Excluidos de la ayuda por hijo los que no lleven 5 años en Catalunya

«Son ayudas de Catalunya y para gente de Catalunya», afirma el ‘conseller’ Cleries

La medida deja fuera de la prestación a inmigrantes con los papeles en regla

El Govern no solo limitará las ayudas por hijo a cargo a las familias con bajo nivel de renta o situaciones de vulnerabilidad. Previamente, será necesario acreditar haber residido de forma legal en Catalunya durante cinco años. De ellos, los dos últimos de forma ininterrupida antes de la solicitud de la prestación. Una ayuda que asciende a 638 euros anuales durante los tres primeros años del niño y que pasará a cobrarse en cinco años.

 El anuncio lo hizo ayer el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, al confirmar el principal recorte que sufre su departamento en los presupuestos del Govern: las políticas de ayuda a la familia, que dejan de ser universales. La inversión pasa de 213 a 54 millones de euros. Cleries explicó que la decisión de reclamar como requisito los cinco años de residencia en Cataluña obedece a la voluntad de evitar «fraudes» como los detectados «en otras prestaciones» y que consistirían en este caso, según el conseller , en «que la gente venga para cobrar [la ayuda] y regrese» a su lugar de procedencia. «Son ayudas de Catalunya y para gente de Catalunya», subrayó.
 El criterio de los cinco años de residencia legal en Catalunya no es nuevo, y se ha aplicado ya a ayudas para la vivienda, por ejemplo. Sin embargo, cuando el Gobierno implantó el llamado cheque bebé no fue tan restrictivo: solo reclamaba dos años de residencia legal a la madre para tener derecho a los 2.500 euros anuales.
CRÍTICAS DE EXPERTOS Y AFECTADOS / Los expertos y colectivos vinculados a la inmigración coincidieron en calificar de discriminatorio el filtro de los cinco años de residencia legal. «¿Cómo es posible negar la ayuda a quien, por ejemplo, lleva 10 años aquí, y se ha regularizado hace tres o cuatro años, y está cotizando a la Seguridad Social?», se pregunta el abogado especializado en extranjería Borja Masramón. «Es una doble discriminación», opina Ghassan Saliba, responsable de inmigración de CCOO, quien además cree que la medida está influida «por el ascenso del PP y de la extrema derecha» en las últimas elecciones municipales y «el discurso de ‘primero, los de aquí’».
 Javier Bonomi, presidente de la federación de entidades latinoamericanas Fedelatina, llama a la reflexión respecto a que «un niño nacido aquí será el futuro de Catalunya y si nace en un contexto de marginalidad hay que tenderle una mano». «Una chica latinoamericana reagrupada a los 16 años y que se queda embarazada a los 20, ¿por qué no ha de tener derecho a la ayuda?», añade.
 Respecto al argumento del Govern de que la medida evitará la picaresca, Fátima Ahmed, una de las responsables de la entidad de apoyo a la inmigración Ibn Batuta, replica que «se está convirtiendo en chivo expiatorio a todo un colectivo. Si hay un recorte, debería afectar a la ciudadanía en general». Y afirma: «A la entidad no vienen mujeres embarazadas preguntando cómo cobrar esta ayuda, sino mujeres con hijos de 6, 8 o 10 años pidiendo auxilio porque van a ser desahuciadas».
 Una vez superada la criba de la residencia legal, la ayuda se concederá a quienes no superen una renta personal anual de unos 8.000 euros.

FILTRO TAMBIEN EN LA VIVIENDA

La decisión del Govern de limitar las ayudas a los extranjeros con 5 años de residencia no se limita al ámbito de las prestaciones económicas por hijo a cargo. Una reciente orden de la Conselleria de Benestar Social, publicada en el boletín oficial de la Generalitat del pasado martes, indica que las personas con enfermedad mental que quieran acceder a servicios de ayuda a la vivienda deben haber residido 5 años en un municipio de Cataluña, «dos de los cuales inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud».

Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

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