28 de diciembre de 2012

Empleo confirma que el traslado de los puentes se empezará a aplicar en 2014


El calendario laboral de 2013 fija ocho fiestas nacionales
El director general de Empleo, Xavier Thibault, prevé cerrar antes de final de año las negociaciones con la Conferencia Episcopal y las CC AA para trasladar a los lunes tres festivos nacionales, lo que comenzará a aplicarse en 2014.

Agencias - Madrid - 03/11/2012 - 14:12


El director general de Empleo, Xavier Thibault, prevé cerrar antes de final de año las negociaciones con la Conferencia Episcopal y las Comunidades Autónomas para trasladar a los lunes tres festivos nacionales, lo que comenzará a aplicarse en 2014.

En declaraciones a Efe, Thibault explicó hoy que el traslado de las tres festividades (el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen; el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución) exige el "mayor consenso posible" con los afectados, por lo que el Ministerio de Trabajo se ha sentado a negociar con la Iglesia y las CCAA.

No obstante, el objetivo es llegar a un acuerdo antes de final de año para acometer después las modificaciones legislativas requeridas, que suponen introducir cambios en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 2001/1983 sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.

Según Thibault, el próximo año no tiene un calendario de festivos "con gran repercusión", dado que sólo el 15 de agosto hubiera sido susceptible de ser trasladado si se hubieran cerrado las negociaciones y las modificaciones legales.

Por ello, el Ministerio de Trabajo señala que los efectos del acuerdo se aplicarán en 2014 y ya ha publicado hoy el calendario laboral para 2013, que contiene ocho días festivos de carácter nacional, uno menos que este año.

De las festividades, la mitad caerán entre semana (el 1 de enero, el 1 de mayo, el 15 de agosto y el 25 de diciembre), mientras que el resto de los días tocará en viernes o incluso en sábado, como ocurrirá el 12 de octubre.

A esos días hay que sumar las festividades marcadas por las CCAA, que en su mayoría han decidido trasladar al lunes 7 de enero la Epifanía del Señor, que cae en domingo, así como celebrar el Jueves Santo (el 28 de marzo), además de las correspondientes fiestas regionales.

La negociación con la Conferencia Episcopal y las CCAA deriva del acuerdo que a comienzos de año alcanzaron los sindicatos y la patronal para pasar a los lunes las fiestas del 15 de agosto y del 1 de noviembre (ambas de naturaleza religiosa), así como la del 6 de diciembre, día de la Constitución.

El Gobierno sostiene que un hijo indeseado no daña la salud de la mujer



El Gobierno ha defendido que uno de los argumentos que le lleva a reformar la Ley del Aborto de 2010 es que "no se sostiene" emitir juicios atribuyendo "hipotéticas y negativas" consecuencias sobre la salud de la mujer, si ésta no decide interrumpir su embarazo no deseado. Así se recoge, según informa Europa Press, en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de ICV Laia Ortiz, en la que esta preguntaba al Ejecutivo sobre la exclusión de la malformación fetal como causa legal del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en verano.

El Gobierno justifica que su reforma “no se basa en frías estadísticas” y que son “multitud” las normas internacionales y del ordenamiento jurídico español las que amparan y extienden el derecho a la no discriminación a todas las personas. Y es que Gallardón justifica esa parte de la reforma –en realidad pretende reformar toda la ley de Salud Sexual y reproductiva para eliminar el plazo de aborto libre que actualmente permite a la mujer interrumpir su embarazo sin justificación hasta la semana 14— en un texto de Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.

La ONU en 2010, tras las quejas de dos asociaciones de personas discapacitadas, recomendó a España modificar la posibilidad de abortar por “razón de discapacidad exclusivamente”. Sin embargo, la ley actual no habla de discapacidad sino de anomalías fetales graves. La regulación permite abortar a la mujer hasta la semana 22 si dos médicos diagnostican que el feto sufre anomalías fetales graves y después de ese tiempo, y sin plazo, si las anomalías diagnosticadas por un comité médico designado por las comunidades autónomas se consideran extremadamente graves e incurables o incompatibles con la vida

El Gobierno ha recalcado en su respuesta a Ortiz que la reforma de la actual legislación sobre el aborto se inspirará y respetará ese principio universal que se configura como uno de los derechos humanos que “merece mayor protección”. Dice que seguirá las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que ha dado de plazo hasta 2015 para que España subsane las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y la Convención. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya contestó a la ONU tras recibir la recomendación alegando que la ley no chocaba en ningún caso con la Convención.


La ley permite a la mujer abortar, sin plazo, si un comité médico diagnostica anomalía fetales extremadamente graves

La mayoría de los países de Europa – a excepción de Irlanda y Malta— permiten la interrupción del embarazo por malformación del feto. En Francia, Alemania, Grecia o Reino Unido —incluso Polonia— ese supuesto no tiene límite de tiempo si la anomalía se considera extremadamente grave; como en España. En otros estados, como Suecia o Dinamarca, las mujeres tienen esta opción hasta la semana 24 de gestación. En España, las intervenciones por este motivo son apenas el 3% de los abortos registrados cada año.

El Gobierno también ha recordado en su respuesta a la diputada de ICV que el proyecto que presentará parte de la doctrina del Tribunal Constitucional de que el no nacido es titular de unos derechos, al igual que lo es la mujer, que hay que proteger; y que es tarea del legislador prever qué hacer cuando se produce una colisión de esos derechos. El alto tribunal resolvió en 1985 el recurso que presentó José María Ruiz Gallardón –padre del actual titular de Justicia—con una sentencia en la que definía al nasciturus (no nacido) como un bien jurídicamente protegido. Tras la doctrina el aborto se despenalizó pero solo en tres supuestos en los que el derecho de la mujer prevalecía: violación (hasta la semana 12 de gestación), malformación del feto (hasta la 22) y riesgo físico o psicológico para la salud de la mujer (sin plazo). Una regulación que estuvo en vigor hasta julio de 2010 y que forzaba a las mujeres a alegar problemas de salud mental para poder abortar.


El Ejecutivo apunta que reformará la ley porque la actual no protege los derechos de los no nacidos

El Gobierno cree que la ley de plazos actual –similar a la de la inmensa mayoría de los países de la UE— choca con los derechos del nasciturus que, afirma, confirmó el Constitucional. Por eso, plantea una vuelta a una regulación más parecida al sistema de supuestos anterior, para que no haya colisión entre los derechos de la mujer y del no nacido. “Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y absolutamente desprotegido”, esgrime el Ejecutivo.

Así, argumenta que, en el ejercicio de su independencia y responsabilidad, va a introducir en el ordenamiento jurídico español las necesarias garantías en aquellos casos que se produzca un conflicto entre el derecho a la vida del concebido y no nacido y otros derechos, de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional. El tribunal --pero otros magistrados-- que tiene pendiente pronunciarse, a instancias del PP, sobre la ley de Salud Sexual y Reproductiva. Uno de los ponentes será el magistrado Andrés Ollero, conocido por sus estudios antiabortistas.

El Ejecutivo, sin embargo, elude pronunciarse sobre los programas de educación sexual y salud reproductiva. Afirma que estos programas de salud son competencias de las comunidades y que en todas ellas se realizan programas de educación sexual.

El matrimonio gay es constitucional



La Ley aprobada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que permite el matrimonio entre homosexuales es plenamente constitucional, según ha resuelto esta tarde el pleno del Tribunal, reunido para resolver el recurso contra esta norma que presentó hace siete años el PP de Mariano Rajoy.

La decisión ha sido adoptada por ocho magistrados (siete progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos) frente a tres, todos ellos elegidos a propuesta del PP, que han emitido cada uno de ellos un voto particular. Así, una mayoría absoluta del pleno, compuesto por 11 de los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional, avaló la norma. Francisco Hernando, elegido a propuesta del PP, se ha abstenido de intervenir por haber tomado decisiones sobre esa Ley en su anterior cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial.

La sentencia consolida y blinda una Ley que ha permitido hasta ahora a más de 22.000 parejas contraer matrimonio. Doce países del mundo tienen reconocido este derecho; España fue uno de los primeros en recogerlo en su legislación básica.


"Que sea legal lo que ya es normal"

Muchos dirigentes del Partido Popular expresaron ayer su satisfacción al saber que el Tribunal Constitucional avalaban la Ley que permite el matrimonio entre homosexuales. Hace sólo cinco años, el PP torpedeó esa Ley y la recurrió por entender que suponía una clara vulneración de la Constitución.

El alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, valoró la sentencia antes de conocerla: “Por fin será normal en la Ley lo que ya es normal en la calle y, además, con todas las garantías”.

El PSOE, impulsor de la reforma legal que ha permitido el matrimonio entre homosexuales, exigió ayer al PP que pida disculpas por “las cosas que dijeron en su día cuando recurrieron al Constitucional”. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez pidió expresamente a Rajoy que se disculpe “por haberlo presentado y no haberlo retirado en siete años”.

Izquierda Unida entendía que la sentencia del Constitucional supondrá uno de los varapalos más importantes que recibirá el PP: “Esta sentencia demuestra que el ministro Gallardón no va a tener fácil su ofensiva antidemocrática en contra de los derechos y las libertades de los ciudadanos. El PP podía haber retirado ese recurso y haberse ahorrado la vergüenza de tener que escuchar y leer la sentencia”.

Mucho antes de ser ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se declaró partidario de mantener la Ley que permitía el matrimonio entre homosexuales si el Constitucional la avalaba, aunque el PP con su mayoría absoluta pudiera cambiarla. De hecho, fue uno de los primeros alcaldes que casó a homosexuales y opinó, ya como ministro de Justicia, que la Ley del matrimonio homosexual era constitucional.

