En Malta, prohibido y penado por ley; en el Vaticano, prohibido sin excepción; en Holanda, aborto dentro de las 24 primeras semanas de gestación. Estos tres países son el norte y el sur de la legislación sobre el aborto en el continente europeo, en el que las leyes de plazos siguen triunfando por encima de la de supuestos.
El más restrictivo, Malta, donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y puede suponer de 18 meses a 3 años de cárcel, y Holanda, con la legislación más abierta representan la cara y cruz de una ley que no deja indiferente a nadie en el mundo. ¿Y España dónde queda entonces ahora?
Con el el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada presentado este viernes en el Consejo de Ministros, España se sitúa muy cerca de Malta o Finlandia, donde o bien la práctica del aborto está prohibida, o bien sólo está permitida para salvar la vida de la madre.
La nueva ley introduce importantes cambios respecto a los derechos del concebido, restricción del aborto eugenésico y en menores de edad y el fin de reproches penales a la mujer.
El anteproyecto de ley recupera la primera normativa sobre el aborto, aprobada por el PSOE en 1985, aunque es más restrictiva respecto a las malformaciones, que suponen 3.400 abortos al año. Permite el aborto sólo en dos supuestos: en casos de violación en un plazo de 12 semanas o cuando exista riesgo para la salud física o psíquica para la mujer hasta la semana 22 de gestación.
La mayoría de los países europeos se decanta, como hasta el momento ha tenido España, por un sistema de plazos, que legisla la última semana en la que se permite abortar. Sólo unos pocos países prefieren un sistema de supuestos, entre ellos, Finlandia, con seis supuestos, y donde se exige además la autorización de dos médicos, o la mayoría de los países latinoamericanos y musulmanes de Asia.
La normativa vigente en estos momentos en España es un sistema de plazos con aborto libre en las primeras 14 semanas, que ahora con la nueva ley pasa a ser un sistema de supuestos desvinculándose de la mayoría de los países europeos.
Esta situación legal es bastante similar, por ejemplo, a la de países como Portugal o Grecia (con aborto libre hasta las 10 y 12 semanas respectivamente, pero con plazos más amplios de hasta 24 semanas en algunos casos).
Con la ley de Gallardón el aborto por voluntad propia (14 semanas) desaparece y ya sólo será legal en dos supuestos: si la mujer ha sido violada y lo ha denunciado y si hay grave peligro para su vida o su salud física o psíquica.
El aborto es ahora mismo ilegal en Malta, Andorra y El Vaticano. Está permitido hasta las 10 semanas de gestación en Portugal. Durante los primeros 90 días en Italia. En las primeras 12 semanas, en la mayoría de los países (Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Eslovaquia, Grecia...). Hasta la semana 14, en Rumania. Y como los más permisivos, Suecia que permite abortar hasta las 18 semanas y Holanda hasta la 24.
En Polonia, por ejemplo, no existen plazos legales para llevar a cabo la intervención, salvo en el supuesto de enfermedad del feto (anterior a las doce semanas). No obstante, los supuestos contemplados son menos y van desde el incesto hasta la violación.
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