más las que perciben una pensión no contributiva. La pensión media en el régimen general de ellas es de 735,62 euros. La de ellos, de 1.161 euros.

En España hay 3,5 millones de mujeres de más de 70 años (y 2,4 millones de hombres). Sobreviven con 660 euros al mes, a pesar de lo cual tienen que pagar parte de sus medicamentos y el Gobierno, siguiendo los consejos de un grupo de sabios varones en su mayoría, ha ideado un plan para que los ingresos de los pensionistas evolucionen siempre a la baja. Tampoco tienen fáciles las ayudas públicas por dependencia en caso de necesitarlas. Los recortes han dejado en lista de espera a 200.000 personas.

La sociedad española está en deuda con esas mujeres (lo que no excluye a muchos hombres), pero los dirigentes de Bruselas y Madrid les exigen aún más sacrificios. La suerte de tales políticos es que, como la Sira Quiroga de María Dueñas, esas mujeres están acostumbradas a sufrir calladamente tanta calamidad.

Una ley con más de 200 años prohibía a las mujeres llevar esta prenda masculina


Parisinas: podéis llevar pantalones

Una ley con más de 200 años prohibía a las mujeres llevar esta prenda masculina





Las mujeres de París pueden desde hoy enfundarse los pantalones sin miedo a una persecución penal. La ministra de los derechos de la Mujer, Najat Belkacem-Vallaud, ha depuesto la medida –que obviamente, llevaba décadas sin ser efectiva- porque es incompatible con la moral y las leyes francesas actuales.

Mucho han cambiado las cosas desde el 17 de noviembre de 1800, cuando se impuso esta ley. En ella se estipulaba que aquella mujer que quisiera llevar pantalones, es decir, "vestir como un hombre", debía tener permiso expreso de la policía local.

Y no es que esta ley haya permanecido invariable desde su promulgación. En 1892 y 1909 fue modificada para permitir que las mujeres usaran pantalones si se daba la circunstancia de que fueran "sobre un manillar de bicicleta o las riendas de un caballo". Para la ministra francesa, esta limitación tenía como objetivo limitar el acceso de la mujer a ciertos oficios y ocupaciones.

El atuendo femenino está presente en la política francesa desde la Revolución de 1789, cuando las mujeres exigieron poder llevar los pantalones de los revolucionarios, los sansculottes, para diferenciarse de las clases altas.

Y esto es algo que no ha cambiado. El pasado mes de mayo, la ministra de Vivienda, del partido de los Verdes, Cecile Duflot, fue muy criticada por acudir a su primer encuentro oficial con el presidente François Hollande con unos vaqueros, saltándose el protocolo de la Asamblea. Otras parlamentarias copiaron la iniciativa en los últimos días, cuando se tramitaba en el parlamento la nueva ley de matrimonio homosexual.






El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado este martes que tomará nota de la petición de CiU para que en la reforma fiscal que se elaborará en 2014 se incluyan incentivos en favor de la natalidad en el IRPF, aunque ha recordado que en España ya se discrimina positivamente a la madre trabajadora.

Montoro ha precisado que la reforma fiscal promoverá el tratamiento de la familia como unidad contribuyente, favorecerá la conciliación de la vida laboral y familiar y "realzará el papel de la mujer en el mundo del trabajo, sobre todo su condición de madre".

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta del senador de CiU Ferrán Bel, a quien ha asegurado que recibirá sus sugerencias al respecto, pero al que también ha recordado que "hay que reconocer que el sistema tributario tiene elementos positivos" en favor de la natalidad.

"El año que viene acometeremos otra reforma fiscal y nos plantearemos el tratamiento favorecedor de la familia como unidad contribuyente", ha sentenciado el ministro en el Senado.

El ministro ha recordado que fue él quien creó los 100 euros mensuales para las mujeres que habiendo sido madres volvían a su puesto de trabajo a través de una deducción en la cuota del IRPF que llagaba a los 1.200 euros al año, con el fin de compatibilizar la vida laboral y familiar. Ha destacado además que España es el único país en el que la Hacienda Pública "paga a la mujer" y la "discrimina positivamente" como madre trabajadora.

En cuanto a su intención de favorecer a la familia como unidad contribuyente, ha recordado que así se hizo ya en anteriores gobiernos del PP, en concreto en 1998 y 2003.

Montoro ha afirmado que el Gobierno está "abierto a sugerencias" de los grupos a la hora de potenciar la unidad familiar, después de una parte de la legislatura "muy difícil" en la que el Gobierno ha tenido que tomar decisiones que no le gustaban como subir el IRPF.

La embarazada tendrá que recibir el aval de dos médicos y explicar su situación a los servicios sociales



En España, desde 2010, el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo (que es cuando se produce más del 90% de los abortos). La futura ley acabará con ese derecho. EL PAÍS ha reconstruido el periplo que tendrá que recorrer con la nueva ley una mujer que quiera abortar, tomando como ejemplo el caso que se augura más probable —que la embarazada alegue riesgo para su salud psíquica— y contando con que todo le salga bien: que los médicos acrediten que existe ese riesgo y que ningún profesional objete por el camino. Este será el itinerario:

1. La mujer va al ginecólogo (público o privado) o al médico de cabecera y dice que está embarazada y que quiere abortar. Si alega riesgo para su salud psíquica, el médico —tras confirmar el embarazo— la deriva a un psiquiatra o le da la opción de que lo elija ella.

2. El psiquiatra la recibe y determina que, en efecto, si esa mujer sigue adelante con el embarazo existe un riesgo de “menoscabo importante” y “duradero en el tiempo” para su salud (tiene que constatar esos dos elementos). Le firma el informe.

