26 de septiembre de 2011

“No podemos seguir con normas y estructuras laborales franquistas”

¿Por qué considera necesario el contrato único indefinido, con una indemnización por despido de veinte días por año de trabajo?
Porque tenemos una maraña de contratos, que lo único que hacen es segmentar y crear dificultades al mercado de trabajo. Por un lado tenemos los contratos indefinidos blindados y, por otro, los empleos temporales que son la forma de flexibilidad que tienen las empresas para ajustar la oferta a la demanda. Se ha generado una brecha entre unos trabajadores y otros, y las compañías toman decisiones de contratación y despido, no pensando en la contribución de la persona a la empresa, sino en función de su antigüedad y de su coste. Obliga al empresario a tomar unas decisiones que no son de gestor de empresa, que tiene que multiplicar los recursos en la medida de lo posible.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dice que el contrato único no existe en ningún país desarrollado y que aumentaría la precariedad laboral.
No sé lo que ha estudiado el ministro, pero yo le aseguro que todos los informes serios sobre el mercado de trabajo indican que no existe ningún país como España. Si juntamos los tipos de contrato, más las subvenciones y la categoría laboral hay más de 50 modalidades. En Estados Unidos sólo se distingue entre sí las personas que tienen trabajo, o no. Hay un marco general y homogéneo para todos los contratos y todas las categorías, y luego hay una especificidad enorme, según el acuerdo con el trabajador.
¿Cómo ve que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya apoyado este contrato?
Los hechos nos dan la razón. Desde febrero de 2009 defendemos esta fórmula. Fuimos pioneros en plantearlo. Muchas otras instituciones han comprendido que es un modelo para romper la dualidad. Se dice que en España el mercado laboral es muy rígido. Si es así ¿cómo es posible que haya cinco millones de parados? No. Tenemos una flexibilidad total en los contratos temporales –en el 25% de los asalariados– y una rigidez total –en el 65% restante– en los empleos fijos. Todos los ajustes se están haciendo por los contratos temporales, lo cual es una enorme injusticia. Estamos asistiendo a la deslocalización de las empresas por los costes. En los años ochenta las compañías venían a España porque teníamos unos costes laborales más bajos y, ahora, se van a otros países; a los emergentes. Es una cadena imparable. Y España no puede tratar de competir con estructuras y legislaciones laborales del franquismo.
¿Por qué es preciso lanzar un contrato de formación para jóvenes que sea flexible y de bajo coste para el empresario?
Hablamos de la inmersión y de la formación en la empresa. España tiene muchísimos titulados universitarios y muchísimos graduados sociales, pero, en medio, no tenemos nada en formación. No tenemos esa pirámide laboral. En Alemania, tienen chavales en las escuelas y en las cadenas de montaje de Mercedes o de Siemens. ¡¡Qué horror, explotan a los chavales!! No es así. Pedimos contratos en prácticas que combinen la formación, a cargo de las escuelas, y la actividad laboral, a cargo de las empresas, pero que sus costes no sean un impuesto revolucionario para las compañías. Con la extensión del contrato de formación hasta los 30 años, el Gobierno ha bajado los costes sociales. Mejor es eso que nada.

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