Familia diseña con el Diálogo Social unas ayudas de emergencia homogéneas en la Comunidad

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades da un paso más a favor de la inclusión de las personas que más lo necesitan en Castilla y León. Así, la consejera de Familia, Milagros Marcos, y representantes del Diálogo Social, formado por CCOO, UGT y Cecale, han suscrito hoy un acuerdo por el que se establecen las reglas básicas de la concesión de las prestaciones económicas, destinadas a la atención de las necesidades básicas de subsistencia en situaciones puntuales de emergencia o urgencia social. El contenido de este acuerdo se plasmará en un decreto que aprobará próximamente la Junta de Castilla y León.

Estas prestaciones económicas, únicas y finalistas, de carácter extraordinario y urgente, tratan de paliar parcial o totalmente situaciones de urgencia social de familias con necesidades básicas de subsistencia y que no puedan ser atendidas por sus medios, ya sea por razones sobrevenidas o por falta continuada de recursos básicos y que precisan de una ayuda puntual.

Con la firma, que da cumplimiento al acuerdo alcanzado en el momento de aprobar la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social serán homogéneas en toda la Comunidad y constituirán un derecho subjetivo para todas aquellas familias que, de forma puntual, no pueden cubrir sus necesidades de alimentación, los cuidados personales esenciales, como vestido o higiene, o un alojamiento temporal ante casos de emergencia o urgencia social.

Pero también se valorará cualquier otra circunstancia que impida a la persona la permanencia en su domicilio habitual, que esté en juego su integridad física, o que pueda generar un riesgo de exclusión social irreversible.

Los profesionales del Equipo de Acción Social Básica del Centro de Acción Social (CEAS) serán los encargados de valorar la situación de la persona afectada, y de los integrantes de la unidad familiar, así como de emitir un informe social, que llevará aparejado con carácter general un Proyecto Individidualizado de Inserción.

Los profesionales, una vez diagnosticada la situación, deberán resolver y prestar la ayuda en un plazo no superior al mes. Eso sí, se establecerán procedimientos de urgencia abreviados para situaciones de extrema necesidad.

Serán potenciales beneficiarios de estas ayudas de urgencia social mayores de edad o menores emancipados que soliciten de forma personal, o bien se podrá iniciar de oficio, una intervención urgente del sistema de Servicios Sociales. Quedan excluidas las personas que residan en centros pertenecientes a instituciones o entidades. En el caso de que el perceptor de la ayuda quede internado en uno de esos centros, cualquier otro integrante de la unidad familiar que reúna los requisitos podrá subrogarse la titularidad de la prestación.

Requisitos y obligaciones de los beneficiarios

Deberán llevar residiendo en Castilla y León, al menos, seis meses, y mantener la residencia en la Comunidad mientras perciban la ayuda. Estarán obligados a facilitar toda la información necesaria para la elaboración del informe social, y colaborar en las tareas de evaluación y seguimiento.

Los ingresos anuales de la unidad familiar o de convivencia no podrán ser superiores a 1,2 veces el IPREM (7.668,15 euros), cantidad que se irá incrementando en función del número de miembros de la unidad familiar, hasta un límite máximo de 1,8 veces el IPREM anual.

Para el cómputo de la cuantía, se tendrán en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar o de convivencia, la situación actual de la persona, pero no computarán los ingresos de carácter finalista para un fin concreto y se descontarán los gastos ocasionados por alquiler o hipoteca.
El importe máximo que podrá recibir un mismo titular a lo largo del año natural no superará el 0,5 del IPREM, es decir hasta 3.195 euros anuales, y no podrá beneficiarse si algún otro miembro de la unidad familiar ha contado con esta misma ayuda a lo largo del año, salvo casos de extrema necesidad.

Las ayudas son inembargables y las familias en ningún caso podrán destinar el importe de la prestación a otra finalidad distinta para lo que se concedió. Además, deberán justificar ante las corporaciones locales los gastos realizados mediante facturas, recibos u otros documentos.

Este tipo de prestaciones sociales serán compatibles con la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y no computarán a la hora de establecer cuánto le corresponde para percibir la Renta.

Corresponderá, como hasta ahora, a las entidades locales gestionar estas prestaciones, mientras que la Junta de Castilla y León asume la garantía de financiación de las ayudas. La financiación prevista por las Administraciones públicas (Junta y corporaciones locales) asciende a tres millones de euros.

Además, la Administración Autonómica, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, establecerá, con la colaboración de las corporaciones locales, un sistema de seguimiento y evaluación periódico de esta prestación. El objetivo: homogeneizar actuaciones entre las distintas entidades locales, consensuar criterios técnicos de gestión, analizar los resultados, mejorar la eficiencia de la prestación, identificar las buenas prácticas y corregir posibles deficiencias, así como evaluar los resultados de los proyectos individuales de inserción.