3. La mujer tiene que buscar entonces un segundo psiquiatra, que le hace otra entrevista y, si está de acuerdo con el primero, le firma el informe. Puede ocurrir que sea vista desde el inicio por los dos médicos, ya que en la mayoría de los equipos de psiquiatría de hospitales o clínicas hay varios especialistas. ¿Qué ocurre si los dos psiquiatras tienen opiniones diferentes? Habrá que pedir la opinión de otro, hasta conseguir que dos psiquiatras firmen el informe. Los dos psiquiatras pueden trabajar en centros públicos o privados, y pueden trabajar ambos en el mismo centro, pero ninguno de ellos puede estar empleado en el centro (público o privado) que después vaya a practicar el aborto.

4. Uno de los dos psiquiatras tiene que dar, además, a la mujer, de forma “personal, individualizada y verbal”, información clínica explicándole dos cosas: los riesgos que el aborto puede conllevar “para la salud de la mujer y para su maternidad futura” y las consecuencias que sobre su salud psíquica tendría seguir con el embarazo. Tras explicarle esas dos cosas, el médico le extiende un certificado. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los informes médicos serán sufragados por la Administración (igual que la propia intervención, porque el aborto forma parte de los servicios incluidos en la cartera de la sanidad pública); en el caso de que la mujer haya acudido a médicos privados, ella paga los informes y después “se le reembolsará” el dinero.

5. Con los dos informes médicos y con la certificación de haber recibido la información clínica sobre los riesgos que conlleva abortar, la mujer es derivada por el ginecólogo o médico de cabecera que la atendió al principio (o acude directamente ella misma) a los servicios de salud o servicios sociales. Estos tendrán que prestarle un “asesoramiento asistencial completo”, también de forma “personal, individualizada y verbal”, es decir, concertando una cita. El Ministerio de Justicia asegura que esa cita se concertará “de forma inmediata, ese mismo día o al día siguiente”, saltándose las listas de espera si las hubiera. El “asesoramiento asistencial completo” incluirá: información de que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”; orientación “sobre el modo de resolver los problemas y conflictos” personales que la mujer haya alegado como razón para abortar; un “estudio de la posibilidad de actuar directamente” sobre esos conflictos con ayuda de la Administración; e información sobre las alternativas al aborto (ayudas públicas, guarda administrativa del niño, acogimiento o adopción).

6. Una vez terminado ese asesoramiento, el personal del servicio de salud expide un certificado indicando la fecha. A partir de entonces, la mujer, ya con los dos informes psiquiátricos y las dos certificaciones (información clínica y asesoramiento social) concedidos, tiene que reflexionar durante siete días antes de comunicar definitivamente su decisión de abortar.
6bis. Cuando la mujer es menor de edad el proceso puede alargarse más. Si tiene entre 16 y 18 años necesitará para abortar el “asentimiento” (la ratificación) de sus padres o tutores; si tiene menos de 16 años necesitará su “consentimiento expreso”. En ambos casos, si los padres no dan su permiso a la chica, ella puede acudir a un juez (una vez que tenga todos los informes médicos y de asesoramiento asistencial concedidos, y como muy tarde 15 días antes de que venza el plazo legal para abortar). También pueden pedir la intervención del juez los médicos a los que la joven haya acudido, si perciben que existe ese conflicto en la familia. En un procedimiento de carácter urgente, a puerta cerrada y con presencia del fiscal, el juez resolverá a quién da la razón tras escuchar a la mujer y a “los demás interesados”. Si la chica tiene entre 16 y 18 años, primará su voluntad, salvo que el juez “constate su falta de madurez”; si tiene menos de 16 años, primará la voluntad de los padres, salvo que se acredite en la vista que ello es “contrario a la protección del interés de la mujer”. En todo caso, decidirá un juez. Todo el procedimiento judicial, recurso incluido, no puede superar los ocho días de duración.

“Católica o no, la mujer debe ser libre de decidir si aborta”


“Católica o no, la mujer debe ser libre de decidir si aborta”

La presidenta de una organización de mujeres creyentes teme la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que prepara el Gobierno

La mayoría de los católicos no quiere privilegios para la Iglesia
Todas las informaciones sobre la ley del aborto

Mar Grandal escucha la pregunta y se ríe. “¿Que cómo se puede ser feminista y católica? Porque soy católica. Y creyente. Y porque el feminismo lucha por la justicia social, es liberador, sanador y cuestionador. Jesús cuestionó el sistema en todo momento. No tuvo miedo de la libertad, por eso lo mataron. Siempre se rodeó de mujeres, que fueron sus fieles seguidoras. Las trató como a iguales. Las dignificó”, expone de corrido. De hecho, recalca, fue una mujer, Magdalena, quien anunció su resurrección. “Y nunca dudo de él. ¿Quiénes lo enjuiciaron y condenaron? Hombres. Las mujeres nunca lo abandonaron”.
Esas palabras sirven de presentación para Grandal (Marín, 1959), presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir en España. Su organización, minoritaria en este país, pero grande en América Latina, respalda la educación sexual y afectiva, el uso de anticonceptivos y el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Es decir, el derecho al aborto. Y lo defiende, afirma, con los argumentos de la Iglesia. “Nos basamos en la doctrina del probabilismo, un principio del siglo XVII que dice que donde hay duda hay libertad. Y una norma moral sobre la que hay dudas razonables no puede imponerse como si fuera cierta. Y el aborto no es un dogma, no es infalible”, dice.

