Las empresas cotizadas europeas estarán obligadas a destinar al menos el 40% de los puestos de sus consejos de administración en el año 2020, según la propuesta legislativa que la Comisión Europea presentará en octubre.
La medida será obligatoria para aquellas compañías que cuenten con más de 250 empleados o tengan unos ingresos superiores a 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento, se enfrentan a sanciones administrativas y podrían ser excluidas de las ayudas estatales y de la adjudicación de contratos.
La cuota, que sólo se aplicará a los miembros no ejecutivos del principal órgano de administración de una organización, pretende salvar el desequilibrio de género en las empresas y responde al fracaso de las medidas de autorregulación que Bruselas impulsó para tratar de aumentar la presencia femenina en las organizaciones.
Según la UE, en enero, las mujeres representaban el 13,7% de los puestos de consejeros de las cotizadas europeas, cuando suponen el 60% de los licenciados universitarios.
La medida no es excepcional, señala la Comisión, ya que once Estados miembros han adoptado cuotas nacionales para reforzar la igualdad de género en los consejos. Los casos en los que se han implantado, la presencia femenina aumentó de forma importante. En Francia, por ejemplo, la ley entró en vigor enero de 2011. Contempla que el 20% de los consejeros deben ser mujeres en 2014 y el 40% en 2017. El número de mujeres aumentó 10 puntos porcentuales en un año, hasta el 22%.
Otros estados miembros en los que se ha implantado el sistema son Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria, Eslovenia y España. En el caso español, la ley de 2007 establece que todas las empresas con más de 250 empleados deben contar con planes de igualdad y prevé sanciones en caso de incumplimiento.
Entre los países contrarios figuran Reino Unido y Suecia, al igual que las grandes empresas, que han instado a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, principal impulsora de romper el denominado techo de cristal, a aplazar la propuesta, con el argumento de que, con la crisis, no es momento de hacer grandes cambios en la alta dirección y que la medida interfiere en la libre decisión de empresas y accionistas de organizar sus asuntos internos.
La medida será obligatoria para aquellas compañías que cuenten con más de 250 empleados o tengan unos ingresos superiores a 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento, se enfrentan a sanciones administrativas y podrían ser excluidas de las ayudas estatales y de la adjudicación de contratos.
La cuota, que sólo se aplicará a los miembros no ejecutivos del principal órgano de administración de una organización, pretende salvar el desequilibrio de género en las empresas y responde al fracaso de las medidas de autorregulación que Bruselas impulsó para tratar de aumentar la presencia femenina en las organizaciones.
Según la UE, en enero, las mujeres representaban el 13,7% de los puestos de consejeros de las cotizadas europeas, cuando suponen el 60% de los licenciados universitarios.
La medida no es excepcional, señala la Comisión, ya que once Estados miembros han adoptado cuotas nacionales para reforzar la igualdad de género en los consejos. Los casos en los que se han implantado, la presencia femenina aumentó de forma importante. En Francia, por ejemplo, la ley entró en vigor enero de 2011. Contempla que el 20% de los consejeros deben ser mujeres en 2014 y el 40% en 2017. El número de mujeres aumentó 10 puntos porcentuales en un año, hasta el 22%.
Otros estados miembros en los que se ha implantado el sistema son Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria, Eslovenia y España. En el caso español, la ley de 2007 establece que todas las empresas con más de 250 empleados deben contar con planes de igualdad y prevé sanciones en caso de incumplimiento.
Entre los países contrarios figuran Reino Unido y Suecia, al igual que las grandes empresas, que han instado a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, principal impulsora de romper el denominado techo de cristal, a aplazar la propuesta, con el argumento de que, con la crisis, no es momento de hacer grandes cambios en la alta dirección y que la medida interfiere en la libre decisión de empresas y accionistas de organizar sus asuntos internos.
Las empresas españolas opinan
En el mismo sentido se han manifestado las empresas españolas. La Comisión abrió una consulta pública para conocer su opinión sobre la imposición de cuotas en los consejos. Las grandes compañías españolas, a través de Emisores Españoles (que integra a cuarenta grandes grupos cotizados que representan más del 50% del mercado bursátil español y el 60% del Ibex) respondieron mostrándose contrarias a las cuotas, así como su rechazo a que puedan aplicarse sanciones por incumplimiento por considerar que podría interferir en la gestión privada de las sociedades, especialmente en un momento en el que se advierte una tendencia positiva en este respecto en los órganos de administración.
Para ello aluden a los datos de la CNMV. Estos revela que en 2066 había 26 consejeras en las empresas del Ibex 35. Este año, son 63 los puestos ocupados por mujeres en los consejos de administración del índice selectivo (representados por 58 mujeres, ya que cuatro de ellas están en dos empresas), lo que supone un porcentaje de 12,5%.
Los grandes grupos españoles planteaban, a cambio, nuevas medidas de gobierno corporativo y nuevas recomendaciones, bien en los códigos de buen gobierno o en los códigos éticos de cada empresa para seguir impulsando la presencia de mujeres en los consejos.
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