El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prefería una ley “como en Alemania, Francia y Reino Unido”, que no permiten el matrimonio entre homosexuales, lo que evitaría “líos y, además, lo aceptaría todo el mundo”.

Ahora, el Gobierno ha sugerido que mantendrá la Ley como está tras el aval otorgado a la misma por el pleno del Tribunal Constitucional.

El Partido Popular, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado a entender que pese a haber recurrido la Ley por entender que es inconstitucional no la modificará ahora pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso para hacerlo. El partido que gobierna en España aceptaría así una situación de la que se han beneficiado muchos militantes y simpatizantes del PP y que ha motivado que algunos dirigentes significativos de esta formación política censurarán en público el hecho de la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

El PP entendía en 2005 que la Ley socialista, que situaba a España en la vanguardia legislativa de todo el mundo en esa materia, modificaba “la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer”. “Con toda seguridad”, señalaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, “se trata de una de las modificaciones legislativas de más honda trascendencia y repercusiones para la sociedad española”.

Los dirigentes populares que redactaron el recurso consideraban que el legislador socialista modificaba de raíz la idea del matrimonio y con ello “todo un conjunto normativo que partía de la consideración del matrimonio como unión de hombre y mujer”. El Gobierno socialista había introducido un párrafo en el artículo 44 del Código Civil donde señalaba que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El PP defendió que la nueva Ley daba a la palabra “matrimonio” un significado distinto “al que ha tenido siempre”. “El legislador está alterando con dos líneas de una ley ordinaria no sólo los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma. Conjunto normativo que tiene hoy además su cabecera en el artículo 32 de la Constitución [que señala “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”], destacaba el recurso del PP. Los populares pedían que la Ley se declarase inconstitucional al considerar que vulneraba ese artículo 32 de la Constitución “por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer y no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Constitución”.

El PP prefería amparar legalmente la unión de parejas homosexuales sin darle el nombre de matrimonio para “no generar confrontación social”. Pero la única confrontación social conocida hasta ahora, la única protesta masiva que ha habido en la calle desde la aprobación de la Ley por el Gobierno socialista en 2005 ha sido la de miles de ciudadanos que protestaron contra el recurso del PP y exigieron a Rajoy que lo retirara.

El abogado del Estado entendió, a diferencia de lo que argumentaba el PP, que la Constitución “no contiene un concepto de matrimonio” sino “que se limita a reconocer el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, con la evidente finalidad de consagrar la plena igualdad de la mujer en el matrimonio, rompiendo así con una tradición secular”. El abogado del Estado interpretaba que el artículo 32 de la Constitución “no prohíbe el matrimonio entre personas del mixmo sexo, simplemente no se refiere a él”.

Algunos jueces conservadores iniciaron a finales de 2005 una campaña contra la Ley presentando cuestiones de inconstitucional y bloqueando en el registro civil los expedientes de parejas homosexuales que intentaban contraer matrimonio. Por ocho votos a cuatro, el Constitucional desestimó las cuestiones planteadas por entender que los jueces encargados del registro civil no tenían potestad para cuestionar la ley de las bodas entre homosexuales.

Amnistía denuncia las trabas judiciales que sufren las maltratadas


La ONG habla de falta de diligencia en muchos procesos por violencia de género
La escasez de abogados, especialización, información e interés lastran la resolución de los casos

Las nuevas tasas judiciales frenarán la lucha contra el maltrato
DESCARGABLE El informe de Amnistía Internacional: 'Qué justicia especializada'


Para una víctima de violencia de género denunciar no es fácil. La mayoría cuenta que dar el paso cuesta mucho. Por el miedo al agresor y también a lo que pasará después. Para las instituciones, solo la denuncia activa la red de protección social para las mujeres maltratadas. Pero las víctimas no tienen que vencer únicamente sus propios obstáculos. “Se enfrentan a trabas que dificultan su acceso a obtener justicia y protección”, reclama Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnístía Internacional. Barreras, argumenta esta organización, como escasez de información adecuada sobre sus derechos, graves déficit en la disponibilidad y la calidad de la asistencia letrada, faltas importantes de diligencia en las investigaciones judiciales, prejuicios sobre su situación que perjudican que puedan resolver sus procesos.


Como el caso de Grace, una nigeriana de 31 años, víctima desde hace años de malos tratos por parte de su novio, un hombre español. En junio, después de una paliza, fue a la comisaría con una herida en la frente. Le habían tenido que dar 10 puntos. La mujer denunció lo ocurrido. Sin embargo, a pesar del temor a nuevas agresiones, no pidió una orden de protección. Grace, tal y como revela un informe de Amnistía Internacional hecho público hoy en el que se recogen testimonios de mujeres y datos, no habla castellano y no fue asistida por ningún intérprete. Ni siquiera sabía que tenía derecho a protección. La ley Integral contra la Violencia de Género marca que debe haber una asistencia especializada a las víctimas de malos tratos, pero Amnistía afirma que eso no siempre se cumple.

Las trabas, dicen, comienzan desde el primer eslabón de la cadena, en la denuncia; pero siguen cuando la denunciante quiere acceder a un abogado. Para Amnistía, no hay suficientes abogados de turno de oficio. Y entre los que hay muchos no cuentan con la formación especializada para estos asuntos. La dotación de personal para estas causas nunca ha sido boyante, pero ahora “los recortes presupuestarios podrían estar mermando aún más la disponibilidad de abogados”, dice el informe Qué justicia especializada de esta ONG. Y los que hay, afirman, tienen poco tiempo y no mucha sensibilidad.

La mayoría de las mujeres, además, se encuentran con su abogado pocos minutos antes de la comparecencia judicial lo que dificulta, sin duda, una defensa de calidad. “Se han documentado casos negligencia grave de abogados, como no recurrir autos de sobreseimiento o no proponer la práctica de pruebas que sabían que estaban disponibles”, afirma María Naredo, investigadora y autora del informe de Amnistía. Como en el caso, documentado por la organización, de una mujer dominicana que denunció a su marido en 2012 y que estuvo esperando más de ocho horas a su abogado en la comisaría. Una larga espera para que, después, el letrado no le informara de que podía acudir a un hogar de acogida y tuviera que volver a su domicilio, con el agresor.

La organización pone el acento en el abultado número de sobreseimientos judiciales (casos archivados) en los procesos por violencia de género. Entre 2006 y 2011, el 64% de los casos fueron sobreseídos. También en que el número de sentencias condenatorias apenas está en un 60%, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Y la mayoría de las sentencias absolutorias, apunta Amnistía, se dictan por falta de pruebas. “Pruebas que el abogado no siempre propone o que el juez no reclama. Es preocupante, pero si las víctimas no aportan las pruebas necesarias para acreditar lo ocurrido, el caso es sobreseído sin apenas investigación de oficio”, afirma Naredo. Y si no hay muestras físicas de las agresiones, los obstáculos se multiplican. Las victimas tienen más dificultades para que las denuncias por violencia psicológica o sexual --donde las mujeres no tienen lesiones visibles— prosperen. "Las historias de malos tratos son muy largas, y a las víctimas, que llegan en estado de shock, no se les deja hablar suficiente ni expresarse", añade la investigadora.


"El tono de lucha política contra estos delitos ha decaído", dice una experta

La abogada Consuelo Abril, miembro de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, también cree que aún existen numerosas trabas dentro de la propia justicia para la lucha contra la violencia de género. “La ley integral fue rupturista e innovadora, va acompañada de una serie de medidas, pero son insuficientes. Y todavía queda mucho recorrido”, dice. Abril también destaca que los recortes están lastrando aún más la persecución de estos delitos. “Ha decaído como también el tono de lucha política contra estos asuntos también ha bajado”, apunta.

Abril expone que los actores –abogados, jueces, fiscales— que participan en los procesos judiciales no siempre conocen a fondo la realidad de los malos tratos. “Hay muchos profesionales que está en los juzgados de violencia de género sin formación y sin conocer las peculiaridades del maltrato, y eso es fundamental”, dice.

Como en el informe de Amnistía Internacional, esta abogada también cree que los obstáculos se hallan desde el inicio mismo de la denuncia. “Las mujeres tienen derecho a la asistencia letrada, pero suele ser una asistencia muy limitada. Primero porque los abogados de turno de oficio no son muchos y segundo por la falta de tiempo que tienen. En un despacho privado se valora durante días qué es mejor para la defendida; en el turno de oficio es común que se le dediquen algunas horas o incluso unos pocos minutos a la preparación de los casos”, dice.

Prejuicios y contradenuncias

Álvarez, la responsable de Política Interior de Amnistía, se ha mostrado preocupada por el aumento del número de contradenuncias en los procesos de violencia de género. Cada vez son más los denunciados que deciden a su vez denunciar a la mujer para aparecer también como denunciantes en los procesos. “A veces denuncian porque tienen alguna señal física de que la mujer se ha defendido. Otras lo hacen por su honor y para poner en duda la credibilidad de la mujer y su relato. Tratan de hacer ver que la denuncia de la mujer es falsa.


“Me sentí como una delincuente”

Tras años de amenazas y malos tratos psicológicos, Eva decidió denunció a su exmarido. Cuenta que cuando recibió la citación judicial llamó a la abogada para quedar con ella y preparar el juicio. La letrada la citó una hora antes del juicio, pero no apareció y envió a un compañero. “No se conocía el caso y acudí al juicio sin saber nada, sin preparación alguna”, dice. Explica que le letrado permaneció callado durante todo el interrogatorio. Su exmarido fue absuelto. “Se dijo que mi hija y yo teníamos animadversión por él. ¡Cómo no tenerla después de todo1”, exclama.

Ahora, Eva se enfrenta a otro proceso. Esta vez es ella la acusada porque su exmarido la ha denunciado por un delito de denuncia falsa. “Me sentí como una delincuente”, relata. “Yo lo único que hice fue dejar de quererle, separarme de él. Al final te quedas con una sensación de impunidad increíble”, explica.