Ceramista y artesana, casada y madre de un hijo, Grandal, que estudió Graduado Social y más tarde Teología, es profundamente didáctica: “Además, defendemos la libertad de conciencia, un argumento de la tradición católica que apunta que la conciencia es el reducto más interno, donde está Dios. Por tanto, si una mujer, teniendo en cuenta esa libertad de conciencia, decide abortar ¿quién es nadie para juzgarla? Católica o no, debe ser libre para decidir. Nadie puede violar esa conciencia. Yo no creo en un dios juzgador, sino en un dios misericordioso, amoroso, que comprende la situación de cada mujer. Ni siquiera Jesús culpabilizó ni juzgó a las mujeres”, zanja.


Los Austrias café Madrid
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—Pero la jerarquía católica ha dicho varias veces que el aborto es un asesinato…

—Un feto no es una persona. ¿Por qué consideran eso un asesinato y no se preocupan del cuidado del ecosistema que hace que fetos y personas mueran. Si tanto defienden la vida, ¿por qué no salen a la calle cuando una mujer es víctima de violencia de género? Nosotras sí somos provida. Ellos son movimientos antiderechos.

Grandal, que defiende la laicidad del Estado como la fórmula para garantizar la libertad y los derechos de las mujeres, está preocupada por el “retroceso” que supondrá la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno. Una nueva norma que se prevé más restrictiva que la actual y con la que, si se cumplen los anuncios, las mujeres tendrán que justificar su elección. “Estarán violando las conciencias de las mujeres, su decisión. No se puede tolerar que las mujeres seamos tuteladas. Es trasladarnos al medievo”, dice. “Pero esto es signo de que el patriarcado está herido, y ante eso lo que hace es atacar de nuevo. Estamos respirando de nuevo el Nacionalcatolicismo”, abunda.


"Jesús trató a las mujeres como iguales. Las dignificó"

Se sirve un poco más de leche en el té y recuerda que en su época de estudiante de Teología iba mucho a la cafetería que ha escogido para desayunar con sus con sus compañeros de clase. “Nos sentábamos con un café a pasar la tarde. A cuestionar y a cuestionarnos”, dice. Habla con cariño de aquellos años. Explica que proviene de una familia profundamente católica y que terminó estudiando Teología tras pasar por los Kikos, desengañarse y abandonar el movimiento. “Salí de ahí escandalizada, pensando que si Dios era eso lo dejaba por completo. Pero estudiando, aprendiendo de mis profesores, de los compañeros, me encontré con el Dios en el que yo creía; el Dios de la vida que se manifiesta en los más pobres”, dice.

A pesar de los vientos de cambio que parecen soplar desde el Vaticano, es cauta con la llegada del papa Francisco. “Ha entrado muy bien, pero hay que ver si lleva a la práctica lo que dice. Está siendo evangélico, porque evangélico quiere decir buena noticia, liberación y no tortura. Los dos anteriores [Juan Pablo II y Benedicto XVI] eran lo contrario, eran directamente antievangélicos. No me importa decirlo, si algo tenemos las católicas es plena libertad de palabra”, señala fijando la vista.

No le satisface, sin embargo, que el Papa que habla de pobreza, que pregunta a sus fieles, que cree que no se debe juzgar a los gais no se plantee abrir la puerta al sacerdocio femenino: “Eso es negar la igualdad y nosotras queremos una Iglesia igualitaria. No una en la que la mujer conserve el rol que se le ha dado durante años: limpiar, servir y cuidar. Francisco debería pedir perdón a todas las mujeres. Apartadas, invisibilizadas durante siglos”.

26 de diciembre de 2013

Las femen se desnudan en Madrid contra la nueva ley del aborto



Con la frase “Aborto libre” las mujeres expresaron su posición frente al tema.

Activistas de la organización feminista Femen con los pechos desnudos protestaron este lunes ante una iglesia en Madrid contra la aprobación el viernes pasado por el gobierno español de una reforma restrictiva de la ley del aborto.
Un miembro de Femen se arrodilló en el suelo y desnudó sus pechos, donde había escrito el lema "La Navidad se cancela" y "Aborto libre".

Junto a ella, otras dos activistas echaron un líquido rojo en el suelo a la puerta de la céntrica iglesia de San Manuel y San Benito, poco después de que los feligreses abandonaran el templo al término de la misa de la mañana.

Una de las manifestantes, que sólo quiso dar su nombre, Carmen, criticó la reforma restrictiva del aborto que presentó el viernes el gobierno conservador español. "Estamos retrocediendo a la dictadura", se quejó.

El ejecutivo español presentó el viernes una reforma de la ley del aborto de 2010, la cual había liberalizado la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas.

El anteproyecto de ley aprobado el viernes en consejo de ministro suprime esta libertad y reduce la posibilidad de abortar sólo a casos de peligro para la salud física o psíquica de la madre y de violación.

La reforma iniciará ahora su camino hacia el parlamento, donde es muy probable que sea aprobada dada la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular.

Femen se desnudan contra la nueva ley del aborto



Protestan ante una iglesia en Madrid contra la aprobación por el gobierno español de una reforma restrictiva de la ley del aborto
MADRID, ESPAÑA (23/DIC/2013).- Activistas de la organización feminista Femen con los pechos desnudos protestaron este lunes ante una iglesia en Madrid contra la aprobación el viernes pasado por el gobierno español de una reforma restrictiva de la ley del aborto.

Una miembro de Femen se arrodilló en el suelo y desnudó sus pechos, donde había escrito el lema "La Navidad se cancela" y "Aborto libre".

Junto a ella, otras dos activistas echaron un líquido rojo en el suelo a la puerta de la céntrica iglesia de San Manuel y San Benito, poco después de que los feligreses abandonaran el templo al término de la misa de la mañana.

Una de las manifestantes, que sólo quiso dar su nombre, Carmen, criticó la reforma restrictiva del aborto que presentó el viernes el gobierno conservador español.

"Estamos retrocediendo a la dictadura", se quejó.

