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12 de abril de 2013

La Xunta recorta un 25% las ayudas a las víctimas de la violencia machista



El Gobierno gallego reduce en casi 600.000 euros la dotación presupuestaria del "salario de la libertad" pese a tener que ampliar su crédito en años anteriores por el gran volumen de solicitudes presentadas



Nuevo tijeretazo social, esta vez en uno de los los eslabones más débiles de la cadena. La secretaría general de Igualdad, órgano dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta, acaba de convocar las "ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género", esto es, el conocido como "salario de la libertad", creado en tiempos del bipartito de PSdeG y BNG y que, "con carácter general", supone una asignación económica de 600 euros -puede oscilar entre los 400 y los 800 en determinados casos- a las víctimas de violencia machista para liberarlas de la dependencia económica del maltratador. La convocatoria para 2013 viene con una desagradable sorpresa: una reducción del 24,5% en su dotación presupuestaria en comparación con el año anterior.

En 2012, el último de la pasada legislatura, Igualdad le aportó a estas ayudas una partida económica de 2,4 millones de euros. No obstante, el gran "volumen" de solicitudes hizo necesario que, hacia finales del ejercicio económico, en el mes de octubre, el departamento autonómico tuviera que ampliar el crédio de estos subsidios. El número de solicitudes provocó que "no pudiesen ser atendidas por el agotamiento del crédito inicialmente asignado" y por eso "resulta necesario incrementar la dotación presupuestaria" en 218.886,66 euros, argumentaba el Gobierno gallego.



No fue 2012 el primer año en que las ayudas solicitadas superaron las previsiones gubernamentales. También en 2011 sucedió, a pesar de ser objeto de una ampliación de crédito, se terminaron los recursos asignados y, a mediados de diciembre de ese año, se daba "a conocer el agotamiento del crédito disponible". A pesar de todo esto, en 2013 las víctimas de las agresiones machistas -en 2012 se presentaron en Galicia 4.788 denuncias- estarán económicamente menos protegidas por el Ejecutivo autonómico. Concretamente, dispondrán de casi 600.000 euros menos, ya que la partida económica se queda en 1,9 millones de euros.

Este recorte se produce en un contexto en el que los principales organismos y personas expertas en la prevención y tratamiento de la violencia machista advierten de que la crisis económica y los recortes sociales se están convirtiendo en un obstáculo para "salir del círculo" violento. La última en advertirlo hasta el momento ha sido la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, quien en días pasados señalaba que el descenso en el número de denuncias por maltrato en los últimos años -en Galicia fue de casi un 20% entre 2011 y 2012- puede "ser debido al impacto de la crisis económica, tanto en la víctima como en su familia y en la propia sociedad".

En este contexto, Montalbán subraya el "esfuerzo social e institucional realizado en los últimos años" en la lucha contra el maltrato y considera necesario "mantener todos los recursos imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas". En un sentido semejante Raquel Castillejo, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago y experta en el estudio y en el abordaje de la violencia machista, explicaba hace pocos meses en Praza Pública que "las mujeres que ya están metidas en la espiral de la violencia ahora salen con mayor dificultad, porque muchas aguantan porque no tienen de que vivir".

5 de abril de 2013

La crisis reduce un 10% las denuncias por violencia machista



La crisis presiona también a las mujeres maltratadas, que presentan cada vez menos denuncias contra sus agresores y las retiran más a menudo. El desempleo, el aumento de la carga familiar y los recortes en prestaciones sociales disuaden a las víctimas de violencia machista de llevar a sus parejas ante la justicia, debido a la dependencia económica, según los expertos.

Desde 2008 ha caído casi un 10% el número de denuncias, según las estadísticas publicadas ayer por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que reúne datos de todos los tribunales. Además, aumenta la proporción de las denuncias retiradas: de las 128.543 mujeres que interpusieron alguna demanda por violencia machista el año pasado —la mayoría, por lesiones—, más del 12% se retiraron (15.592).

“La dependencia económica de las mujeres, que aumenta con la crisis, incrementa el miedo a la denuncia y a la separación. La incertidumbre sobre el futuro y el sentimiento de culpa funcionan para que no se atrevan a denunciar”, declaró en la presentación del informe la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán. “Con la precariedad laboral, que afecta de una manera más severa al sector femenino, la violencia de género vuelve al ámbito doméstico”, añadió.