Prejuicios no solo de los jueces o fiscales, critica Amnistía. También de los propios abogados de las propias víctimas. Sobre todo hacia las mujeres extranjeras. Como el caso de Raquel (nombre supuesto), que en una entrevista que recoge el informe de esta organización, relató que su abogada le había preguntado si utilizaba la denuncia por malos tratos para quedarse en España. “Tú no tienes cara de maltratada; tú, qué quieres, ¿los papeles’”, cuenta que le espetó la letrada.

“Tenemos que poner el foco en terminar con la situación de impunidad que se vive ahora, motivada por la falta de diligencia encadenada en los procesos”, reclama Álvarez. “Hay que derribar los mitos de sospecha, de que las mujeres se guían por móviles espurios para denunciar. Todavía hay muchos que se creen esto”, afirma.

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, afirma que se ha avanzado mucho desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género."Estamos trabjando para mejora la respuesta judicial pero se ha avanzado mucho. Hoy en día las mujeres en 72 horas tienen una decisión sobre su orden de protección, por ejemplo. La especializaicón da buenos resultados, pero tenemos que seguir desarrollando los instrumentos", dice.

La magistrada reconoce, no obstante, que aún hay que seguir trabajando. “Primero en el apartado de la formación. De todos los profesionales –desde psicólogos a jueces-- y desde la misma universidad. Y luego no podemos olvidar que con los avances de la ley también han aparecido resistencias. Uno de ellos es activar el mito de las denuncias falsas y la falta de credibilidad de las mujeres. Mitos falsos”, dice.

Desde 2009 es obligatorio que quien ocupa un órgano judicial específico –como los de violencia de género— deben pasar un curso previo de formación. En el caso de los órganos que se ocupan de los casos de malos tratos se estudian contenidos relativos a igualdad, perspectiva de género. “Además, se incorporan clases prácticas y otras en las que se dan a conocer los recursos asistenciales de los lugares donde se va a desempeñar la función”, explica Montalbán. La presidenta del Observatorio destaca, sin embargo, que la formación tiene que continuar más allá de los cursos obligatorios.


Expulsada del país

Caren (nombre supuesto), ecuatoriana de 28 años, fue expulsada hace unos meses de España. La mujer, que vivía en España en situación irregular había denunciado a su novio por violencia de género y tenía una orden de protección judicial. Tras las denuncias, Caren fue a la comisaría para informarse del plan de seguridad derivado de la orden de protección que le habían otorgado. Una vez allí, como documenta Amnistía Internacional, fue detenida y retenida dos días en comisaría. Al tercero, y sin permitirle que contactara con su familia, sin ropa y sin dinero, fue conducida al aeropuerto y expulsada del país.

Lo ocurrido a esta mujer, madre de tres hijas menores que vivían con ella en España, explica Amnistía Internacional, contraviene la Ley de Extranjería, que impide la expulsión de una mujer con orden de protección judicial. Sin embargo, la abogada que asistió a Caren en el procedimiento de expulsión, expone la ONG, a pesar de que sabía que su defendida era víctima de violencia, no hizo constar esto en el recurso contra la orden de expulsión. Tampoco se puso en contacto con la abogada de turno de oficio a la que habían asignado el proceso por violencia de género de Caren
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  • España superará los seis millones de parados en 2013 y 2014, según la OCDE



    El informe semestral de los economistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre España dibuja un panorama desolador, sin más brotes verdes que el ya conocido: las exportaciones. Por lo demás, el análisis es un rosario de malos presagios: la recesión se intensificará en 2013, y el desempleo aumentará hasta el 26,9% en 2013 y solo bajará una décima en 2014, superando de largo por tanto los seis millones de parados. El país pagará además “el peaje del ajuste fiscal, una demanda más débil por parte de sus socios y las difíciles condiciones financieras”. El Gobierno no podrá cumplir sus objetivos de déficit, que solo caerá gradualmente, ya que el PIB disminuirá el 1,4% casi el triple de lo que afirma el Gobierno (-0,5%). Además, la deuda no dejará de aumentar, llegando al 97,6% del PIB en 2014.

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    La peor parte se la lleva el mercado laboral. Las previsiones de la OCDE apuntan a que el desempleo cerrará 2012 en el 26,3%, lo que, con la población activa actual, ya supondría superar el listón de los seis millones de parados. Pero aunque se evitase ese nivel en este trimestre, el paro seguirá subiendo el año que viene, cuando tanto la tasa media como la de cierre de año serán, según los cálculos de la OCDE, del 26,9%, ya claramente por encima de los seis millones de parados. En 2014 las previsiones del organismo apuntan a una reducción mínima del desempleo, que caería al 26,8% en media anual y al 26,6% al cierre de año.

    La OCDE incurre y certifica todas las contradicciones de las recetas neoliberales que desde hace años prescriben salvajes recortes del sector público y austeridad a discreción. El informe afirma que “el ambicioso plan de consolidación presupuestaria es apropiado y necesario para devolver confianza”, asume que el Gobierno tomará medidas de ajuste por el 2,7% del PIB en 2013 y por un punto de PIB en 2014, y concluye que el débil crecimiento impedirá cumplir los objetivos de déficit incluso en 2012, cuando prevé que se sitúe en el 8,1% del PIB, claramente por encima del objetivo del 6,3% incluso si se descuenta un punto asociado a las ayudas a la banca. Y explica así la cuadratura del círculo: “Se espera que la consolidación fiscal tendrá efectos más profundos de lo normal sobre el crecimiento en un ambiente de restricción del crédito, lo cual desaconseja tomar medidas suplementarias para cumplir los objetivos nominales, especialmente si el crecimiento es más débil de lo previsto por el Gobierno”. En ese caso, señala la OCDE, es mejor dejar actuar a los estabilizadores automáticos (menores ingresos y mayores gastos asociados a la crisis) aunque se incumplan las metas de déficit.


    La OCDE cree que España no podrá cumplir los objetivos de déficit a corto plazo

    Los economistas del organismo con sede en París creen que la economía española continuará cayendo en 2013, y podría haber una suave recuperación en 2014, del 0,5% del PIB. Pero estas previsiones corren riesgos significativos: en el lado malo, si hay turbulencias en la zona euro subirán los costes de la deuda y de los préstamos bancarios, y eso debilitará el crecimiento de los socios comerciales de España, lo que agravaría la recesión y el déficit. Pero advierte de que tratar de contrarrestar esa situación con nuevos recortes dañaría aún más la actividad a corto plazo y podría llevar a un deterioro en la percepción de España por parte de los mercados financieros.

    Por el lado bueno, la unión bancaria europea y la recapitalización directa de la banca, que Alemania no desea, podría romper el círculo vicioso que relaciona el ajuste fiscal a la situación de los bancos. Y las exportaciones podrían crecer más deprisa gracias a la reducción de los costes laborales.
    Muy lejos de cumplir con el déficit

    La OCDE subraya, en todo caso, que España no podrá cumplir los objetivos de déficit a corto plazo, pero cree fundamental que el Gobierno detalle un plan con las medidas para cumplir los objetivos a medio plazo y las cumpla plenamente. Los economistas del organismo calculan que, tras el 8,1% de este año, el déficit será del 6,3% en 2013 y del 5,9% en 2014, el año en el que el Gobierno español se ha comprometido a situarlo por debajo del 3%.

    El estudio aconseja al Gobierno español seguir la senda de las reformas estructurales para volver a crecer, aunque matiza que está por ver si las reformas del mercado de trabajo y de los convenios colectivos “son realmente efectivas”. Además, aconseja reducir el fracaso escolar y mejorar el acceso a la educación superior para cuidar el crecimiento a largo plazo.


    El organismo cree que es fundamental que el Gobierno detalle un plan con las medidas

    En la parte positiva, la OCDE señala que España ha mejorado la competitividad, lo que ha producido avances en la cuotas de mercado para las exportaciones, que siguen siendo fuertes fuera de la Unión Europea. El informe celebra que la balanza comercial se sitúa en positivo por primera vez desde 1998, reduciendo la brecha desde un 10% del PIB en 2007 hasta el actual 2%.

    Las proyecciones del organismo para España dependen, en todo caso, de que el Gobierno continúe recapitalizando los bancos viables y cerrando los no viables, “lo que ayudará a un gradual retorno del crédito sano”. Las necesidades de capital del sistema bancario, según el examen realizado por Oliver Wyman, están en torno a los 54.000 millones para un escenario desfavorable, recuerda la OCDE, lejos de los 100.000 millones pactados en la línea de crédito europea. El informe recomienda también poner el acento en la reforma bancaria “según lo planeado”, y aconseja que los tenedores de deuda de los bancos nacionalizados “absorban las pérdidas”.

    El organismo cree también que la rápida entrada en vigor de la supervisión bancaria en la UE y la recapitalización directa de los bancos con fondos europeos pondría a la economía española “en el carril de una velocidad mayor hacia la recuperación”.

    Las mujeres serán las más damnificadas en la nueva recaída del empleo


    Previsiones del Banco de España sobre el mercado laboral
    Las mujeres serán las más damnificadas en la nueva recaída del empleo
    El Banco de España constata en su último boletín económico que España está sufriendo desde mediados de 2011 una nueva fase de "recaída" del empleo, que está teniendo una mayor incidencia en mujeres, trabajadores de mediana edad, de educación media y de nacionalidad española.


    La institución que preside Luis María Linde analiza en su boletín la evolución del paro durante la crisis, desde los dos millones de desempleados existentes a finales de 2007 a los casi 5,8 millones del tercer trimestre de 2012.