El ejecutivo español presentó el viernes una reforma de la ley del aborto de 2010, la cual había liberalizado la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas.

El anteproyecto de ley aprobado el viernes en consejo de ministro suprime esta libertad y reduce la posibilidad de abortar sólo a casos de peligro para la salud física o psíquica de la madre y de violación.

La reforma iniciará ahora su camino hacia el parlamento, donde es muy probable que sea aprobada dada la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular.

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Activistas de la organización feminista Femen con los pechos desnudos protestaron este lunes ante una iglesia en Madrid contra la aprobación el viernes pasado por el gobierno español de una reforma restrictiva de la ley del aborto.

Una miembro de Femen se arrodilló en el suelo y desnudó sus pechos, donde había escrito el lema "La Navidad se cancela" y "Aborto libre".

Junto a ella, otras dos activistas echaron un líquido rojo en el suelo a la puerta de la céntrica iglesia de San Manuel y San Benito, poco después de que los feligreses abandonaran el templo al término de la misa de la mañana.

Una de las manifestantes, que sólo quiso dar su nombre, Carmen, criticó la reforma restrictiva del aborto que presentó el viernes el gobierno conservador español.

"Estamos retrocediendo a la dictadura", se quejó.

El ejecutivo español presentó el viernes una reforma de la ley del aborto de 2010, la cual había liberalizado la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas.

El anteproyecto de ley aprobado el viernes en consejo de ministro suprime esta libertad y reduce la posibilidad de abortar sólo a casos de peligro para la salud física o psíquica de la madre y de violación.

La reforma iniciará ahora su camino hacia el parlamento, donde es muy probable que sea aprobada dada la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular.



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Femen interrumpe una misa en una iglesia alemana en protesta contra la ley del aborto


La activista recibió una bofetada de un sacerdote
Una activista de la organización Femen ha interrumpido la misa de Navidad de una iglesia en Colonia, Alemania. La mujer a pecho descubierto saltó hasta el altar mostrando un mensaje escrito en su torso: "'I am God' (Soy dios). La activista que recibió una bofetada mientras la arrastraban fuera del templo protestaba contra la política del Vaticano en relación con el aborto, según informó Femen España desde su cuenta en Twitter.


Si los curas (hombres) se creen con autoridad para meterse en la vida y cuerpo de las mujeres, tendrán que soportar que las mujeres se levanten contra ellos, aunque sólo nos podamos meter en sus iglesias. Qué pena que no exista el infierno para verme allí con unos cuántos que se creen santos...

21 de diciembre de 2013

La Ley del aborto coloca a España a la cola de Europa



En Malta, prohibido y penado por ley; en el Vaticano, prohibido sin excepción; en Holanda, aborto dentro de las 24 primeras semanas de gestación. Estos tres países son el norte y el sur de la legislación sobre el aborto en el continente europeo, en el que las leyes de plazos siguen triunfando por encima de la de supuestos.

El más restrictivo, Malta, donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y puede suponer de 18 meses a 3 años de cárcel, y Holanda, con la legislación más abierta representan la cara y cruz de una ley que no deja indiferente a nadie en el mundo. ¿Y España dónde queda entonces ahora?

Con el el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada presentado este viernes en el Consejo de Ministros, España se sitúa muy cerca de Malta o Finlandia, donde o bien la práctica del aborto está prohibida, o bien sólo está permitida para salvar la vida de la madre.

La nueva ley introduce importantes cambios respecto a los derechos del concebido, restricción del aborto eugenésico y en menores de edad y el fin de reproches penales a la mujer.

El anteproyecto de ley recupera la primera normativa sobre el aborto, aprobada por el PSOE en 1985, aunque es más restrictiva respecto a las malformaciones, que suponen 3.400 abortos al año. Permite el aborto sólo en dos supuestos: en casos de violación en un plazo de 12 semanas o cuando exista riesgo para la salud física o psíquica para la mujer hasta la semana 22 de gestación.

La mayoría de los países europeos se decanta, como hasta el momento ha tenido España, por un sistema de plazos, que legisla la última semana en la que se permite abortar. Sólo unos pocos países prefieren un sistema de supuestos, entre ellos, Finlandia, con seis supuestos, y donde se exige además la autorización de dos médicos, o la mayoría de los países latinoamericanos y musulmanes de Asia.

La normativa vigente en estos momentos en España es un sistema de plazos con aborto libre en las primeras 14 semanas, que ahora con la nueva ley pasa a ser un sistema de supuestos desvinculándose de la mayoría de los países europeos.

Esta situación legal es bastante similar, por ejemplo, a la de países como Portugal o Grecia (con aborto libre hasta las 10 y 12 semanas respectivamente, pero con plazos más amplios de hasta 24 semanas en algunos casos).

Con la ley de Gallardón el aborto por voluntad propia (14 semanas) desaparece y ya sólo será legal en dos supuestos: si la mujer ha sido violada y lo ha denunciado y si hay grave peligro para su vida o su salud física o psíquica.

El aborto es ahora mismo ilegal en Malta, Andorra y El Vaticano. Está permitido hasta las 10 semanas de gestación en Portugal. Durante los primeros 90 días en Italia. En las primeras 12 semanas, en la mayoría de los países (Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Eslovaquia, Grecia...). Hasta la semana 14, en Rumania. Y como los más permisivos, Suecia que permite abortar hasta las 18 semanas y Holanda hasta la 24.

En Polonia, por ejemplo, no existen plazos legales para llevar a cabo la intervención, salvo en el supuesto de enfermedad del feto (anterior a las doce semanas). No obstante, los supuestos contemplados son menos y van desde el incesto hasta la violación.

El Gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva de la democracia (A todo se le llama democracia)


El Gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva de la democracia

El Gobierno aprueba un retroceso de 30 años
La Amujer podrá alegar daño psíquico, pero acreditarlo será más duro
El supuesto de anomalía fetal se suprime

Especial: todo sobre la ley del aborto
El PSOE apela a las diputadas del PP y pedirá voto secreto en la ley del aborto
Gallardón consuma la vuelta atrás
Decálogo de la nueva ley del aborto
In English: Government approves most restrictive abortion laws since return of democracy


El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto más restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos —con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.

La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden; Gallardón aseguró que se ha hecho para proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos”, pero “siempre en interés de la mujer” y respetando asimismo sus derechos. Según el ministro, la ley vigente, aprobada por el PSOE en 2010, vulnera el “equilibrio” en la protección de los derechos del feto y de la mujer que impuso el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, porque “desprotege” al nasciturus en las primeras 14 semanas de embarazo (en ese plazo se puede abortar sin alegar motivo). La Ley de 2010 está recurrida por el PP ante el Constitucional, pero este aún no ha dictaminado; Gallardón dijo que el Gobierno no necesita esperar a conocer esa sentencia porque está convencido de que esa ley es inconstitucional.


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El PSOE calificó la futura norma de “vergüenza” y auguró que producirá muertes por abortos realizados en la clandestinidad. Otros grupos de oposición, como IU, UPyD, ERC y PNV se manifestaron también frontalmente en contra. La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) —a las que el anteproyecto de ley resta funciones y cuyos servicios prohíbe publicitar— afirmó en un comunicado que la ley hará “prácticamente imposible” abortar en España. En el año 2011, último con datos oficiales, se produjeron 118.359 abortos; el 90%, antes de la semana 14 de embarazo.

El anteproyecto debe ser sometido ahora a diversos informes y después al debate parlamentario, por lo que no entrará en vigor hasta dentro de aproximadamente un año.

» La malformación fetal no será motivo de aborto. El anteproyecto de ley señala que el aborto es un delito salvo en dos supuestos: que el embarazo sea fruto de una violación (alegable en las primeras 12 semanas) y que genere un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” (alegable en las primeras 22 semanas). Desaparece, por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante tres décadas. Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que este sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar.

Gallardón, que anunció la supresión de ese supuesto hace año y medio, fue modulando su propuesta en los meses siguientes —ante la enorme polémica generada— y, el pasado mayo, en el Senado, hizo una distinción: entre las malformaciones fetales muy graves —“que naturalmente la legislación contemplará como ha contemplado siempre”, dijo— y las “discapacidades” del feto, que quedarían fuera de la ley para no “discriminar” a los discapacitados. Finalmente ha renunciado a esa distinción: todas las malformaciones y enfermedades quedan fuera de los supuestos legales de aborto. “No hay embriones de primera y de segunda, como no hay personas de primera y de segunda”, argumentó.


La autorización la firmarán dos médicos ajenos a la clínica que haga el aborto

» El “coladero” del daño psicológico, pero con más obstáculos. Que la malformación fetal desaparezca como supuesto no quiere decir que ninguna mujer embarazada de un feto con problemas de salud (del grado que sean) vaya a poder abortar: podrá hacerlo, si demuestra que eso supone un “grave peligro” para su salud psíquica, porque será eso lo que tendrá que alegar. El Gobierno recupera el supuesto de daño psicológico para la embarazada de la ley de 1985, al que se acogía entonces la inmensa mayoría de las mujeres y que el PP y las asociaciones antiabortistas tachaban de “coladero”. Lo recupera pero con un procedimiento más exigente, más complicado y más largo.

» Un informe de dos médicos y ajenos a la clínica. El “grave peligro” para la salud psíquica de la mujer —supuesto al que se acogerán previsiblemente quienes quieran abortar por malformación fetal o por otros motivos— tendrá que quedar acreditado en un informe firmado por dos médicos (ahora es solo uno). Esos dos profesionales no podrán ser los mismos que vayan a practicar el aborto —igual que sucede con la ley actual— pero tampoco podrán, y esta es la novedad, trabajar en el mismo centro en el que se practique el aborto. En la actualidad, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo se produce en clínicas privadas, y son médicos de esas mismas clínicas los que elaboran los dictámenes médicos cuando son necesarios. También se hacía así con la ley de 1985. Ahora el PP rompe ese vínculo, para garantizar la “imparcialidad” de los informes médicos.

La mujer podrá elegir qué dos médicos —de la sanidad pública o de otra clínica privada diferente a la que vaya a practicar el aborto— firman su dictamen. Si la embarazada alega que el peligro para su salud psíquica es producto de que el feto padece una anomalía incompatible con la vida, tendrá que haber dos informes: uno de un especialista que acredite que la anomalía existe y otro del psicólogo o psiquiatra que dictamine si eso le genera a la mujer un daño psíquico. A partir de la semana 22, el daño psíquico ya solo puede alegarse si es por anomalías del feto incompatibles con la vida (ahora es igual).

Además, los médicos que firmen el informe en cualquier supuesto de riesgo para la salud psíquica tendrán que establecer que el conflicto entre la protección del feto y la de la mujer no puede resolverse, “desde el ámbito médico, de ninguna otra forma”. Y solo se entenderá que hay daño psíquico cuando, según su criterio, el embarazo produzca un “menoscabo importante” y “con permanencia en el tiempo” para la mujer. El Ministerio de Justicia afirma que así es como el Tribunal Constitucional describió en 1985 el riesgo para la salud psíquica.


