Soledad Murillo - Ex secretaria de Estado de Igualdad y miembro del Comité CEDAW de las Naciones Unida
Contar con una agencia como ONU Mujeres representa para cualquier Gobierno una excelente oportunidad, primero porque permite estrechar lazos con las Naciones Unidas, uno de los organismos con mayor enorme poder de influencia en el mundo. Y segundo, porque debido a los múltiples encuentros que convocan a líderes internacionales, se afianzan relaciones de mutua cooperación. Además, la ONU está presente en misiones que España comparte, bien con tropas humanitarias o con servicios médicos, Afganistán o Haití por añadir dos ejemplos.
La mayoría de los países del mundo cuidan sus relaciones con Naciones Unidas, y España, como el resto, necesita de la ONU, no sólo porque tenga expertos en distintos comités y siga presentando candidaturas año tras año, una de las tareas de la Misión Permanente de Nueva York, sino porque mantener un vínculo con un organismo internacional de esta talla engrasa diplomáticamente otras relaciones internacionales, muy convenientes en nuestras especiales circunstancias.
Que ONU Mujeres se elimine, aún sin representar gasto alguno en los presupuestos es una severa torpeza por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y una grave incompetencia por parte del Gobierno. Para empezar, nos quedamos fuera de una solvente red de contactos con otras agencias similares de Europa, Asia, Pacífico, Estados Árabes, Latinoamérica y África. Sabemos que hoy en día cualquier resultado depende de un trabajo en red. Si pensamos en su objetivos, que son tanto asesorar a los Estados -es decir, poner a disposición de sus organismos toda la información que centraliza la agencia de Michelle Bachelet, así como visibilizar aquellas políticas públicas que nuestras comunidades autónomas emprendan en materia de igualdad, aún se entiende menos prescindir de una agencia tan útil y barata.
Sin embargo, estoy segura que ninguno de estos argumentos han entrado en escena y no cabe apelar a la racionalidad para entender la acción de Gobierno, es sencillamente una severa reacción ante la igualdad. Susan Faludi en un texto del mismo nombre -'Reacción'- mostraba con clarividencia que las conquistas de las mujeres serán contestadas, ya no en términos de cambiar una medida por otra, sino de significado. Y así es: no estamos ante la eterna mezcla entre familia e igualdad, o la igualdad entendida de la mano de todos los colectivos posibles, como menores, mayores, o personas con discapacidad.
La carga es de profundidad, porque asistimos a un cambio, a concebir la igualdad como algo inútil e incluso perjudicial para la acción de Gobierno. No se interpreta como una norma de convivencia política y personal, donde mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos, sino como una persistente ola de protesta feminista que troqueló las políticas del Gobierno de Zapatero. Es de obligación, por tanto, si nos ceñimos a esta vieja e insana concepción de la política basada en el esquema de desautorización del adversario, que lo que se puso en pie, los siguientes, lo derriben.
Disolver la igualdad es la principal cruzada de varios ministros de este Gobierno, la palabra género ha mutado en un virus que es preciso extirpar. Ante la próxima reforma del Código Penal, varias asociaciones de mujeres expertas en malos tratos ya han advertido al Ministerio de Justicia que no incluye el término violencia de género y que de esta forma está ignorando la Ley de Igualdad aprobada por unanimidad en el 2004, lo que representa un obstáculo para la labor de jueces y fiscales. El término género sólo aparece cuando la derecha más fundamentalista la describe como una simple “ideología de género” a combatir. Desprecio del que participa este Gobierno, pero esta vez contra el membrete de Naciones Unidas.
Contar con una agencia como ONU Mujeres representa para cualquier Gobierno una excelente oportunidad, primero porque permite estrechar lazos con las Naciones Unidas, uno de los organismos con mayor enorme poder de influencia en el mundo. Y segundo, porque debido a los múltiples encuentros que convocan a líderes internacionales, se afianzan relaciones de mutua cooperación. Además, la ONU está presente en misiones que España comparte, bien con tropas humanitarias o con servicios médicos, Afganistán o Haití por añadir dos ejemplos.
La mayoría de los países del mundo cuidan sus relaciones con Naciones Unidas, y España, como el resto, necesita de la ONU, no sólo porque tenga expertos en distintos comités y siga presentando candidaturas año tras año, una de las tareas de la Misión Permanente de Nueva York, sino porque mantener un vínculo con un organismo internacional de esta talla engrasa diplomáticamente otras relaciones internacionales, muy convenientes en nuestras especiales circunstancias.
Que ONU Mujeres se elimine, aún sin representar gasto alguno en los presupuestos es una severa torpeza por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y una grave incompetencia por parte del Gobierno. Para empezar, nos quedamos fuera de una solvente red de contactos con otras agencias similares de Europa, Asia, Pacífico, Estados Árabes, Latinoamérica y África. Sabemos que hoy en día cualquier resultado depende de un trabajo en red. Si pensamos en su objetivos, que son tanto asesorar a los Estados -es decir, poner a disposición de sus organismos toda la información que centraliza la agencia de Michelle Bachelet, así como visibilizar aquellas políticas públicas que nuestras comunidades autónomas emprendan en materia de igualdad, aún se entiende menos prescindir de una agencia tan útil y barata.
Sin embargo, estoy segura que ninguno de estos argumentos han entrado en escena y no cabe apelar a la racionalidad para entender la acción de Gobierno, es sencillamente una severa reacción ante la igualdad. Susan Faludi en un texto del mismo nombre -'Reacción'- mostraba con clarividencia que las conquistas de las mujeres serán contestadas, ya no en términos de cambiar una medida por otra, sino de significado. Y así es: no estamos ante la eterna mezcla entre familia e igualdad, o la igualdad entendida de la mano de todos los colectivos posibles, como menores, mayores, o personas con discapacidad.
La carga es de profundidad, porque asistimos a un cambio, a concebir la igualdad como algo inútil e incluso perjudicial para la acción de Gobierno. No se interpreta como una norma de convivencia política y personal, donde mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos, sino como una persistente ola de protesta feminista que troqueló las políticas del Gobierno de Zapatero. Es de obligación, por tanto, si nos ceñimos a esta vieja e insana concepción de la política basada en el esquema de desautorización del adversario, que lo que se puso en pie, los siguientes, lo derriben.
Disolver la igualdad es la principal cruzada de varios ministros de este Gobierno, la palabra género ha mutado en un virus que es preciso extirpar. Ante la próxima reforma del Código Penal, varias asociaciones de mujeres expertas en malos tratos ya han advertido al Ministerio de Justicia que no incluye el término violencia de género y que de esta forma está ignorando la Ley de Igualdad aprobada por unanimidad en el 2004, lo que representa un obstáculo para la labor de jueces y fiscales. El término género sólo aparece cuando la derecha más fundamentalista la describe como una simple “ideología de género” a combatir. Desprecio del que participa este Gobierno, pero esta vez contra el membrete de Naciones Unidas.