    El Banco de España sostiene que desde el inicio de la crisis se han vivido tres fases en el empleo: la primera abarca desde mediados de 2008 hasta mediado el ejercicio 2009; la segunda alcanza hasta mediados de 2011, y la tercera arranca a mitad del año pasado y llega hasta el momento actual.

    En la primera fase, correspondiente a los primeros compases de la crisis, el Banco de España subraya que el aumento intertrimestral del paro, en términos desestacionalizados, mostró un "crecimiento extraordinario", superior a las 500.000 personas en algunos trimestres, explicado fundamentalmente "por la intensidad de la pérdida de empleo".

    En esta primera fase, precisa, se incrementó la incidencia del desempleo entre los hombres, principalmente de 35 a 44 años, de educación baja o media y de nacionalidad extranjera.

    También esta primera etapa de la crisis afectó en mayor medida a los más jóvenes (de 16 a 24 años), que experimentaron un "fuerte repunte" de la tasa de salida del empleo hacia el paro, que ha continuado en el periodo reciente, hasta alcanzar el 12,5% este año. A su vez, este grupo de edad es, según el Banco de España, el que más ha reducido la probabilidad de salir del paro hacia el empleo, desde el 38,4% de 2007 al 14%.

    Asimismo, el Banco de España explica que en los primeros momentos de la crisis se incrementaron de "forma notable" las entradas al paro como resultado de la intensidad del recorte de puestos de trabajo, duplicando prácticamente los datos anteriores a la crisis, hasta alcanzar cerca del 5% del empleo en cada trimestre.

    El "efecto del trabajador adicional".

    También en esos primeros movimientos de la crisis, las entradas al desempleo desde la inactividad mostraron una tendencia creciente. Esto puede reflejar, en opinión del organismo emisor, lo que se conoce como el "efecto del trabajador adicional": aquellos que desde la inactividad se incorporan a la búsqueda de empleo para ayudar económicamente a sus familias ante diversas situaciones, como la entrada en el paro de otro miembro del hogar.

    En el caso de los flujos de salida del paro, la tasa de salida se redujo "notablemente" en esta primera fase, desde el 35% observado en 2007 hasta cerca del 20% en 2009, sin que, según el Banco de España, se apreciara un "efecto desánimo" entre los desempleados que les llevara a la inactividad tras permanecer un tiempo en el paro.

    La tasa intermedia de la crisis (desde mediados de 2009 a mediados de 2011) se caracterizó, en opinión de la institución, por la moderación en el crecimiento del paro, debida en este caso a que la caída neta del empleo fue "menos intensa" y a que la población activa hizo menores aportaciones. La tasa de salida del paro en esta segunda etapa mantuvo una tendencia decreciente "relativamente suave", con el número de parados aumentando, lo que implicó un repunte de las salidas del paro.

    En la tercera fase, la del momento actual, denominada por el Banco de España como "de recaída", el paro ha vuelto a repuntar hasta el entorno de las 200.000 personas por trimestre, un dato que la institución explica en un nuevo incremento de la pérdida neta de empleo, pues la población activa está teniendo una contribución "nula".

    En esta etapa, que comienza a mediados de 2011, se ha producido un nuevo repunte de las salidas del empleo hacia el desempleo, hasta niveles "algo por encima de los observados al inicio de la crisis", así como por un descenso adicional de las tasas de salida del paro hacia el empleo, hasta situarse en el 15%. El Banco de España precisa que el aumento del desempleo no está siendo en la fase actual tan acusado como en la primera etapa de la crisis porque el nivel de salidas del paro, aunque a la baja, todavía supera al registrado a comienzos de la crisis.

    Mientras que en la primera fase de la crisis se incrementaron notablemente las incorporaciones al paro desde la inactividad en la franja de 35 a 44 años, en esta fase de recaída esto también se está detectando en el colectivo de 45 a 54 años. Por su parte, los trabajadores de mayor edad han mantenido a lo largo de la crisis un mejor comportamiento relativo, a pesar de que su probabilidad de salir del paro es la más baja entre todos los grupos de edad.

    Los diez retos de la conciliación



    La conciliación laboral y personal sigue siendo una cuestión que aguanta mejor el papel que la realidad. En el caso español, la lentitud con la que calan estas medidas está relacionada con un modelo de trabajo que necesita mejorar.

    En el contexto económico actual, las medidas de conciliación parecen haber quedado relegadas a un segundo plano. Además, algunos empresarios relacionan estas acciones con gastos y fuertes inversiones, pero a la larga, el ahorro es patente y ofrece mejoras que benefician a toda la compañía, también al plan de negocio. A pesar de llevar tantos años hablando de la famosa conciliación, todavía quedan muchos retos previos por desarrollar:

    Productividad: Somos un país con un horario laboral muy extenso y nuestra productividad está, sin embargo, a la cola de Europa. La experiencia demuestra que en empresas donde su personal está mejor atendido en aspectos tan básicos como flexibilidad de horarios o jornadas y reuniones con tiempos delimitados, la productividad mejora.

    Trabajo por objetivos: Si terminamos con la cultura del presentismo y las jornadas interminables, el siguiente paso es medir al empleado por objetivos cumplidos y no por horas. Con los ajustes de personal actuales parece lógico pensar que aflorarán otras formas de trabajo donde la retribución no sea un sueldo fijo por estar en la empresa, sino por valores objetivos aportados.

    Teletrabajo: El siguiente paso en este camino es la relación laboral no presencial y el trabajo a distancia. El ahorro de costes es evidente, sin embargo, son pocas las empresas, especialmente pymes, que se animan a implantarlo por desconfianza. La actual reforma laboral dejó fuera el análisis del teletrabajo que se regulará en un futuro decreto, según declaró la ministra Ana Mato. Sin embargo, hay empresas como Microsoft Ibérica que llevan años fomentándolo con éxito. Para María Garaña, su presidenta, esta opción supone un ahorro del 30 % para la compañía en energía, viajes, espacio de oficina o gasolina.

    Flexibilidad laboral: Es algo más que poder mover la hora de entrada y salida, la flexibilidad también afecta a la racionalización de los horarios. Según Ignacio Buqueras, presidente de Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, se necesitan horarios flexibles y aprovechados. Desde su organización proponen reducir las horas de comidas y desayunos, establecer la jornada continua durante todo el año, o no convocar reuniones a últimas horas de la tarde. Para Buqueras, una jornada tipo no debería prolongarse más allá de las 17 a 18 horas de la tarde.

    Contratación a tiempo parcial: Es otra gran asignatura pendiente en España porque no se usa como una opción más. Mientras que en 2010 solo uno de cada tres trabajadores con este tipo de contrato preferiría tener un empleo a jornada completa, en 2011 la mitad de ellos tenían este contrato forzosamente. El empleo a jornada parcial no debería usarse para reducir empleo sino para facilitarlo a las personas que busquen empleo por tres, cuatro o cinco horas. Para ello, se necesita una regulación de este tipo de contratos que evite que contratar a dos personas a jornada parcial sea más costoso para el empresario que hacerlo por una a jornada completa.

    Reducción de la siniestralidad: No somos máquinas y por muy eficientes que seamos, después de un número prolongado de horas de trabajo nuestro cuerpo baja la guardia. Un horario más ajustado reduciría el índice de siniestralidad, tanto laboral como de tráfico, así como el absentismo y las bajas laborales.

    Retribución no salarial: En momentos donde hablar de subidas de sueldo produce pudor y las rebajas salariales están a la orden del día, las medidas de flexibilización son una eficaz herramienta para generar bienestar en los empleados y retener el talento.

    Fomento de la natalidad:
    Aunque su relación con la conciliación parezca más lejana, no es una cuestión baladí. Somos líderes europeos en baja natalidad y según los últimos datos del INE en 2018 habrá ya más defunciones que nacimientos. Las facilidades para la maternidad en la mujer trabajadora son pues un tema de vital importancia para el futuro de las pensiones de jubilación y en general para el desarrollo económico de España.

    Corresponsbilidad de sexos: Aunque tradicionalmente la mujer es quien se ha ocupado del cuidado de hijos y dependientes, la conciliación del trabajo y familia no es en exclusiva femenina. Unos horarios más racionales ayudarían a que hombres y mujeres estuvieran tiempos más equitativos en el hogar.

    En definitiva, cambiar la cultura laboral. Hace dos años, el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, hacía unas polémicas declaraciones antes de abandonar el cargo en las que aseguraba que solo podríamos salir de la crisis "trabajando más y ganando menos". La solución no está seguramente en trabajar más, sino en trabajar mejor.

    Merkel maquilla el informe sobre la desigualdad social en Alemania



    El Gobierno alemán ha maquillado el borrador del informe oficial que alertaba sobre el aumento de la desigualdad social en el país. Por fuera, la versión del informe fechada el 21 de noviembre es igual que la conocida hace dos meses, pero al segundo borrador le faltan puntos particularmente críticos con la situación social en Alemania. En las alrededor de quinientas páginas de noviembre no se encuentran frases como “la riqueza privada está repartida de forma muy desigual” y faltan, además, informaciones completas sobre la evolución de los salarios en el país.


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    En septiembre aún se leía que “el desarrollo en el tramo más alto de los salarios es positivo” mientras que “en el tramo más bajo, el poder adquisitivo ha retrocedido” si se tiene en cuenta la inflación de la última década. La Federación Alemana de Sindicatos (DGB) criticó duramente las tachaduras en el texto: “el Gobierno quiere aguar, maquillar y disimular pasajes críticos de su propio informe”.

    Steffen Seibert, portavoz de la canciller Angela Merkel, dijo el miércoles que “es normal que un informe sea modificado en el proceso de coordinación entre Ministerios. Seibert defendió al Gobierno recordando que “el mercado laboral se ha recuperado” desde la redacción del informe anterior, presentado en 2007. Después aseveró que “la estampa [que ofrece el informe] sobre la pobreza y la riqueza en Alemania es realista y tiene en cuenta los problemas”.