“Si me hubiera pasado ahora, seguramente no habría denunciado”, relata Amaia Rodríguez (nombre ficticio), una víctima de violencia machista de 49 años que no quiere dar su nombre. Con dos hijos pequeños, se divorció de su agresor hace ocho años, cuando era ama de casa y se agarró “al primer trabajo que pasó para salir adelante”. Empezó a trabajar a media jornada en una pastelería, una posibilidad que la mayoría de las víctimas ve hoy imposible. “La falta de recursos te puede influir mucho a la hora de dar el paso y dejarlo. Si no tienes trabajo, aún más. Estás anulada y es una decisión muy difícil”, zanja Rodríguez.



Fuente: Consejo General del Poder Judicial / EL PAÍS

Desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad son conscientes de la dependencia económica que sufren las mujeres víctimas de violencia de género y su agudización debido a la crisis. Una situación que, afirman, se trata de paliar con los recursos asistenciales gratuitos que están a disposición de la víctima. Un portavoz de Igualdad incide en que se van a destinar 100 millones de euros más para recursos y programas de violencia de género, aunque el Gobierno ha recortado un 21% en medidas de protección y otro 18% en fondos de políticas para la igualdad. Las víctimas critican, sin embargo, que estos recursos se dediquen a fomentar la denuncia, pero que las dejan desamparadas tras el divorcio. “Los mensajes sobre los recortes llegan a estas mujeres y el miedo a la falta de una red existencial provoca que denuncien menos”, añade Montalbán.

La abogada especialista en violencia de género Berta Gutiérrez avala la tendencia y afirma que la retirada de las denuncias es muy habitual. Durante una guardia del turno de oficio esta semana, explica, recibió el caso de una mujer marroquí que denunció a su esposo por malos tratos. Despedida de su trabajo como cuidadora de una anciana y con tres hijos, el menor, un bebé de un mes, ya había retirado una denuncia por los mismos motivos y contra el mismo agresor. “No es que tengan miedo de culminar el proceso judicial, es que lo ven imposible. Cuanto menos se vale por sí misma una mujer, más difícil es salir de las redes de los malos tratos”, explica la abogada. Un 35% de las mujeres que denunciaron por violencia machista en 2012 eran extranjeras, aunque supusieron el 41% de las renuncias a continuar el proceso judicial.

“Venimos detectando un desánimo por parte de muchas mujeres que deberían interponer denuncias y no lo hacen”, constata Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, y aclara que, contrariamente, no se ha percibido un descenso de la violencia machista. Desde 2010, se ha producido una disminución leve y paulatina de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas: 73 en 2010, 61 en 2011 y 52 en 2012 y 12 en lo que va de 2013, según datos del Ministerio de Sanidad. “Ha aumentado la concienciación social, pero no ha descendido la violencia machista. Hay una bolsa oculta de mujeres que sufren violencia y no la denuncian. Entre el 60% y el 70% de las mujeres a las que atendemos no lo han hecho”, explica Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. “Los conflictos económicos del hogar son un factor de riesgo muy importante, un detonante de la violencia machista que no existía en otros tiempos”, apunta Martínez.

“Cuando están mal económicamente, muchas mujeres aguantan y siguen conviviendo con su agresor”, explica Sagrario Mateo, presidenta de la Asociación Aprodemm de asistencia a las mujeres maltratadas de Navarra. Amaia Rodríguez lo avala: “Con la crisis y sin trabajo, ¿adónde vas? Hay que ser realista. Aguantas, porque es lo que has conocido siempre”.

13 de enero de 2013

Los socialistas exigen paralizar que las víctimas de violencia machista paguen tasas judiciales

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha exigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que "paralice mañana mismo", en el Consejo de Ministros, a través de un decreto-ley, que las víctimas de violencia de género tengan que pagar tasas judiciales y "cumpla con su palabra".
nuevatribuna.es | 10 Enero 2013 - 18:31 h.


"El caso más flagrante es el de las víctimas de violencia de género. Gallardón y Mato dijeron que estarían exentas en los procedimientos de separación y divorcio y eso es mentira. Se les hace pagar para salir del infierno del maltrato y la violencia a la que están siendo sometidas", ha denunciado la 'número dos' de los socialistas, tras reunirse con profesionales de la justicia en Ferraz.