La embarazada podrá decidir qué facultativos realizan el informe

» Información a la embarazada: verbal y con siete días de reflexión.En la actualidad, la mujer que decide abortar recibe de los médicos un sobre con información sobre alternativas, ayudas a la maternidad y riesgos de la intervención, y tiene que reflexionar sobre ello durante tres días antes de abortar. Ese plazo se amplía ahora a siete días, y la información —que no incluirá fotos de ecografías, según confirmó Gallardón— tendrá que darse en persona por parte de los trabajadores de los servicios sociales públicos. Fuentes de Justicia sostienen que no hay riesgo de que eso genere retrasos en todo el procedimiento y acabe aumentando los casos de abortos tardíos. “Se potenciarán los servicios sociales para que eso no suceda”, confían.

» Las menores, con permiso paterno. Las chicas de 16 y 17 años volverán a requerir el permiso de sus padres para abortar (como sucedía antes de 2010). En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá —en 15 días— a quién da la razón, si a la joven o a sus padres; en principio, primará la opinión de la embarazada.

» Derecho a la objeción de conciencia generalizado. Todos los profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea necesario para realizar un aborto —desde el administrativo al celador o al que dispone los instrumentos en el quirófano— podrán acogerse a la objeción de conciencia. Con la ley actual solo pueden hacerlo los médicos que practican el aborto.

»Un delito sin castigo para la mujer. Los abortos realizados fuera de los supuestos legales serán delito, pero solo habrá castigo para el médico (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora). La mujer no tendrá reproche penal. Gallardón se felicitó de esa novedad y lo justificó en que la mujer es una “víctima” del aborto, un argumento que algunas asociaciones de mujeres tacharon de “paternalista”.

Dictador




El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de la nueva ley del aborto, que dejará de ser un derecho de la mujer. Desaparecerá la posibilidad de abortar libremente en las 14 primeras semanas y la interrupción voluntaria del embarazo se limitará a dos supuestos: violación y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada.

El Partido Popular derogará así la ley de 2010 que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y volverá a una ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985 -la primera de la democracia- al eliminar el supuesto de malformación del feto. Solo se podrá abortar si hay una "anomalía incompatible con la vida" y esta causa un daño psíquico a la mujer.

Estas son las principales claves de la ley del aborto del PP, según el anteproyecto de la ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada:
¿Cuándo se podrá abortar?

Cuando se apruebe la nueva ley solo se podrá abortar en las 12 primeras semanas de gestación en caso de violación y dentro de las 22 primeras en caso de que exista grave peligro para la vida o la salud de la mujer "cuando el embarazo produzca un menoscabo importante a su salud, con permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia médica en ese momento".

En el primer caso será necesario tener una denuncia previa de la agresión sexual. En el segundo, será necesario un informe de dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genere el grave peligro para la embarazada. No podrán trabajar en la clínica que lleve a cabo el aborto.
¿Qué permite la ley aún vigente?

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, actualmente en vigor hasta que el Parlamento apruebe la impulsada por el Gobierno del PP, permite el aborto libre en las 14 primeras semanas.

En caso de "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto" se puede abortar hasta la semana 22 de gestación.

El riesgo para la mujer lo tiene que acreditar un médico especialista distinto al que practique o dirija el aborto. Las anomalías del feto las tienen que certificar dos médicos que tampoco vayan a intervenir en la interrupción.

La ley de 2010 permite además interrumpir el embarazo sin límite de tiempo si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida" que consten en un dictamen emitido por un especialista o "cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".
¿Eliminará el PP el supuesto de la malformación?

Sí. El anteproyecto de ley del Gobierno regresa a una ley de supuestos como la de 1985 pero la endurece al eliminar las malformaciones del feto. La primera ley de la democracia contemplaba la posibilidad de abortar dentro de las 22 primeras semanas en caso de "graves taras físicas o psíquicas".

Con la futura ley solo se podrá interrumpir el embarazo dentro de las 22 primeras semanas en caso de que el "grave peligro para la salud psíquica de la mujer tenga su origen en la existencia en el feto de alguna anomalía incompatible con la vida".

En este caso, serán necesarios dos informes: uno de un médico especialista que acredite el daño psicológico en la embarazada y otro sobre la anomalía del feto.
¿Se podrá abortar más allá de la semana 22?

Según el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, el aborto no será delito aunque se superen las 22 semanas de embarazo cuando exista riesgo vital para la mujer que no se pueda evitar o exista una "anomalía incompatible con la vida del feto" que no se haya podido detectar antes.

Si la salud de la madre corre peligro pero no hay riesgo de muerte, se hará un parto inducido para intentar que el feto pueda sobrevivir.
¿Necesitarán las menores consentimiento de sus padres?

La ley del aborto de 2010 establece que la decisión de abortar es de la mujer a partir de los 16 años. Las menores de 16 y 17 años solo están obligadas a informar a sus padres o tutores, pero el consentimiento es suyo. Incluso pueden no informar a los padres si dicha situación puede provocar "un conflicto grave" o peligro de malos tratos.

El anteproyecto aprobado por el Gobierno del PP establece que las mujeres de entre 16 y 18 años, no emancipadas, necesitarán el "asentimiento", es decir, la aprobación de los titulares de la patria potestad o tutor aunque el consentimiento siga siendo de ellas.

En caso de conflicto entre la embarazada y sus padres, el juez considerará válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez.

En el caso de las menores de 16 "además de la manifestación de su voluntad se precisará el consentimiento expreso de los padres o de su tutor". En caso de conflicto el juez dará valor al criterio de los padres o tutores siempre que atienda al interés de la embarazada, informa Efe.
¿Estará penado el aborto?

Solo para los profesionales sanitarios que lo practiquen fuera de los supuestos contemplados por la ley. Las penas serán de uno a tres años de cárcel y de uno a seis años de inhabilitación.