    El segundo escrito no recoge frases como “la riqueza privada está repartida de forma muy desigual”

    Sin embargo, otras “fuentes del Gobierno” citadas por la agencia Reuters reconocen que el embellecimiento del informe partió de presiones del ministro de Economía, el líder liberal Philipp Rösler (FDP). El diario muniqués Süddeutsche Zeitung, el primero en llamar la atención sobre “el botox” inyectado al informe, explica que en el FDP molestaron “sobre todo las advertencias de que está creciendo la desigualdad social en Alemania”.

    El Informe sobre pobreza y riqueza se redacta en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuya cartera lleva la democristiana Ursula von der Leyen (CDU). Allí destacan ahora que este segundo borrador tampoco será la versión definitiva. El Gobierno quiere terminarlo antes de que termine el año.


    El primer borrador advertía del crecimiento de trabajadores con sueldos que no alcanzan para vivir

    En septiembre, el informe aún señalaba que se está abriendo más la horquilla entre ricos y pobres y que esto “lesiona el sentimiento de justicia de la población”. Todo lo cual “ponen en peligro la cohesión de la sociedad” alemana. La versión edulcorada de noviembre dice en lugar de esto que la reducción del poder adquisitivo de los sueldos más bajos “se debe a que se han creado muchos puesto de trabajo de jornada completa”. El primer borrador advertía del crecimiento del número de trabajadores de jornada completa a quienes los sueldos no alcanzan para vivir.

    Hace una semana, la democristiana Merkel sostuvo en su discurso sobre los presupuestos de que “las diferencias sociales han disminuido” en el país. El borrador de septiembre criticaba justo lo contrario. La nueva versión ya es mucho más acorde con el discurso preelectoral de la canciller.

    La crisis se ceba con las mujeres


    Un reguero de desempleo cada vez más caudaloso, dificultades para hacer compatible el trabajo y la vida familiar —cuyas responsabilidades recaen en ellas en mayor medida— y recortes al Estado de Bienestar. En femenino, la crisis se conjuga con agravantes, según las expertas. Y el panorama pinta negro: algunos de los cambios que vienen, como la flexibilidad de jornada que la reforma laboral acaba de consagrar para los empresarios y el apoyo al trabajo a tiempo parcial, ahondarán las diferencias. Frente a ese panorama, algún “brote verde”, de la mano del autoempleo.

    “La crisis tiene consecuencias distintas para hombres y mujeres. El aspecto más letal para ellas es el recorte del gasto público”, afirma Lina Gálvez, profesora de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. Y lo explica así: esa rebaja se deja sentir en el empleo público, “hasta ahora el mejor empleador de las mujeres”, cuyas plazas “se han congelado y donde van a caer interinos”. Además, esa medida provoca el recorte de los servicios sociales, y esto afecta a las mujeres por partida doble: emplean mano de obra femenina en gran medida y favorecen sobre todo a las ciudadanas, porque las alivian de las tareas de cuidado que protagonizan. “Quizá lo más nefasto es que estos recortes van a afectar incluso a la empleabilidad de las mujeres”, añade esta experta.


    La tasa de actividad femenina sube cuatro puntos y la masculina baja dos

    Recortar lo que ya es corto. Antes de la crisis económica, la bonanza había atenuado la falta de equidad en el ámbito laboral —la autonomía económica es fundamental para la igualdad—, pero sin acabar con ella. “Se olvida que no estábamos en el mejor de los mundos”, dice Almudena Fontecha, responsable de Igualdad de UGT. Cuando el bienestar tocaba techo, en el segundo trimestre de 2007, el desempleo masculino era prácticamente estructural: el 6,1%. Pero el femenino era el 10,5% y cerca de un millón de mujeres buscaba trabajo, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Cuatro años después y tras el drástico aumento del desempleo masculino, la tormenta económica deja la tasa de paro casi igualada entre las personas de más de 16 años, pero las mujeres siguen en cabeza: 23,3% para ellas y 22,4% para ellos. Al derrumbe de la construcción —que se cebó con la mano de obra masculina— ha seguido el de los servicios, muy feminizados. “Aunque el desempleo de los hombres ha crecido mucho más, no ha superado la tasa que padecen las mujeres”, recalca Carmen Bravo Sueskun, secretaria de la Mujer del sindicato CC OO. “A ellas les cuesta más que a los hombres conseguir un empleo. Por eso son más pesimistas. Creen en mayor medida que lo pueden perder, y que no volverán a tener otro”, explica María Ángeles Durán, profesora de investigación del CSIC.

    Una vez en el paro, “ellas acceden menos al subsidio, porque trabajan en condiciones más precarias”, plantea Fontecha. Ahora están desempleadas 2,4 millones de mujeres y 2,8 millones de hombres. “Ellas afrontan mejor el hecho de quedarse sin empleo si tienen un flotador económico en la pareja. En cambio, los varones llevan peor esa misma situación, porque la cultura imperante les hace sentirse fracasados”, tercia Durán.


    Los sindicatos temen el descuelgue de los convenios en igualdad

    Otra de las diferencias entre unas y otros es que la crisis no ha frenado las expectativas de las ciudadanas, cuya tasa de actividad ha subido cuatro puntos desde 2007 —ahora es del 52,9% entre las mayores de 16 años—, mientras que la de los hombres ha caído dos puntos —67,3%—. “En épocas de crisis suele aumentar la actividad femenina, porque las mujeres buscan aumentar la renta familiar”, explica Laura Nuño, directora de la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. También ellas son quienes “mantienen las redes familiares, que son el soporte de la crisis”, añade Durán.

    Ahora tienen empleo 9,8 millones de varones y ocho millones de mujeres —en 2007 eran 12 y 8,3 millones, respectivamente—. Una vez en el tajo, persiste una notable segregación por sexos en el empleo, de forma que cualquier recorte en servicios como la sanidad, la educación o los cuidados, por ejemplo, se ceba más con el empleo femenino. Es “fundamental” tomar medidas para atajar el paro en el sector servicios, “que es donde se concentra un importante porcentaje del empleo femenino”, asegura por escrito la directora general para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza. Son más del 80% en ese área.


    “El trabajo a tiempo
    parcial se alentará como
    fórmula de conciliación”

    Al mercado laboral segregado se añade la brecha salarial, una de las grandes diferencias entre mujeres y hombres. Se sitúa en el 22%, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha anunciado un plan de lucha contra esta divergencia. La desigualdad es mayor en los trabajos a tiempo parcial, donde el sueldo por hora femenino supone el 76% del masculino, según el INE. La titular del departamento, Ana Mato, defiende a capa y espada que “la mejor política de igualdad es la que crea empleo”. Pero de momento, solo se destruye.

    Las reformas en marcha del mercado de trabajo contienen amenazas específicas para la situación laboral de las mujeres, según los sindicatos. Advierten, por ejemplo, del riesgo de que las empresas, al descolgarse de los convenios, lo hagan también de los planes y medidas de igualdad —para equiparar la situación de trabajadoras y trabajadores— que contienen muchos de ellos. El Ministerio de Trabajo precisa que no está previsto el descuelgue en esta materia. Admite, en cambio, que la reforma limita el margen para la jornada reducida por guarda de un menor, que toman las madres casi en exclusiva. A partir de ahora, la rebaja del tiempo de trabajo deberá ser diaria, a no ser que se pacte lo contrario. Otro efecto temido es que la posibilidad de que los empresarios cambien los horarios por su cuenta dificulte aún más la conciliación a las mujeres, apunta, entre otras, la responsable de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié. En un informe difundido ayer, el sindicato UGT augura más paro y mayor precarización del empleo femenino en paralelo con mayores dificultades para conciliar, entre otras cosas porque los trabajadores a tiempo parcial podrán hacer horas extra a partir de ahora.


    Ellas son cada vez más
    el “ganapán”, pero en casa
    no se reparte la tarea

    Y el tiempo parcial es, sobre todo, femenino. “Esta modalidad, que se incentivará como fórmula de conciliación, supone menores ingresos, difícil carrera profesional y menor jubilación”, plantea Gálvez. Casi la mitad de las empleadas que tienen este tipo de contrato preferirían disponer de otro a tiempo completo (48,4%, según el Instituto Nacional de Estadística). El segundo motivo para esta situación es el cuidado de niños o adultos (16,1%). Es una factura de la dificultad para aunar el trabajo remunerado y las obligaciones familiares, donde la corresponsabilidad entre los miembros de la pareja sigue siendo una asignatura pendiente.

    “Además, la crisis provoca un cierto miedo a ejercer derechos como la conciliación”, asegura Fontecha. “En estos tiempos, no podemos jugar a que alguien nos vea menos comprometidos con la empresa, y eso tira para atrás de las fórmulas de trabajo flexible”, añade Nuria Chinchilla, experta en conciliación del IESE (Universidad de Navarra). La presencia física cuenta más que los objetivos, lamenta. Las dificultades para conciliar son una de las razones para que las mujeres solo ocupen el 10% de los cargos de alta dirección, según la encuesta de la consultora PwC.


    La reforma laboral contiene “amenazas específicas” para las mujeres empleadas

    “La crisis afecta a todo el mundo, no estoy segura de que ellas estén más tocadas que ellos, pero sí puede estar afectando a la conciliación, porque parece que tenemos que trabajar más para conseguir lo mismo”, prosigue Chinchilla. Y hablar de conciliación es hablar de mujeres, que “son cada vez más el ganapán”, por el desplome, también, del empleo masculino. “Eso no se ve compensado por el tiempo que dedican los hombres a construir el hogar”, continúa la experta. Las mujeres dedican de media cuatro horas y media al día al hogar y la familia y los hombres, dos y media, según la Encuesta de Usos del Tiempo del INE.