Asimismo, ha señalado que es "completamente intolerable" que, mientras el PSOE presenta el recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta norma, antes del 21 de febrero, y se aprueba la Ley de Justicia Gratuita, las mujeres que sufren malos tratos por sus parejas o exparejas tengan que conseguir la tutela efectiva de la justicia "a través de la tarjeta de crédito".

"Gallardón no está en el Gobierno para extender facturas, sino para proteger los derechos de las personas más vulnerables y desprotegidas", ha aseverado Valenciano, que ha insistido en que su partido trabaja en la elaboración de un recurso de inconstitucionalidad para paralizar la aplicación del "tasazo" de Ruiz-Gallardón.

"INUNDAR" DE RECURSOS LA AUDIENCIA NACIONAL

La abogada representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis Verónica del Carpio, que ha participado en el encuentro en Ferraz, ha anunciado que su organización va a poner "de inmediato" un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que desarrolla el formulario de tasas para pedir su "inmediata suspensión". "Si se suspende, no hay formularios y, por tanto, no se paga", ha apostillado.

Si bien se ha mostrado convencida de que la ley es "inconstitucional" y que así lo dictará el TC, mientras tanto, Themis invita a los distintos colectivos sociales de inmigrantes, de ecologistas, partidos políticos, entre otros, a "inundar" la Audiencia Nacional de recursos "para que se vea que hay una voluntad general de paralizar la ley, porque se puede conseguir".

Por su parte, la representante del Sindicato de Secretarios Judiciales Abigail Fernández González, ha denunciado la "complicada" aplicación de la Ley de Tasas en los procedimientos judiciales abiertos y ha advertido de que en los distintos juzgados se está aplicando la norma de forma "absolutamente diferente". De los casos de violencia de género, ha destacado la "vulnerabilidad" de las víctimas para hacer frente al pago de las tasas.

En la misma línea, la abogada y presidenta de la Subcomisión de Violencia del Consejo General de la Abogacía, Filomena Peláez, ha calificado de "injusta" la ley de tasas, que "hay que derogar", y ha advertido también de la "disparidad de criterios" en los Juzgados de Violencia como en los de Familia, pues, según ha indicado, el pago de las tasas va a depender del criterio del secretario o del juez.

5 de enero de 2013

Cinco canciones para salvar a las mujeres


Cinco canciones para salvar a las mujeres



¿A más crisis menos violencia machista?




¿A más crisis menos violencia machista?




2012 cierra con el balance más bajo de víctimas mortales







“El dato es bueno, el más bajo desde 2003, pero hay que tener muchísima prudencia y ver qué pasa en el futuro, si se consolida la tendencia a la baja”. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, se toma con cautela el balance de víctimas de las agresiones machistas en 2012: 46 casos comprobados y otros cuatro en estudio. Aunque se llegara al medio centenar, seguiría siendo el año menos malo desde que hay recuentos oficiales. Como es habitual, la mayoría de las víctimas mortales (38), no había denunciado.




Hernández no se atreve a sacar conclusiones del descenso. “¿La crisis? Es aventurado decirlo. También los años anteriores la había y la cifra subió”, plantea. Cree que otro indicador, como el total de denuncias, se mantendrá estable (63.000 en el primer semestre del año pasado y una media de 135.000 anuales desde 2009, puntualiza). En cuanto al descenso de llamadas al teléfono 016, asegura que solo se produjo en octubre y noviembre






Este punto de vista contrasta con el de su predecesor en el cargo,Miguel Lorente, para quien la crisis es uno de los tres factores que juegan en el descenso. “El primero es que la ley integral contra la violencia de género funciona. El segundo, es un clima político que evita la politización del problema y en tercer lugar, está la crisis económica”. Esta última cuestión es la que más preocupa a este experto.


Lorente asegura que el deterioro dificulta a las mujeres abandonar una situación de maltrato, ya que les resulta más complicado separarse en una situación económica precaria. Dado que el detonante de los homicidios suele ser la decisión de ruptura que toman las víctimas, el hecho de que ellas no se atrevan a dar el paso les puede salvar la vida, “pero siguen sufriendo el maltrato”. “Los recortes influyen para retener a las mujeres en situaciones de violencia”, asegura. De ahí que tema un eventual rebrote de las muertes cuando, en un horizonte de mejoría económica, las maltratadas dieran el paso de separarse de sus agresores.


