El fabuloso caso de la abogada Laura Vinuesa
Un ama de casa de Figueres se licencia en Derecho con más de 50 años para poder demandar a la Generalitat
Cuando en 1991 la Generalitat confirmó a los vecinos que iba a desdoblar la C-260 a su paso por Vilatenim, en Figueres (Alt Empordà), a la familia de Laura Vinuesa se le cayó el mundo encima. La noticia significaba que les iban a expropiar la casa que habían comprado en 1979. Una vivienda antigua, de gruesos muros, que ofrece todo lo que una gran familia puede necesitar: dos plantas, cinco habitaciones, garaje, terraza y jardín, todo ello en una parcela de unos 400 metros cuadrados que es edificable. «Nos enseñaron unos planos y nos dijeron que las obras empezarían de forma inminente. Hacía poco que había sufrido un accidente de coche, tenía cuatro hijos pequeños y poco después, debido a la angustia de esta situación, mi marido se puso enfermo. Fue aquí cuando empecé mi lucha en solitario contra la Administración», recuerda Laura, que hoy tiene 58 años de edad.
Un ama de casa de Figueres se licencia en Derecho con más de 50 años para poder demandar a la Generalitat. JOAN CASTRO / ICONNA
Información publicada en lapágina 36 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 16 de mayo de 2013VER ARCHIVO (.PDF)
Dos años más tarde se presentó a exposición pública el estudio informativo y de impacto ambiental del desdoblamiento de esa carretera, que une Figueres y Roses. Como no tenía dinero para contratar a un abogado, Laura consultó unos cuantos libros y ella misma redactó las alegaciones al proyecto. El marido perdió el trabajo como conductor a causa de su dolencia y sus hijos pequeños tuvieron que soportar en el colegio los comentarios de sus compañeros, que les decían que se iban a quedar sin casa. La noticia de las expropiaciones se había extendido y en Figueres lo sabía todo el mundo.
CARTA A FERRUSOLA / En los años siguientes, Laura movió cielo y tierra para evitar el desastre. Pidió entrevistas y escribió cartas a altos cargos de la Generalitat e incluso se dirigió a Marta Ferrusola, la esposa del entonces 'president', Jordi Pujol, para intentar acelerar el proceso de expropiación con el fin de buscarse otro sitio en el que vivir. Pujol le contestó en diciembre de 1994, pero fue para decirle que su petición no era «viable». Laura recuerda cómo se les había instalado «el miedo en el cuerpo». No sabían qué hacer y tampoco podían vender la casa porque todo el mundo sabía que estaba afectada. Posteriormente, con la llegada del socialista Joan Armangué a la alcaldía, se abrió la vana esperanza de que hubiera una modificación, ya que el edil batalló durante unos años para que se construyera una variante que no afectara a Vilatenim.
«Llegó un momento en el que mi capacidad no daba para más. Había visitado y escrito a todo el mundo y todos me decían que intentara vender la casa, pero nadie me hacía un certificado confirmando que no estaba afectada», recuerda. Volvió a consultar con un abogado y este le dijo que desistiera de enfrentarse a la Administración, porque nunca ganaría «a un gigante». Ese día del año 2000, Laura regresó a su casa hundida y se hartó de llorar porque se veía «en un callejón sin salida».
CON LA AYUDA DE UNA HIJA / Pero esta mujer no se rinde fácilmente. Se secó las lágrimas y decidió que si no podía pagar a un abogado, estudiaría Derecho para demandar a la Generalitat «por todos los años de impotencia». A los 45 años, y con los libros de texto de su hija Eva, que había acabado el bachillerato, empezó a preparar los exámenes de acceso a la universidad para mayores de 25 años. «Me habilité un pequeño despacho en casa porque decidí que lucharía contra la Administración igual que ellos habían hecho conmigo: sentada detrás de la mesa de un despacho. Me dedique a estudiar y cuando no entendía alguna cosa se la preguntaba a mi hija. Lo peor de todo fueron las matemáticas», comenta.
El día que fue a examinarse temblaba como un flan, pero aprobó con una nota discreta y se matriculó en la facultad de Derecho con ayuda de una beca por familia numerosa. El primer año de carrera fue «muy duro». Se levantaba a las cinco de la mañana, arreglaba la planta baja de la casa, preparaba el desayuno y la comida de sus cuatro hijos, y se iba a la facutad. Regresaba pasadas las tres de la tarde, arreglaba la planta de arriba de la casa, ponía a punto la ropa y la colada, preparaba la cena, y cuando acababa se ponía a estudiar.
Pero ese enorme esfuerzo no fue lo peor. «Era la única persona mayor que estudiaba por la mañana con toda una clase llena de adolescentes que se cachondeaban bastante de mí. Iba perdida porque no estaba acostumbrada a tomar apuntes y presentaba los trabajos escritos a mano porque no tenía ordenador, lo que provocó que algunos profesores no los puntuaran», rememora. En los exámenes de junio suspendió todas las asignaturas menos una. Cualquier otro habría abandonado pero, una vez más, Laura volvió a ponerse en pie. Se pasó todo el verano estudiando y aprobó todo el curso en septiembre.
Cuando sus jóvenes compañeros de clase la vieron entrar en el aula de segundo al inicio del siguiente curso, se quedaron pasmados. La 'pureta' de la que se choteaban les había dado una gran lección de coraje. «Me gané su respeto, y a partir de entonces se portaron muy bien conmigo y me ayudaron en todo lo que pudieron», comenta con orgullo y sin ápice de rencor. Laura siguió con su rutina maratoniana de ama de casa universitaria y fue superando todos los cursos (con becas) hasta conseguir el título en el 2008. Tras realizar un año de práctica jurídica en el Colegio de Abogados de Girona, obtuvo un certificado de aptitud para ejercer la abogacía. Se acercaba a los 55 años y centró todos los conocimientos adquiridos en su propio caso.
RECLAMACIÓN / En junio del 2011 presentó un escrito ante la Conselleria de Territori i Sostenibilitat con una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, en la que solicitaba una indemnización por no haber podido disponer de su casa durante 20 años debido a que estaba afectada «de facto» por el inminente proyecto del desdoblamiento de una carretera que todavía no se ha llevado a cabo y que, con la crisis actual, aún va para largo. También reclamó por las enfermedades y secuelas que esa angustia les había causado a ella y a su marido.
Como el departamento de Territori i Sostenibilitat no le contestó en los seis meses preceptivos (lo hizo dos años después desestimando la reclamación), el pasado mes de junio Vinuesa presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por los mismos motivos. Dentro de un mes, cuando presente sus conclusiones, el caso quedará visto para sentencia. Si no gana, no lo duden, la abogada Vinuesa acudirá al Supremo, al Constitucional o al Tribunal Europeo si hace falta.
«No sé si la demanda saldrá adelante o no, pero lo que tengo muy claro es que la maquinaria de la Administración solo se dedica a machacar a los ciudadanos en lugar de administrarlos», concluye.
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