    Más desempleo, trabajo re munerado más precario, con menor sueldo y más obligaciones en casa. Por eso, las mujeres son más sensibles a los recortes del Estado del bienestar, de los servicios públicos. “Les afectan más a ellas, porque se benefician en mayor medida”, explica la socióloga Durán. El frenazo en la aplicación de la Ley de Dependencia es doblemente pernicioso para las mujeres, porque muchas abandonan sus trabajos para cuidar de sus mayores y porque esta ley ha supuesto una buena cantera de empleo femenino. Entre 2009 y 2010, los últimos datos presentados por el Gobierno, se crearon gracias a esta ley 165.000 trabajos directos; la inmensa mayoría, dicen los expertos, fueron para mujeres.


    La brecha salarial se mantiene en el 22%, según el Gobierno

    Así las cosas, el autoempleo es una opción en alza. La visión optimista la pone el profesor Joan Torrent, de la Universitat Oberta de Catalunya, uno de cuyos estudios señala el salto que han dado las mujeres justo en época de crisis: si antes de 2008 ellas eran las responsables del 20% de las microempresas que se creaban, desde esa fecha hasta 2011 los son en un 31%. “Ellas han sabido ver más oportunidad en la crisis que los hombres”, afirma sin dudas. La cara B de este asunto es la motivación de las mujeres para formar una empresa de estas características: les proporciona el empleo que no encuentran por ningún otro sitio y una flexibilidad laboral que deja hueco para otras tareas, véanse la casa, los hijos, los mayores… “Ya antes de la crisis las mujeres han manifestado en otros estudios internacionales su deseo de crear una empresa propia, pero no es la oportunidad de negocio lo que las anima, sino la necesidad”, constata Maria Àngels Valls, profesora del Esade. “No es de extrañar”, dice, “que el cierre del mercado de trabajo con la crisis haya acentuado esa necesidad de crear empresa propia”. “Pero también es verdad que muchos de esos deseos no se cumplen porque las mujeres encuentran dificultades con la financiación”, añade.

    Efectivamente, el estudio del profesor Torrent no habla tanto de oportunidad de negocio como de necesidades añadidas: conciliación, autoempleo, discriminación salarial. Y de algunas ventajas que favorecen este despegue femenino en la creación de microempresas: la formación universitaria que tienen y las nuevas tecnologías que las sitúan en un contexto global y flexible para este tipo de iniciativas. “Con estos negocios, de alguna manera compran su libertad y ordenan su vida por cuenta propia”, afirma Torrent.


    Las féminas crean tres
    de cada diez microempresas
    desde 2008

    Este experto cree que estas microempresas —una gota en el océano del empleo— son los verdaderos brotes verdes, porque están surgiendo con fortaleza en tiempos de recesión, adaptadas ya al mundo laboral global y tecnologizado. Antes de la crisis el 40% moría en el primer año de vida, ahora no llega al 30%. “Las ayudas públicas deben repartirse entre estas empresas, en España la costumbre era darle a las grandes, pero estas tienen fortaleza para aguantar la crisis”, dice.

    Con el panorama actual, las expertas pintan un panorama de tintes sombríos. “Con el empeoramiento de las condiciones laborales y los recortes de las políticas sociales, existe un riesgo cierto de que las mujeres tiren la toalla en el terreno laboral”, advierte la socióloga Constanza Tobío, experta en conciliación de la Universidad Carlos III. “Si el acceso a los servicios de cuidado se encarece o dificulta y el salario de las mujeres baja, se incentiva que las mujeres se puedan quedar en casa o vayan a trabajar a tiempo parcial”, plantea Gálvez. “En todas las crisis que se han analizado según el efecto en hombres y en mujeres se ha visto que provocan retrocesos en los avances generales en igualdad e intensifican el trabajo de las mujeres, sobre todo el no remunerado”, concluye. El dianóstico definitivo llegará cuando pase la tormenta.

    La discriminación indirecta también daña


    Una sentencia de la UE obliga a replantear las pensiones a tiempo parcial
    Las mujeres tienen el 74% de esos contratos que suelen ser indeseados

    'Desigualdad camuflada', por SOLEDAD MURILLO

    Otro jarro de agua fría de agua fría en el Ministerio de Empleo. Esta vez no son los datos negros del paro, sino la discriminación. Cuando las cuentas del sistema de jubilaciones atraviesan un mal momento, ha llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una sentencia que fulmina la manera de calcular las pensiones de quienes trabajan a tiempo parcial. Lo hace con un argumento que pocos manejan: la discriminación indirecta por razón de sexo. Es decir, la que causan medidas aparentemente neutras pero cuya aplicación pone en desventaja a un sexo frente a otro. Porque mujeres son tres de cada cuatro empleados a tiempo parcial. Y conseguir un retiro con ese régimen puede ser imposible.

    Es lo que le ha pasado a la ciudadana que ha puesto en la picota la legislación española. Se trata de Isabel Elbal, una limpiadora que se encargó de asear la escalera de una finca durante 18 años a razón de cuatro horas por semana. Se le denegó la pensión porque solo se computan las horas trabajadas, que equivalían a algo menos de tres años. Según el Tribunal, la mujer habría debido cotizar “100 años” con la jornada que tenía para cubrir los tres lustros de cotización obligatorios para cualquier trabajador y lograr así 112,9 euros al mes. “Las horas trabajadas a tiempo parcial se suman y se dividen por cinco para calcular los días trabajados. Si no se alcanzan los 15 años completos, no se tiene derecho a pensión”, detalla José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense. “Este sistema deja a mucha gente sin pensión”, advierte.

    Los togados van más allá: a partir del caso de Elbal declaran que la legislación española sobre jubilaciones de trabajadores a tiempo parcial es contraria a la directiva de igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social. ¿La razón? Existe una discriminación indirecta en la normativa, ya que su aplicación perjudica en mayor medida a un sexo: “En España al menos el 80% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres”, señala el tribunal con un dato anticuado: ahora son el 74,3%.

    Con la sentencia —que deben tener en cuenta los jueces ante casos similares— aún caliente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha optado por llamar a los agentes sociales para estudiar el fallo —sobre el que cabe recurso— antes de tomar una decisión. “Veremos cómo se interpeta y las implicaciones que tiene para el sistema”, dicen en el ministerio. Su idea es que cualquier cambio debe supeditarse a la sostenibilidad del sistema. El grueso de la normativa sobre la jubilación de trabajadores a tiempo parcial lleva sin modificar desde 1985, afirman en Empleo. Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social con Rodríguez Zapatero, asegura que se intentó, sin éxito, corregir este viejo problema: cayó de la agenda a cambio de otras contrapartidas.

    Ahora ya no se puede mirar para otra parte y los sindicatos mayoritarios celebran el fallo. “La sentencia reconoce que el trabajo a tiempo parcial, que los sucesivos gobiernos alientan para las mujeres, genera menos derechos”, plantea la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. “Exigiremos que se aplique aunque las arcas de las pensiones no estén en su mejor momento”, añade. “Hay que reestructurar el tiempo parcial de arriba abajo. Es muy discriminatorio y genera muy poca protección social, además de salarios muy bajos”, plantea la secretaria confederal de la Mujer de CC OO, Carmen Bravo. Como Fontecha, achaca la tardanza en resolver el problema a que este tipo de contratos “están predestinados para las mujeres”. La patronal CEOE guarda silencio.

    El trabajo a tiempo parcial, una modalidad minoritaria pero en alza, se conjuga en femenino: casi una de cada cuatro empleadas (23,6%) lo están a tiempo parcial, mientras que en esta situación están solo el 6,7% de los varones, según la Encuesta de Población Activa. En total, 638.400 hombres (de un total de 9,4 millones de ocupados) y 1.850.100 mujeres (de 7,8 millones) tienen este régimen, aunque la mayoría no lo desea.

    Lo deja claro la Encuesta de Población Activa: el 66,7% de los hombres y el 56,8% de las mujeres tienen este tipo de empleo porque no han podido acceder a uno a tiempo completo. Para ellas, la segunda razón es el cuidado de niños o mayores y otras obligaciones familiares o personales: el 21% esgrime alguno de esos motivos, frente al 2,8% de los varones. Ese fue, también, el caso de Isabel Elbal. “Tenía que cuidar de mis hijos y mi suegra. Mi marido trabajaba y si me metía en una empresa no podía hacer todo eso. Era la forma de sacar a la familia adelante”, declaró a este periódico.

    Además de las tareas domésticas y de cuidado, en el trabajo a tiempo parcial femenino pesan factores como la fuerte segregación laboral —las mujeres son mayoría en el sector servicios, el área donde más abunda este tipo de contratos— o la menor consideración del trabajo femenino, aún considerado aún como “una ayuda” en lugar de como un ingreso principal, señala Bravo. Este régimen favorece la supervivencia del reparto tradicional de papeles por sexo.

    “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las mujeres aceptan más fácilmente que los hombres el trabajo a tiempo parcial porque le prestan más atención a los cuidados familiares, ya les venga bien, ya no les quede más remedio”, afirma el exresponsable de Seguridad Social. “Si el reparto de los cuidados fuera más equilibrado, si hubiera corresponsabilidad, y también servicios de cuidado asequibles, las mujeres estarían igual que los hombres. El mercado de trabajo es funcional. Responde a una situación de discriminación en la sociedad”, afirma Granado.

    El trabajo es, también, llave de muchas puertas. “Además de aportar independencia económica o socialización, es fuente de derechos como la pensión y la prestación por desempleo”, señala Fontecha. Y las mujeres, con puestos más precarios, salen peor paradas, sostiene. Cita como ejemplo que ellas cobran menos la prestación por desempleo y su cuantía es inferior.