“La crisis puede provocar un retraimiento en las denuncias por los problemas económicos de las víctimas”, apunta la presidenta de laComisión contra los Malos Tratos, Susana Martínez. “Separarse duplica los gastos, hay que mantener dos casas”, añade. A su juicio, la mejoría de los datos de 2012 “no es relevante”. “El número de mujeres que sufre violencia y no denuncia es muy significativo. Los recortes no deberían afectar a esta materia, y están afectando”, asegura.

24 de octubre de 2012

El PSOE reclama la urgente ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención de la violencia contra las mujeres

Los socialistas piden que “no se ponga en peligro de estancamiento uno de los mejores instrumentos puestos en marcha por el Consejo de Europa para avanzar en la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica”.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para impulsar la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Los socialistas señalan el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial vaya a entregar el martes al Consejo de Europa un premio por este Convenio, que aún no ha sido ratificado por España.

Los socialistas instan al Gobierno a remitir y tramitar urgentemente la ratificación en el Parlamento español de dicho convenio, “como mejor instrumento, a nivel europeo y en cada uno de los países signatarios, para atender plenamente y en todas su formas la violencia que se ejerce contra las mujeres, incluyendo las medidas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y enjuiciar a los responsables”, señala la iniciativa promovida por la diputada Ángeles Álvarez.

Asimismo, piden también que España impulse en el ámbito de las relaciones bilaterales y ante las instancias correspondientes de la UE, las acciones oportunas para promover su debida ratificación por el resto de países miembros del Consejo de Europa.

Para los socialistas, “el Convenio representa el mayor esfuerzo del Consejo de Europa por animar a los Estados para combatir la violencia de género, y entenderla como un elemento que impide la igualdad real entre mujeres y hombres”. Su ratificación supone “que los Estados atiendan plenamente en todas sus formas la violencia contra las mujeres, adoptando medidas para prevenirla, proteger a las víctimas y enjuiciar a los responsables”.

El problema –explica Álvarez- es que la entrada en vigor del citado Convenio está condicionada a que existan 10 ratificaciones, de las cuales al menos 8 han de ser de Estados miembros, y, hasta la fecha, son 24 los países miembros del Consejo de Europa que han firmado el Convenio –entre ellos España-, pero sólo uno, Turquía, lo ha ratificado. “Dado que la Convención requiere para su entrada en vigor que, al menos, se produzcan 10 ratificaciones, es preciso que el Gobierno actúe para que el Parlamento tramite con urgencia la ratificación y no poner en peligro de estancamiento uno de los mejores instrumentos puestos en marcha por el Consejo de Europa para avanzar en la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica”, afirma la diputada.

El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia doméstica fue aprobado por el Consejo de Europa el 7 de abril de 2011. En él se establecen normas generales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, instando a los Estados a adoptar medidas legislativas y de otra índole. Estipula como han de articularse las políticas integradas, marca las obligaciones en cuanto a investigación, procedimiento y medidas de protección, hace referencia a la importancia de que los Estados desarrollen políticas preventivas, y determina las cuestiones relativas a la protección y el apoyo a las víctimas.

22 de junio de 2012

Publicidad para los toros, pero no contra la violencia machista


Educación crea una comisión de trabajo para eleborar un Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia que incluye publicidad, mientras recorta un 71% la inversión en campañas contra el maltrato

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha acordado hoy la creación de una comisión de trabajo para eleborar un Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia. Entre las medidas previstas está "el diseño de campañas de comunicación que pongan de manifiesto los valores culturales, socioeconómicos y medioambientales de la tauromaquia", según reza el comunicado del ministerio.

Aunque el equipo de Wert no especifica cuánto dinero dedicará a estas campañas, esa cantidad se sumará a los cuatro millones de euros que el Gobierno invirtió para publicitar la reforma laboral aprobada el pasado febrero. En las antípodas de estos fastos publicitarios se encuentra la partida dedicada a las campañas de sensibilización contra la violencia de género, que se ha reducido a la mitad. Pasa de 3 millones de euros en 2011 a 1,5 en 2012. El pasado abril, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ya anunció el final de las, a su juicio, campañas "a bombo y platillo" contra la violencia machista.

