Una condena “en términos generales” al despido de mujeres por estar embarazadas, pero sin valorar los tres que en los últimos meses se han producido en la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial, es lo que firmaron a medias ayer la secretaria general de Igualdade, Susana López Abella, y la secretaria general de Política Social, Coro Piñeiro. “En ningún caso es justificable”, comenzó Abella, que, preguntada por los casos de la fundación pública, dependiente de la Consellería de Economía, puntualizó que no podía dar explicaciones al respecto. “No estamos seguros de que el despido haya sido por estar embarazada”, completó, a su lado, Piñeiro. La justicia ha obligado a la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial a readmitir a dos trabajadoras a las que dejó en la calle estando embarazadas o de baja por maternidad, la última en marzo, pero pese a las sentencias, el pasado mes el organismo despidió a cinco personas, una de ellas a una empleada embarazada de cinco meses. Las destituciones se justificaron por “razones objetivas de productividad y económicas”.
Las secretarias presentaban un estudio sobre discapacidad y mujer que pretende identificar las líneas de actuación necesarias para mejorar la inclusión de un colectivo que representa el 6,2% de la población gallega. El informe identifica una “triple discriminación” que suma a las condiciones de mujer y discapacitada, el lugar de residencia. Aunque no hay datos, las conclusiones de equipos de debate con personas relacionadas con este ámbito señalan que vivir en el rural “influye en el acceso a la información y a la formación”. Las encuestadas, sin embargo, no consideran la violencia de género psicológica como tal, si no como un “comportamiento inapropiado” y perciben la desigualdad como algo secundario. Las mujeres, que suponen el 61% de los discapacitados, consideran que mejorar la accesibilidad y la colocación laboral son los pilares de su autonomía. En las tasas de empleo y paro, los porcentajes de las mujeres están siempre varios puntos por debajo del de los hombres. Frente al 32,8% de trabajadores con discapacidad hay un 22% de empleadas, más de 10 puntos menos. En la tasa de paro, se contabiliza un 14,5% de hombres mientras que no encuentra trabajo el 19,4% de las mujeres. Coro Piñeiro indicó que en 2011 se contrató a 421 personas con discapacidad en 311 empresas a través del programa específico que tiene la Consellería de Traballo.
Las zonas rurales precisan de medidas específicas para la detección y atención de casos de violencia de género, concluye también el estudio, así como un protocolo de prevención e intervención adecuado a personas con discapacidad que puedan utilizar las asociaciones. Pese a que el estudio señala estos como puntos a mejorar, Abella apuntó que ya “se está trabajando para romper esa doble barrera” desde los centros de información comarcales. El pasado año, 27 mujeres —un 9% del total— recibieron ayudas por ser víctimas de violencia de género, mientras que otras cinco era madres de menores con discapacidad. Piñeiro, por su parte, anunció que el anteproyecto de ley de accesibilidad caminará “hacia la excelencia” e incorporará ámbitos no recogidos hasta ahora en la norma, como la comunicación, las telecomunicaciones —una de las principales demandas de las mujeres con discapacidad— o el acceso a bienes y servicios de las instituciones públicas. También ha elaborado su departamento un borrador de decreto de atención temprana para el ámbito sanitario.