    En las pensiones contributivas, donde la brecha por sexo es grande —debido en gran medida a las décadas en las que el hogar era el destino femenino por excelencia—, aún no se dejan sentir los efectos del trabajo a tiempo parcial “por ser una modalidad relativamente nueva”, explica la catedrática de Economía Aplicada Cecilia Castaño, de la Universidad Complutense —la Seguridad Social carece de datos sobre ello, según un portavoz—. De los 4,5 millones de pensiones que reciben las mujeres, la mayoría son de viudedad (2,1 millones) seguidas de las de jubilación (1,9 millones). En cambio, entre los varones (4,3 millones de pensiones) dominan las de jubilación (3,4 millones) y las de viudedad son casi una anécdota. En el caso de las pensiones por jubilación, vinculadas a la vida laboral, los varones cobran de media 816 euros, y las mujeres, 664. Ellas cotizaron menos.

    Con este panorama y el trabajo a tiempo parcial en aumento, ¿qué hacer tras el varapalo del tribunal de Luxemburgo? “Debería obligar a modificar el sistema. El trabajo a tiempo parcial no debe tener una penalización múltiple: poco sueldo, poca pensión y, encima más tiempo para poder acreditar los periodos de cotización”, responde el catedrático Tortuero. “Si este tipo de contratos los utilizaran más los hombres, seguro que tenían otra regulación”, plantea Castaño.

    “Esto es algo que nos va a costar o en términos de cotización, o en términos de equidad”, responde Granado. Contempla dos “posibles soluciones”. La primera es una mayor contributividad, un sistema que se sigue en países como Francia: la pensión se calcula a partir de las horas trabajadas, se adquiere el derecho a percibirla tras un año de tarea y la cuantía depende del tiempo cotizado. “Otra solución, más justa, es la que se aplica en Holanda, uno de los países con más trabajo a tiempo parcial. El Estado completa la cotización de estos trabajadores”, prosigue. “La Seguridad Social es el único mecanismo de reequilibrio de rentas”, recuerda.

    María Ángeles Durán, catedrática de Sociología e investigadora, ve la salida en un cambio de conceptos. “Vivimos en una sociedad en la que la cobertura de muchos riesgos está vinculada con el mercado de trabajo: el empleo genera pensión, sanidad y da acceso preferente a muchos derechos. El problema es que cada vez hay mayor proporción de población no vinculada a él, sobre todo jóvenes y personas mayores”, observa. “No se puede relacionar en exceso la protección de los ciudadanos y sus mecanismos de participación en la vida social a su participación en el mercado de trabajo”, plantea. “Hay que inventar fórmulas que den cobertura y participación social al margen del mercado de trabajo y tener en cuenta al trabajador complejo”. “Las mujeres lo son, porque desempeñan varios papeles sociales, como el trabajo remunerado y el de cuidados”, detalla. Quizá así acabaría esta pauta que cita Tortuero: “Un trabajo a media jornada genera la mitad de pensión que uno a jornada completa”.

    27 de diciembre de 2012

    Parodia PSY "En el paro estoy"




    Indignación por la violación de una joven en un autobús



    Por RFI

    Las autoridades indias tratan de llevar la calma tras la ola de violentas manifestaciones de protesta por la violación colectiva de una estudiante atacada y arrojada de un autobús en marcha por seis hombres ebrios. En las calles, exigen medidas para luchar contra las agresiones sexuales, mientras la joven se encuentra internada en estado grave.



    El centro de Nueva Delhi fue cerrado este lunes a la circulación por las autoridades, que tratan de recuperar la calma ante las violentas manifestaciones suscitadas por la violación de una joven el pasado 16 de diciembre.

    El primer ministro indio, Manmohan Singh, llamó a la calma este lunes y prometió garantizar la seguridad de las mujeres.

    "Hay cólera y ansiedad reales y justificadas tras este hecho atroz", afirmó Singh en una declaración televisada después de violentos choques entre las fuerzas del orden y manifestantes.

    "Estoy realmente triste por el giro de los acontecimientos, que ha llevado a enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Les aseguro que haré todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de todas las mujeres de este país", añadió.

    "Como padre de tres hijas, tengo los mismos sentimientos que ustedes. Nos aseguraremos de que se haga justicia", agregó.

    La policía de Nueva Delhi indicó este lunes que un centenar de personas, entre ellas 60 policías, resultaron heridas el domingo en manifestaciones en el centro de la capital.

    El caso que desató las protestas, en un país donde las víctimas de abusos sexuales suelen tener dificultades para obtener justicia, ocurrió el 16 de diciembre, cuando una mujer de 23 años que volvía del cine junto a su amigo fue víctima de una violación en un autobús por parte de seis hombres ebrios.

    La estudiante fue arrojada del autobús en movimiento y se encuentra internada en un hospital en estado de gravedad. Entretanto, los seis presuntos autores del ataque han sido detenidos.

    “La gente no reacciona sólo por una violación. Reaccionan frente a un malestar general, a la frustración que sienten con respecto a sus dirigentes. Sienten que éstos están completamente desconectados”, explica la analista política Neerja Chowdhury.

    Nueva Delhi es una de las ciudades con el mayor número de agresiones sexuales. La policía recibe una denuncia de violación cada 18 horas. En lo que va del año, se han reportado 24.206 agresiones sexuales, lo que representa un aumento de 9,2% con relación a 2011.


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    El Puerto paga a la empleada que se enfrentó a Del Real sin que vaya a trabajar



    El enfrentamiento del presidente del Puerto de Ferrol, Ángel del Real, con una empleada de la entidad con la que, según sus palabras, mantuvo una “amistad íntima” no deja de tener consecuencias para las arcas públicas. La batalla judicial, con un cruce de denuncias de acoso e injurias entre Del Real y Lula González, derivó en un despido improcedente. Un juzgado de primera instancia dictaminó en mayo de este año que la trabajadora debía ser readmitida. Desde entonces la empleada cobra su sueldo de la Autoridad Portuaria ferrolana pero no va a trabajar, ya que así lo ha decidido la entidad que preside Del Real.

    El Puerto de Ferrol ha recurrido la sentencia que declara improcedente el despido de Lula González, que durante seis años fue jefa de Personal de la entidad. Mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no confirme o revoque ese fallo, la normativa faculta a la Autoridad Portuaria para mantener a la trabajadora readmitida en su casa cobrando, eso sí, su sueldo. El Puerto se ha agarrado a esta disposición legal para evitar que la trabajadora enfrentada con su presidente vuelva a su puesto.


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    El Puerto de Ferrol paga un pleito personal a su presidente

    El juez declaró improcedente el despido porque, a su juicio, los hechos por los que fue expedientada la trabajadora no eran tan graves para concluir en una suspensión de su contrato laboral. El expediente se le abrió a la empleada del Puerto de Ferrol por enviar unos correos desde su cuenta personal en los que supuestamente criticaba al presidente Ángel del Real.

    Lula González, que según declaró Ángel del Real ante el juez mantuvo con él una “amistad íntima”, denunció en 2010 al presidente del Puerto de Ferrol por acoso sexual y laboral pero el demandado fue absuelto. A su vez, Del Real se querelló contra ella por injurias y calumnias, un pleito que fue financiado con fondos públicos. La Autoridad Portuaria de Ferrol le pagó al abogado de su presidente en este procedimiento unos honorarios que superan los 9.000 euros, según las facturas a las que ha tenido acceso este periódico.

    La crisis frena el avance de las mujeres en el mercado laboral



    Las tasas de desempleo de las mujeres son más altas que las de los hombres en todo el mundo y no se prevén mejoras en los próximos años, según el informe Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres 2012, realizado por la Organización Internacional del Trabajo en colaboración con ONU Mujeres. El estudio subraya que mientras que antes de 2007 las diferencias en términos de desempleo y de relación empleo-población se habían atenuado, la crisis económica revirtió esta tendencia en las regiones más afectadas.

    En las economías avanzadas, la crisis parece haber afectado a los hombres en los sectores que dependen del comercio más que a las mujeres que trabajan en la salud y la educación. En los países en desarrollo, las mujeres se vieron particularmente afectadas en los sectores relacionados con el comercio. “Si bien las mujeres contribuyen a la economía y a la productividad en todo el mundo, siguen enfrentando muchos obstáculos que les impiden realizar su pleno potencial económico. Esto no solo inhibe a las mujeres, además frena el rendimiento económico y el crecimiento”, ha declarado Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, en la presentación del informe.

    De 2002 a 2007, la tasa de desempleo femenina se situó en el 5,8%, frente al 5,3% para los hombres. La crisis ha incrementado esta disparidad de 0,5 a 0,7 puntos porcentuales, además de destruir 13 millones de empleos para las mujeres.

    En 2012, la proporción de mujeres en empleo vulnerable (trabajadores familiares no remunerados y trabajadores por cuenta propia) ha alcanzado el 50%, mientras que la de los hombres es del 48%. Pero las disparidades son mucho más grandes en África del Norte (24 puntos porcentuales), y en Oriente Próximo y África Subsahariana (15 puntos).

    El indicador de segregación por sectores económicos muestra que las mujeres están más limitadas en su elección de empleo en todos los sectores. La segregación sectorial ha aumentado a lo largo del tiempo, con mujeres que abandonan la agricultura en las economías en desarrollo y pasan de la industria a los servicios en las economías desarrolladas.

    En las economías desarrolladas, el empleo de las mujeres en la industria se redujo a la mitad, desplazando a 85% de ellas en los servicios, sobre todo en la educación y la salud.

    El Gobierno fuerza el cierre de ONU Mujeres en España

    No es un recorte: la oficina no suponía coste alguno para el Estado.

    Más de 70 países cuentan con una delegación de este organismo, que se dedica a promover políticas de igualdad y colaborar con la sociedad civil.