En el Plan Nacional para el fomento de las corridas de toros también está previsto que se incluya la actualización de la normativa básica reguladora de los espectáculos taurinos y el estudio de la extensión de las ayudas de acción y promoción cultural a las asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el mundo del toro.



La comisión, cuya constitución y funcionamiento no supondrá incremento alguno del gasto público, según el ministerio, está presidida por Juan Antonio Gómez Angulo, que fue el primer director gerente del Centro de Asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid (1988-1991). Ya antes fue fundador y secretario de la Comisión Taurina de UCD (Unión de Centro Democrático). En 1991, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid en las listas del Partido Popular, cargo que renovó en 1995, como concejal de Cultura y cuarto teniente de alcalde y en 1999, como primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Popular. Durante todo este período fue miembro del Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Entre 2000 y 2004 fue Secretario de Estado para el Deporte y desde entonces se ha dedicado al ejercicio privado de su profesión.

Los vocales son Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil, el pintor Eduardo Arroyo Rodríguez, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo, el historiador y filólogo Álvaro Martínez-Novillo González, Enrique Múgica, ex ministro de Justicia y ex Defensor del Pueblo, Herzog, Tte. Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, Rafael Atienza Medina, Santiago Martín Sánchez, "El Viti" y Álvaro Martínez Novillo.

La comisión de trabajo presentará un informe al ministro en un plazo no superior a seis meses a contar desde la fecha de su constitución formal.



http://www.publico.es/espana/429899/el-gobierno-reduce-un-71-el-presupuesto-para-campanas-contra-la-violencia-de-genero

13 de abril de 2012

El Observatorio de la Violencia de Género critica los recortes en prevención



La crisis y los recortes están pasando factura a la visibilización de la violencia machista. Y las cosas, lejos de mejorar, podrían empeorar con los ajustes anunciados por el Gobierno en los presupuestos destinados a la prevención de las agresiones machistas. Así lo ha declarado esta mañana la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, que ha criticado los recortes que el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad pretende hacer en las campañas publicitarias destinadas a la prevención de la violencia machista. Un hachazo del 70% en la partida para este tipo de programas que plantea acabar, por ejemplo, con los anuncios en televisión. Campañas, según el Ejecutivo, "muy caras" y "poco eficaces".

"Las fórmulas sensibilización y las campañas preventivas se han demostrado eficaces", ha dicho sin embargo Montalbán en la presentación del informe anual del observatorio. "Es fundamental mantenerlas, así como las ayudas económicas que permiten a las mujeres romper el vínculo con la violencia. Son partidas que hay que mantener en el máximo posible", ha dicho. "Tenemos muchos casos en los juzgados de mujeres que han ido a presentar una denuncia porque han visto un cartel del 016 (el teléfono confidencial y gratuito de ayuda e información a víctimas de malos tratos) o un anuncio en la televisión", ha afirmado.

Campañas y acciones destinadas a que las mujeres que están sufriendo la situaciones de violencia, o las personas de su entorno, denuncien. En el caso de este año, ha alertado Montalbán, ninguna de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas había denunciado a su agresor. Algo "extremadamente preocupante", ha advertido la presidenta del observatorio.

Mientras, el número de denuncias por violencia de género se mantiene estable. En 2011 se registraron 134.002, una media de 367 al día. Un 0,1% menos que en 2010. El 71,48% las presentaron las propias víctimas, el 14,65% la policía, el 11,41% fueron impulsadas por partes de lesiones y el 1,31% las presentaron los organismos de servicios sociales. Solo el 1,15% de las denuncias llegaron desde la familia o el entorno de la víctima.

"Es preocupante que las familias no sean conscientes de que los malos tratos matan, y hay que hacer campañas para que todos seamos conscientes de esa realidad. No se puede dar un paso atrás en esta materia, en la que somos una referencia internacional", ha dicho Montalbán.

Se reduce, no obstante, la cifra de mujeres que renuncia a seguir adelante con el proceso judicial: 15.460, un 2,8% menos que en 2010

12 de enero de 2012

Los recortes también llegan a los juzgados de violencia machista


La Consejería de Presidencia y Justicia les ha comunicado que se reduce al 50% el número de funcionarios que trabajan por la tarde

Aguirre penaliza a los funcionarios que estén de baja por enfermedad
Aguirre amplía dos horas y media la jornada semanal a 120.000 funcionarios
“Me obligarán a ir a trabajar enferma”

Los recortes que el Gobierno de Esperanza Aguirre está aplicando a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid han llegado a los juzgados encargados de la violencia sobre la mujer. La Consejería de Presidencia y Justicia ha dado instrucciones para que solo trabaje por la tarde la mitad de la plantilla. Hasta ahora, la totalidad de los funcionarios continuaban su jornada pasadas las tres de la tarde, con cargo a horas extras.