Las mismas penas incluye el anteproyecto para el que induzca a una mujer a abortar o a consentir que otra persona se lo cause.

La futura ley no contempla ninguna pena ni multa para la mujer que aborte aunque lo haga fuera de los supuestos. La ley de 1985 fijaba penas de prisión. Aunque la de 2010 las eliminó, mantuvo multas de seis a 24 meses para las mujeres.
¿Podrán objetar los profesionales?

Sí. Los profesionales que quieran ser objetores tendrán que informar por escrito al director del centro en la primera semana en la que empiecen a trabajar en él.
¿Qué información se dará a las embarazadas?

La ley de 2010 permite el aborto libre en las primeras 14 semanas siempre que se haya informado a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que hayan transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información y la realización de la intervención.

La reforma del PP amplía ese plazo a al menos 7 días desde el asesoramiento asistencial e información clínica a la mujer. Se le tendrá que informar de que "la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido", se estudiarán las "circunstancias" por las que quiere abortar y se le informará de las "alternativas existentes".

Se le informará también de los riesgos que comporta un aborto y de los "aspectos médicos y psicosociales derivados del diagnóstico realizado sobre la salud de la mujer y del feto, en su caso, así como de las expectativas del desarrollo de la vida del niño".

La ley del aborto contemplará solo dos supuestos: riesgo para la salud de la mujer y violación


La ley del aborto contemplará solo dos supuestos: riesgo para la salud de la mujer y violación


Noticia

Leyes del aborto

Aborto en Europa

El peligro para su salud tiene que suponer un "menoscabo duradero"
Elimina el tercer supuesto de 1985 que permitía abortar si había malformación
Lo limita a "anomalías fetales incompatibles con la vida" si afecta a la madre
La mujer tendrá que demostrar entonces que la situación afecta a su salud
Un juez decidirá si hay conflicto entre los padres y las menores


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Un 44% de españoles acepta el aborto frente al 39% que se opone, según un estudio de BBVAANA MARTÍN PLAZA 20.12.2013

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes su anteproyecto de ley del aborto que limita los supuestos en los que se podrá abortar a dos: violación en las 12 primeras semanas y riesgo para la salud física y psíquica de la madre dentro de las 22.

La nueva normativa eliminará así el aborto libre en las 14 primeras semanas que contempla la ley del aborto de 2010, actualmente en vigor, y alejará a España del resto de Europa, donde la mayoría de los países tienen leyes de plazos.

Con la aprobación del anteproyecto de Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, el Gobierno endurece el aborto en España con una norma más restrictiva que la ley de 1985 al eliminar las malformaciones del feto como supuesto y exigir un informe de dos médicos distintos (en vez de uno) para demostrar que el riesgo para la mujer supone un "menoscabo importante y duradero" para su salud.


Dos únicos supuestos: violación o grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer



El Gobierno del PP ha eliminado, además, el tercer supuesto de la ley del aborto de 1985 que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformaciones y solo permitirá el aborto en caso de que una "anomalía fetal incompatible con la vida" cause riesgo psicológico a la mujer.

Se entenderá que hay una "anomalía fetal incompatible con la vida" cuando hayariesgo de "muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la superviviencia pueda ser mayor".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que la reforma del aborto "cumple con un compromiso electoral" y recupera el "equilibrio" establecido por la doctrina del Tribunal Constitucional al "proteger la vida del concebido y no nacido como bien jurídico".

Gallardón ha subrayado que en "el supuesto dramático del aborto la mujer nunca es culpable, siempre es víctima" y ha destacado que la nueva ley no contemplará ni penas de cárcel ni multas para las mujeres que interrumpan su gestación fuera de los supuestos.
Violación y riesgo para la salud de la madre

En caso de violación, la mujer podrá abortar dentro de las 12 primeras semanassiempre que exista una denuncia previa de la agresión sexual.

En el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica se podrá abortar hasta la semana 22 siempre que el daño esté acreditado por dos médicos especialistas en la patología que genere el riesgo para la vida o la salud de la mujer ajenos al centro donde se practique la interrupción. En caso de riesgo vital no serán necesarios los informes.

Gallardón ha subrayado que el "grave peligro" para la mujer tendrá que suponer "un menoscabo importante y duradero" en su salud que no se pueda solucionar "desde el punto de vista médico de ninguna otra forma" que no sea el aborto.
Riesgo psicológico si hay malformación

La nueva ley del aborto eliminará la posibilidad de abortar en caso de malformaciones si estas no provocan la muerte del bebé. Gallardón ha subrayado que ya no se podrá alegar la existencia de una discapacidad para interrumpir voluntariamente el embarazo aunque "esta circunstancia podrá ser tenida en cuenta si causa un grave daño físico o psicológico a la madre", según recoge la referencia del Consejo de Ministros.

La futura ley solo prevé que se pueda abortar si una "anomalía fetal incompatible con la vida" causa riesgo psicológico en la mujer. En ese caso, ha explicado el ministro, será necesario un informe sobre la salud de la madre y otro informe sobre el feto.


Solo se permitirá abortar por "anomalía fetal incompatible con la vida" cuando haya riesgo psicológico para la mujer



En el caso de este último, debe "quedar probada dicha anomalía conforme a lo establecido por la comisión de bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como aquella que aparezca relacionada con la muerte del feto en el periodo prenatal".
Parto inducido a partir de la semana 22 de gestación

Más allá de la semana 22 solo se podrá abortar cuando haya riesgo vital para la madre o cuando exista riesgo psicológico por una anomalía fetal incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes.

En el resto de casos, cuando exista riesgo para la salud de la madre se practicará unparto inducido a partir de la semana 22, ya que se entiende que a partir de esta fecha el feto puede ser viable.

