Freno a la prostitución en las carreteras

Madrid- La prostitución es el tercer negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y de drogas. ¿Las víctimas? Las mujeres, forzadas en la mayoría de los casos a vender su cuerpo bajo la coacción de grupos y mafias organizadas. Se antoja necesario frenar esta lacra, pero, ¿qué medidas tomar? ¿Debe penalizarse el consumo, o también incidir en el ejercicio de la prostitución? En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que estudia, en colaboración con el Ministerio de Justicia, endurecer las medidas a través de reformas en el Código Penal, y que contempla asimismo multar a las prostitutas que ejerzan en las carreteras. Así, podría incluirse «alguna tipificación» en el marco de la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal, explicó durante el desayuno informativo Fórum Europa-Tribuna Catalunya, celebrado en Barcelona, informa Efe.
El ministro del Interior aseguró que «estudia» esta posibilidad porque es necesario «acabar con ese espectáculo lamentable y degradante». «A ninguna persona civilizada le gusta ese espectáculo. Todos tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con estas conductas que explotan a las mujeres y dan una imagen del país muy poco edificante», añadió.

¿Trabajo voluntario?
Con todo, fuentes del Ministerio del Interior afirmaron a LA RAZÓN que «se está estudiando» esta posibilidad, sin confirmar ni desmentir ningún supuesto.
La posibilidad de que se penalice el ejercicio de la prostitución no ha dejado indiferente a los colectivos implicados. El colectivo Hetaira, en defensa de los derechos de las prostitutas, reivindicó ayer los derechos de aquellas mujeres que trabajan «autónomamente». Así, la asociación manifestó ayer su «indignación ante una medida» que «atentaría» contra los Derechos Humanos de quienes ejercen por decisión propia. Por otra parte, consideran que las «medidas prohibicionistas, sean administrativas o penales», obligan a estas mujeres a «dirigirse a locales cerrados bajo condiciones de trabajo abusivas».
Mientras, ¿qué opinan los juristas de una hipotética reforma del Código Penal? «Estamos en contra de que se dé el mismo tratamiento a la mujer que ejerce la prostitución y al cliente que la consume», asegura a este diario Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Y es que «no es equiparable» la situación de quien «consume voluntariamente» y la de aquellas mujeres que «en su mayoría», ejercen de forma obligada la prostitución.

Sanción administrativa
Así, esta asociación se sitúa «en contra de la penalización» a las meretrices –para Cerrillos «se regresaría a la antigua ley de orden público–, mientras que, en lo que se refiere a consumidores, «existen muchos caminos intermedios antes de llegar a la penalización», como es el caso de aquellos países nórdicos que multan a los clientes.
Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FdV) mostraron su disconformidad. Eso sí, con alguna puntualización. En declaraciones a Ep, José Luis de Armengol, portavoz de FdV, se mostró ayer favorable a sancionar a las prostitutas por la vía administrativa. Ahora bien: la ley ya «despenalizó» estas conductas, por lo que sería «una regresión» incluirlas en la próxima reforma del Código Penal. Otra cuestión, afirmó Armengol, es el castigo a los clientes, contemplado en la legislación de varios países de nuestro entorno.
«Hay una respuesta penal suficiente», en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de JpD, a la hora de combatir la explotación sexual de mujeres, por lo que no se debería «criminalizar» a las meretrices. Bosch cree que el Estado debería aportar una solución de naturaleza «social» a estas situaciones, ya que una respuesta penal sólo puede llevar a las mujeres a «un mayor estado de clandestinidad que acentúe la explotación».

Tienen que denunciar
Desde la Fundación Mujeres, su portavoz, Marisa Soleto, considera que habría otro problema derivado de esta penalización. «No queremos que se deje sin efecto otras medidas contra la trata, como es el proceso de denuncia», asegura. Y es que, si para muchas mujeres ya es un paso difícil desenmascarar a sus proxenetas –se enfrentan a extorsiones y amenazas–, el hecho de enfrentarse a una sanción podría suponer un obstáculo insalvable.
Soleto subraya que «Fundación Mujeres y otras organizaciones feministas estamos convencidas de que es necesario tomar medidas que apuesten por la abolición de la prostitución». Y, en ese sentido, «bienvenidas sean todas las medidas». Sin embargo, antes de «tocar» el Código Penal, considera que sería necesario asegurarse del «efectivo cumplimiento del articulado actual», como es el «enriquecimiento de terceros». Es decir: evitar la «permisividad» con el proxenetismo.


Los anuncios de contactos, aún en los kioscos por los recortes
Desde diciembre de 2009, LA RAZÓN dejó de incluir anuncios de contactos. Una iniciativa que no ha sido seguida por todos los diarios, pese a que ayudaría a no dar publicidad a una actividad delictiva. El pasado año, todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Igualdad se mostraron conformes a la hora de poner límites a estos anuncios. Y desde el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales existe un compromiso de actuación, aunque sin fecha de inicio. Uno de los motivos es la difícil situación económica que atraviesa la Prensa, fruto de los descensos en el volumen de Publicidad. A este hecho se suma la intensa actividad en los recortes presupuestarios, que a día de hoy es una de las prioridades del Gobierno. De llevarse a cabo una reforma, la fórmula contemplada sería la modificación de la Ley General de Publicidad, planteada por el Consejo de Estado en 2010. Hoy, los diarios ingresan por esta vía entre 1 y 2 millones al año.