Esta decisión afecta a 20 juzgados de la periferia de Madrid: 13 de ellos con competencias exclusivas en violencia de género y otros siete mixtos, es decir, que además de ver casos de violencia machista se ocupan de asuntos civiles y penales (diligencias y tramitación de Registro Civil, primera instancia e instrucción...). El partido judicial de Madrid capital es el único que no se ve perjudicado por las nuevas instrucciones de la Consejería de Presidencia y Justicia porque funciona con un sistema de guardias exclusivas para violencia de género. Cada uno de los 11 juzgados de la capital que se dedican a esta materia rota cada tres días en funciones de guardia.

"La carga de trabajo de estos juzgados justifica plenamente que los funcionarios estén en sus puestos también por la tarde", asegura el secretario general de FJM (Funcionarios Judiciales de Madrid) y portavoz de Justicia en el sindicato CSIT-UP, Juan Carlos Ferreiro. "Las víctimas de violencia de género van a ser las grandes perjudicadas, porque van a encontrar menos personal para atenderlas", añade.

La Comunidad de Madrid asegura que ha tomado esta decisión porque está estudiando transformar las ampliaciones de horario de los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer en “plazas fijas”, aseguró este lunes una portavoz de la Consejería de Presidencia y Justicia. “Vamos a hacer un análisis de las necesidades”, añadió. Desde CSIT replican que esas necesidades aparecen en los informes anuales de la apertura del año judicial, por los que la Comunidad debe conocerlas. Para el Gobierno regional, “no es normal” que la totalidad de los funcionarios doblen su jornada. “Eso quiere decir que falta personal”, insistió la portavoz.

Según datos de Presidencia y Justicia, en el primer semestre de 2011 llegaron 1.609 casos de violencia de género a los juzgados, “un 6,27% menos que el mismo semestre de 2010”. Este dato refuerza la decisión de retirar la mitad de la plantilla de tarde en los juzgados, según el Gobierno regional, que no precisó cuánto tiempo necesita para hacer la evaluación de necesidades ni cuánto ahorro supone la medida. De momento, lo que está claro es que a las mujeres las atenderán por la tarde la mitad de los funcionarios.

Los trabajadores afectados son unos 200 (funcionarios judiciales de gestión, tramitación y auxilio judicial), según datos de CSIT, y venían realizando esta prolongación de jornada desde 2007, cuando se firmó un acuerdo en este sentido que se renueva cada seis meses. El trámite para que se conceda la ampliación de las horas de trabajo funciona así: el secretario de cada juzgado remite una petición de informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y este lo eleva al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo responde mediante un escrito a los secretarios de los juzgados con el listado de nombres y datos personales de los funcionarios que deben tener esa prolongación de jornada. El último es de noviembre pasado, con validez para seis meses, pero ahora queda anulado por las instrucciones de la Comunidad de Madrid.

La directora general de la Dirección General de Justicia, Carmen Díaz de Bustamante, firma el documento, con fecha 20 de diciembre, por el cual informa al Juzgado número 3 de Valdemoro, uno de los más saturados, de que “solo se autorizará dicha medida para un máximo de cinco funcionarios para un máximo de seis meses”. Este juzgado cuenta con nueve funcionarios en plantilla.


Las consecuencias "serán desastrosas"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro es uno de los llamados juzgados mixtos con competencias en violencia sobre la mujer. Es decir, que además de ocuparse de los casos de violencia machista, se encarga de todo lo demás: causas penales (a veces con presos), divorcios, procedimientos hipotecarios... Se da la circunstancia de que en su partido judicial hay dos centros psiquiátricos y uno penitenciario (Madrid<TH>III). “Tenemos casos de violencia sobre la mujer prácticamente todos los días”, explica una funcionaria del juzgado. Y esos son los casos prioritarios. Los funcionarios se dedican a ellos hasta que acaba toda la tramitación. Muchas veces no pueden estar en su mesa por la mañana porque al carecer de servicio común que haga diligencias de calle (citaciones, por ejemplo), son ellos los que deben ausentarse. El resto de asuntos, por tanto, se retrasa. Los trabajadores suelen emplear las tardes en sacar adelante los casos no prioritarios, aseguran.