La ley de 1985 establecía tres supuestos para poder abortar: en cualquier momento si existe "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada"; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con "graves taras físicas o psíquicas".

La ley de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente en vigor hasta que el Parlamento no apruebe la nueva permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".
Un juez decidirá si hay conflicto con las menores

Uno de los aspectos más polémicos de la ley de 2010 es que permite a las menores de 16 y 17 años decidir sobre su aborto. No necesitan el consentimiento paterno. Solo están obligadas a informar a sus padres y solo si no hay riesgo de provocar "un conflicto grave" o peligro de maltrato o coacciones.

El anteproyecto de ley de Gallardón establece que todas las chicas de entre 16 y 18 años deben contar con el asentimiento de los padres o tutores. En caso de conflicto será el juez el que decida si el consentimiento de la menor es válido salvo que "constante su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés".

En el caso de las menores de 16 años será necesario el consentimiento de los padres y la manifestación de la voluntad de la menor, "para lo que se atenderá a su edad, madurez y circunstancias". En caso de desacuerdo, volverá a ser el juez el que decida.

La ley también regulará la objección de concienciade cualquier profesional sanitario. Tendrá que comunicar su posición por escrito al director del centro donde trabaje dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él.

Los últimos datos indican que en 2011 se registraron un total de 118.359 abortos, 12 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, según los datos recogidos por Efe.

20 de diciembre de 2013

Gallardón vuelve a la ley de los 80 y limita los supuestos despenalizados para abortar



El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, la esperada reforma de la ley del aborto que acaba con el sistema de plazos previsto en la norma de 2010 impulsada por Bibiana Aído. La nueva ley prevé que la interrupción del embarazo vuelva a estar destipificada pero solo en dos supuestos: cuando el embarazo suponga un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer y cuando este sea consecuencia de un delito contra la libertad o la seguridad de la mujer. En este caso, eso sí, el aborto podrá ser llevado a cabo si, de forma previa, se hubiera presentado una denuncia en las 12 primeras semanas de gestación.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido el encargado de presentar y defender el nuevo anteproyecto de ley que supone un giro más restrictivo incluso que la propia ley de 1985 pues establece condiciones mucho más severas para la práctica del aborto para impedir que determinados supuestos se conviertan en un coladero de casos. Así, según ha explicado Gallardón, el nuevo texto prevé que el aborto tendrá que ser autorizado en un informe acreditado por dos médicos diferentes, que tendrán que ser distintos al que, finalmente, realice la interrupción del embarazo, y que no podrán depender laboralmente del centro en el que se lleve a cabo el aborto. Gallardón ha explicado que el anteproyecto “simplifica” los supuestos despenalizados y “aporta seguridad” a los profesionales médicos que, hasta el último momento, se podrán acoger a la objeción de conciencia.

La discapacidad no es causa objetiva

En los casos en los que el feto presente una anomalía incompatible con la vida, ésta deberá ser acreditada, igualmente, por sendos informes médicos. Uno, sobre el posible riesgo físico o psíquico para la salud de la madre, y otro, sobre el propio feto. En este sentido, y tal y como había adelantado Gallardón, la discapacidad no será considerada una causa objetiva que justifique el aborto, aunque, si esta discapacidad, repercute en un posible daño psicológico para la madre que pueda ser acreditado por un facultativo, entonces sí se podrá llevar a cabo la interrupción del embarazo en los supuestos contemplados.

El Gobierno defiende como un avance “histórico” el que, por primera vez, esta norma no contemple ningún reproche penal para las mujeres que llevan a cabo una interrupción de su embarazo, tal y como sí se preveía en la legislación de 1985 y de 2010. “En el supuesto dramático del aborto, la mujer nunca es culpable, siempre es víctima”, ha explicado Gallardón.

Otra importante novedad de la reforma es el hecho de que anule la posibilidad de que las menores puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. Los titulares de la patria potestad de la menor deberán participar en el consentimiento informado. Este proceso previo de información a la mujer será también más extenso “y no meramente un trámite”. Gallardón ha explicado que se ofrecerá información sobre las alternativas existentes al aborto, así como sobre posibles ayudas e información clínica sobre los riesgos para la salud que una práctica así conllevan. El plazo de reflexión entre dicha información y la práctica del aborto se amplía, por otro lado, de tres días a una semana.

Gallardón ha defendido que su contrarreforma va en la línea de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha expresado hasta en tres ocasiones y establece un equilibrio entre dos “valores jurídicos” que merecen protección por parte del Estado como es el derecho a la vida del nasciturus y el de la madre. Por eso, ha justificado la suspensión del sistema de plazos que “ignoraba” por completo los derechos del no nacido durante las primeras 14 semanas de gestación. “Cuando se produce un conflicto entre ambos, el legislador debe resolverlo, no que lo que no dice el Tribunal Constitucional es que haya que olvidarse de uno de esos bienes jurídicos”.

“Ninguna divergencia” en el Gobierno

“La ley es una apuesta clara y decisiva por la protección de los más vulnerables y más débiles”, ha concluido Gallardón. Por eso, ha explicado que el nuevo texto prohibirá la publicidad sobre centros donde se practique la interrupción del embarazo porque el aborto “no debe ser contemplado como primera opción y no es un objeto de consumo”.

La reforma regula, por último, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Estos lo indicarán en su expediente personal, pero hasta el último momento podrán abstenerse y alegar la objeción de conciencia.

Gallardón ha querido dejar claro también que en el seno del Gobierno no habido “ninguna divergencia” con el anteproyecto que hoy se ha presentado en público y ha recordado también que se comprometido a presentar esta reforma en la primera mitad de la legislatura, plazo que vence la semana que viene.




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