    La oficina de ONU Mujeres, el organismo dedicado al impulso de la igualdad de género, cierra en España. Y no por falta de fondos, sino porque el Gobierno así lo quiere. Fuentes de las Naciones Unidas han confirmado a eldiario.es el cierre de su delegación en España "por invitación" del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es infrecuente que un país 'invite' a marcharse a una agencia de la ONU sin que haya mediado conflicto alguno.

    "El diálogo de este Gobierno con las agencias de la ONU no ha sido fácil por muchos motivos. Una vez que se pusieron en marcha las reuniones de alto nivel entre ONU Mujeres y el Gobierno, no ha habido un buen entendimiento", explican fuentes de las Naciones Unidas. En la oficina de ONU Mujeres en Madrid confirman el cierre pero prefieren no pronunciarse al respecto. El cierre se confirmó en una reunión rutinaria que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en Nueva York entre el secretario general de Cooperación, Gonzalo Robles, y una delegación de este organismo de las Naciones Unidas.

    La oficina de ONU Mujeres en España, que se abrió hace cinco años, no suponía coste alguno para el Gobierno, ya que se encontraba dentro las instalaciones de la Oficina Mundial del Turismo y bajo su seguridad. La financiación de la oficina procedía de los fondos corrientes de ONU Mujeres -tal y como sucede en todas sus delegaciones- y el Ejecutivo únicamente ha contribuido económicamente en proyectos concretos. El Gobierno español sí ha sido durante años uno de los principales financiadores de ONU Mujeres, pero también de otras agencias de la ONU como la FAO o el PNUD.


    En la oficina de Madrid trabajaban hasta ahora cinco personas. Su actividad pública ya ha terminado y el cierre formal se producirá a finales de año.

    "Es una pena que España desproveche ahora la influencia internacional que ha conseguido en los temas de igualdad, va a tener un perfil más bajo en el sistema de Naciones Unidas", dicen fuentes de la ONU. La exministra de Igualdad, Bibiana Aído, trabaja como asesora de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet.


    "En la actual coyuntura económica, el Gobierno de España ha revisado el acuerdo estratégico con ONU Mujeres y ha decidido que por ahora lo mejor para su colaboración con ONU Mujeres es comunicarse directamente con la sede en Nueva York. Por lo tanto ONU Mujeres está cerrando su oficina de enlace en Madrid, y espera seguir manteniendo una buena colaboración con España", dice la hasta ahora directora de ONU Mujeres en España, Rocío Rodríguez, en un mail de despedida al que ha tenido acceso eldiario.es

    ONU Mujeres cuenta con 70 oficinas repartidas por todo el mundo. En el caso de España, su delegación nunca tuvo un acuerdo de sede, esto es, un reconocimiento diplomático similar al que se produce con las embajadas. Sí contaba con un acuerdo marco con el Reino de España.

    Las mujeres cobran menos que los hombres pese a trabajar en igualdad de condiciones



    Las mujeres, en igualdad de condiciones, cobran menos que los hombres. La diferencia de sueldo en España es del 15,3% de media y, "en ningún caso, las mujeres perciben mayor remuneración que los hombres ni por condicionantes personales, ni empresariales, ni geográficas, ni de competitividad".


    Así se desprende del estudio, “Determinantes de la Brecha Salarial de Género en España”, presentado hoy conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo Superior de Cámaras.

    Los hombres ganan un 20% más que las mujeres en salario fijo, pero la brecha es más notable respecto a la remuneración variable. En incentivos las mujeres cobran un 37% menos que sus compañeros.

    Son los puestos de responsabilidad los que presentan un mayor porcentaje de desigualdad salarial. Ellas cobran un 25,9% de media menos que en los de baja responsabilidad (12,9%). Los de dirección ocupados por mujeres se retribuyen con un 33,2% de media menos, mientras que en administración o servicios técnicos la diferencia es un 29,9% y un 20,3% menos, respectivamente.

    La edad, la formación o la localización también influyen
    Otros de los principales factores en los que la brecha salarial se acrecenta son: por motivos de formación, edad o, incluso, por la comunidad autónoma en la que se desarrolle la actividad laboral.

    Es a partir de los 25 años y hasta los 34 años cuando el desequilibrio se amplía al 2% y sigue aumentando en adelante hasta alcanzar una diferencia del 10% a partir de los 55 años.

    Respecto al nivel de estudios, se pone de manifiesto que la diferencia aumenta conforme la preparación del empleado es mayor. Así, mientras el porcentaje de la diferencia en personas sin estudios o con educación secundaria es del 17,7% y del 25,3%, respectivamente, esta cifra es mayor en el caso de personas con una titulación de formación profesional de grado superior (26,7%) o con licenciatura universitaria o doctorado (30,3%).

    Incluso la comunidad autónoma en la que se desarrolle la actividad profesional muestra grandes diferencias salariales. Las mayores desigualdades se observan en la Comunidad de Madrid, Asturias, Cataluña, Cantabria y Aragón, donde la retribución oscila entre los 3 y los 5 euros por hora trabajada menos, según el estudio.

    Por el contrario, las comunidades donde el salario es más igualitario son Murcia, Ceuta y Melilla, Canarias y Andalucía, entre los 0,1 y los 2 euros de diferencia.

    Los datos son "inadmisibles"
    El informe concluye que el 53% de la diferencia de retribución respecto al salario fijo, no se puede atribuir a criterios de nivel de estudios o de responsabilidad, el tipo de jornada laboral o de contrato, la edad o antigüedad en la empresa, sino a factores discriminatorios, según el Director del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras, Juan De Lucio.

    Carmen de Miguel, Secretaria General del Consejo Superior de Cámaras, ha señalado que, España "no puede permitirse desperdiciar el talento del 52% de la población que representan las mujeres".

    Por su parte, el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha calificado de "inadmisibles" los datos arrojados por el informe y ha asegurado que la sociedad "no puede aceptar" la situación actual de la brecha salarial en España.

    Reacción a la igualdad

    Mujeres achacan a los recortes el desplome de llamadas al número del maltrato


    Denuncian el desánimo que existe a la hora de dar un paso adelante
    Sin ayudas y sin trabajo, optan soportar el maltrato por sus hijos
    El PSOE reclama que no se reduzca el presupuesto el 27% previsto
    El Gobierno pide no hacer 'diagnósticos aventurados que no conducen a nada'


    ¿Por qué se han desplomado las llamadas al teléfono de información y asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia de género -el 016-? Varias asociaciones de mujeres y el PSOE coinciden en afirmar que la disminución en alrededor de un 50% se debe "a los recortes del Gobierno, que afectan especialmente a las mujeres más vulnerables".

    "Ya advertimos de que esto iba a pasar porque las mujeres se han dado cuenta de que en 2012 se ha producido un retroceso importante en los mecanismos de protección y si no, que se lo pregunten a las maltratadas de Castilla-La Mancha o de Cantabria que han visto cómo se cierran casas de acogida", señaló la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.

    Además, cree que la reforma judicial también está socavando las posibilidades de las mujeres para huir de su maltratador. "Las primeras acciones judiciales son por la vía civil y hay que pagar. Un argumento de mucho peso que impide a la gente sin recursos de la posibilidad de obtener justicia y muchas de las mujeres que sufren violencia de género son rehenes de su maltratador porque no trabajan".

    El 016 es el teléfono de información y asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia de género

    De forma parecida se manifestó la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, "los mensajes contradictorios que ha enviado el Gobierno sobre violencia de género han sido determinantes, al igual que los recortes que ha llevado a cabo tanto en prevención, atención y en todo lo relacionado con la violencia de género. En cuanto se baja la guardia, pasan estas cosas".

    "Los recortes en violencia de género es un factor que desanima a las mujeres a la hora de tomar un decisión. Pero el paro que sufren es también determinante, sin independencia económica, la mujer no denuncia porque depende del maltratador y sigue soportando los malos tratos porque no puede sacar adelante a sus hijos", dijo.

    Aún siendo preocupantes los datos sobre el descenso de llamadas al 016, Besteiro destacó que los es aún más que "solo cinco de las 45 mujeres muertas en lo que va de 2012 había denunciado a su agresor. Esto significa que hay una bolsa muy grande de maltrato".

    Por su parate, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha reclamado al Gobierno que "reponga ese 27% del presupuesto para combatir la violencia de género que eliminó en los presupuestos del 2012 y ahora del 2013, antes de que se aprueben definitivamente los PGE para el año 2013" porque estos recortes "están dejando desprotegidas a las mujeres que sufren violencia de género".

    Por último, la diputada socialista y feminista Ángeles Álvarez, denunció que la politíca del PP crea "mujeres dependientes que son incapaces de levantar un teléfono para denunciar un maltrato". "La disminución en el número de llamadas al 016 son la consecuencia de las medidas que se empezaron a tomar hace un año, los recortes indiscriminados que significarán para muchas mujeres retrocesos irreparables", concluyó Álvarez.

    Sobre estas reacciones, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha pedido no hacer "diagnósticos aventurados que no conducen a nada". "Hay que seguir transmitiendo a las mujeres el mensaje de que estamos allí para ellas y trasladarles confianza", ha remarcado.

    En declaraciones a Efe, ha subrayado que la partida presupuestaria destinada al 016 se ha ampliado" y supone una de las herramientas pioneras para la defensa de las mujeres.

    Hernández ha insistido en la importancia de que "de manera conjunta" toda la sociedad siga mandando a las mujeres un mensaje de apoyo y protección para que éstas puedan seguir confiando en los instrumentos de los que disponemos para la lucha contra la violencia machista.

    El presupuesto para 2013 destinado al servicio telefónico 016 ha aumentado 390.000 euros hasta los 5,2 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.