La magistrada no solo mantiene la imputación de este facultativo, que cerró las tres clínicas que regentaba en Barcelona, sino también las de miembros de su equipo médico, entre psiquiatras, anestesistas y otros profesionales. De esta manera, acuerda que continúe el proceso contra un total de 12 personas.
Con este auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ultima el proceso judicial que ha durado más de cuatro años. La operación y las detenciones de los principales miembros de esta trama se produjeron a finales del 2007. Cinco personas, entre ellas Carlos Morín, permanecieron unos días en la cárcel y a otros imputados se les impuso una fianza para eludir su ingreso en prisión. Meses después, las mujeres que abortaron fueron exculpadas.
Abortos "en una pluralidad de pacientes"
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Morín y su esposa crearon una "estructura estable y permanente" a través de varias clínicas que gestionaban en Barcelona, dedicada de forma casi exclusiva a realizar interrupciones voluntarias del embarazo "sin sujeción a ningún requisito legal ni ningún plazo temporal".Las actividades de las clínicas Ginemedex, T.C.B y Emecé, según el ministerio público, alcanzaron "una gran difusión" no sólo en Barcelona, sino en el resto de España y en Europa, "de donde frecuentemente provenían mujeres embarazadas que en sus países no podían interrumpir sus embarazos por falta de requisitos legales".
Las clínicas del doctor Morín, de las que es socia su esposa, la enfermera María Luisa D., realizaban abortos a embarazadas que superaban las 22 semanas de gestación, tras lo que se alteraban las ecografías haciendo constar en las mismas una edad inferior del feto.
Gestaciones muy avanzadas
La fiscalía sostiene que entre los 101 abortos ilegales que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras que se encontraban en la semana 29, 28 o 27.Las clínicas de Carlos Morín efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante, sin que las pacientes fueran visitadas por un psiquiatra, de manera que era personal del propio centro el que rellenaba de forma mendaz los tests para evaluar el estado mental de las mujeres. En otros casos, los abortos se efectuaban acogiéndose al supuesto legal de que el feto nacería con graves taras, pero, añade la fiscal, a los expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que acreditara esa malformación.
