Francisco Sanahuja lleva más de diez años ejerciendo como fiscal en Castellón. Asumió la delegación de violencia de género, después aceptó el cargo como portavoz y hace unos días fue nombrado fiscal decano. En su toma de posesión cargó, impertérrito, contra los políticos que critican, dependiendo de las resoluciones, a jueces y fiscales. Su tono se agrava cuando habla de la violencia de género.
Pregunta. Acaba de acceder a un puesto de nueva creación, ¿cuáles son sus funciones?
Respuesta. Coordinar las distintas secciones de la fiscalía. Unas áreas derivan en otras y se requiere una conexión y coordinación. Hasta ahora ya existía una coordinación que funcionaba y ya ejercía estas funciones, pero con otra denominación.
P. ¿La carencia de medios y la falta de personal exigen una mayor coordinación?
R. Exige un mayor esfuerzo por parte de la plantilla, tanto de fiscales como de funcionarios, que asume más trabajo del que sería razonable.
P. La estructura ¿es operativa o implica mayor burocracia y, por tanto, más lentitud en la resolución de problemas?
R. Al contrario, la especialización determina que no tengas que dedicar tanto tiempo al estudio de asuntos, porque tratas materias que dominas y agiliza la tramitación de procedimientos.
P. ¿Hay diferencias en la fiscalía de antes y la de ahora del fiscal jefe, Javier Carceller?
R. Sí, pero no tanto por la figura de fiscal sino porque es un nuevo modelo organizativo. Hasta hace cinco o seis años la especialización era algo desconocido. Se empezó con violencia de género y actualmente hay fiscales especializados en cada una de las materias. Es un nuevo modelo que está funcionando.
P. La designación de nuevos cargos, ¿ha supuesto algún roce entre los fiscales?
R. El ambiente siempre es extraordinario entre nosotros, sin prejuicio de que en las juntas de fiscales existan opiniones discrepantes sobre puntos variados, desde jurídicos hasta organizativos. Pero no se han creado roces.
P. En su toma de posesión como decano criticó a los estamentos políticos por el cuestionamiento del trabajo de la fiscalía. ¿Se están sobrepasando los límites?
R. Sería deseable no entrar en las descalificaciones, sobre todo, si llegan hasta el ámbito personal.
P. ¿No hay manera de parar esas acusaciones que, en ocasiones, rozan lo delictivo?
R. Que puedan rozar lo delictivo no lo he dicho yo. Evidentemente, no hay manera de pararlas y menos en periodo preelectoral o electorales, en el que el tono de las descalificaciones sube y provoca una avalancha de denuncias de unos contra otros, en las que al final no importa tanto la resolución final, que puede quedar en archivo o en nada, como el hecho de presentarla y salir en los medios. Evidentemente, cuando el procedimiento sigue adelante y se formula una acusación, para el denunciante eres un jurista extraordinario y rigoroso y cuando se archiva está al servicio de no se sabe qué intereses. Lo estamos viendo todos los días.
P. Castellón tampoco se ha librado de algunas de esas críticas. ¿Tienen fundamento?
R. No. Conozco a todos mis compañeros y sé que son objetivos e imparciales, que se ajustan a la legalidad y que intentan hacer su trabajo lo mejor posible.
P. Pese a que la carga de trabajo aumenta, usted defiende que el fiscal debería ser instructor.
R. Sí. Somos el único país de Europa en el que sigue instruyendo el juez. Normalmente, la instrucción corresponde al fiscal, mientras que el juez es el garante de los derechos de los justiciables.
P. ¿No tendrán miedo los jueces de que les quiten el trabajo?
R. No, los jueces seguirán estando, pero con unas funciones distintas.
P. En el tiempo que lleva como delegado en los casos de violencia de género, ¿ha visto una evolución, no numérica, sino en la manera de ejercer esta violencia?
R. No. Y el problema está lejos de solucionarse. Tendrán que pasar varias generaciones hasta que cambien los estereotipos. Pasará tiempo hasta que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.
P. Entonces, ¿no ha habido evolución ni en los autores ni en el tipo de víctimas o de métodos?
R. No. Además, los que trabajamos en violencia de género tenemos claro que la solución no está en el Código Penal, que también; sino en la educación y en el cambio de valores de la sociedad. Creo que lo relevante no debe ser la sanción penal sino la protección de las víctimas y, tras una agresión o acto violento, reintegrar o recuperar a estas mujeres en un modo de vida sin violencia.
P. ¿Funcionan las medidas de protección?
R. En algunos casos sí y en otros, no. Todos sabemos de algunos asesinatos de mujeres que tenían en vigor órdenes de protección. Tienen sus fallos y los poderes públicos no estamos ofreciendo la respuesta que sería deseable.
P. ¿Qué puede hacer la Fiscalía?
Es difícil porque nosotros no actuamos a prevención, no podemos evitar ninguna conducta violenta sino que nuestra intervención se produce cuando hay violencia. Después llega el momento difícil de concretar las medidas de protección o seguridad que requiere cada caso concreto teniendo en cuenta el riesgo, los informes y las circunstancias para adoptar las medidas oportunas que puede ir desde el alejamiento hasta la prisión provisional. Pero, evidentemente, quien quiere matar, mata.
P. ¿Y es inevitable?
R. No sé si es inevitable pero es difícil. En Castellón hay un caso de una mujer que fue asesinada con un dispositivo de telealarma en la mano y un cuartel de la Guardia Civil a 50 metros. Matar es muy fácil y es cuestión de un par de segundos. No sabemos cuando va a actuar el asesino.
Delegada de la igualdad y la mujer
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