La preocupación por las consecuencias que puede acarrear la decisión de la Comunidad de Madrid de reducir a la mitad los funcionarios que trabajan por la tarde ha llevado a los trabajadores de este juzgado de Valdemoro a redactar un escrito dirigido a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol. “Si el día de mañana hay un problema, queremos dejar constancia ahora”, asegura la funcionaria. “Las consecuencias de privar de recursos a esta sede judicial serán desastrosas”, afirma la carta, enviada la semana pasada. Los retrasos en los asuntos que no son de violencia machista “se palían mediante la prolongación del horario”, añade. Los funcionarios añaden datos a su queja: 900 demandas civiles y 1.200 diligencias penales atendidas en 2011, a las que hay que sumar 225 casos de violencia sobre la mujer. En los dos años anteriores, cerca de 300, un volumen superior a algunos juzgados exclusivos, argumentan.

4 de enero de 2012

Una chica afgana de 15 años fue encerrada cinco meses en el lavabo por su marido al negarse a prostituirse



La imagen viva del terror y de la infancia rota. La policía afgana ha rescatado a una adolescente de 15 años que fue torturada y encerrada durante cinco meses por su marido y la familia de éste al negarse a tener relaciones sexuales con invitados al domicilio conyugal. Otras fuentes afirman que el objetivo del marido era prostituir a la mujer para conseguir dinero a lo que ésta se negó. La agencia local Pajhwok informa de un caso que ha conmocionado a la prensa internacional. Sahar Gul es su nombre y su historia, una pesadilla. Los padres de la chica hallaron encerrada a su hija en el lavabo de la familia de su marido, Mohamed Azim, y recurrieron a la policía. El estado de la joven es grave y será trasladada a la India para recibir tratamiento médico. 


La agredida, que procede de la remota provincia norteña de Badakhshan, ha confesado que recibía palizas diarias de su marido, con el que se casó hace nueve meses y que le dobla la edad. La suegra y la cuñada de Gul han sido detenidas, pero Azim consiguió darse a la fuga. A Sahar Gul su marido le arrancó las uñas, le había quemado varias partes del cuerpo y la muchacha estaba al borde de la muerte cuando la policía la rescató.

En Afganistán las leyes chocan con prácticas socialmente aceptadas como la compra-venta de mujeres para el matrimonio, las bodas infantiles o forzadas, las violaciones y el regalo de una mujer para resolver una disputa familiar. Pero el caso desborda las oscuras tradiciones tribales del país y deja en evidencia el alarmante papel de la mujer en la socidad afgana en las zonas más aisladas del país.

La violencia machista suma la 60ª víctima del año


A Inma Duarte la confianza le costó la vida. Tras continuos malos tratos y denuncias retiradas contra Fernando Frías, su expareja y padre de su hija de 3 años, había rechazado vivir en una casa de acogida y prefirió continuar en su piso de Marchena (Sevilla), segura de que él -hermanastro de su madre- iba a respetar la orden de alejamiento dictada en junio. Pero el martes por la noche, se presentó en su casa y la degolló delante de su niña, convirtiéndola en la víctima número 60 de la violencia machista en lo que va de año.

La víctima, de 28 años, había pasado ya por varios centros de emergencia de la Junta de Andalucía en los años 2004, 2005 y 2006 por episodios de malos tratos, pero siempre rechazó la casa de acogida y retiró la única denuncia que presentó en aquella época contra su agresor.



Las cosas cambiaron en el 2009. Ya con su hija, sí denunció. Incluso fue atendida en el Centro de la Mujer y se le tramitó una renta activa de inserción. El historial de malos tratos culminó el pasado mes de julio, cuando tras otra denuncia obtuvo una orden de alejamiento y comunicación.

AVISO A LOS VECINOS / Para mantener la relación de la niña con su progenitor, como era su empeño, otro familiar se encargaba de recogerla a diario por la tarde y dejarla en casa de Fernando. El martes acudió y no pudo llevarse a la pequeña porque estaba paseando con su madre y su actual pareja, un joven de 25 años.

Lo siguiente que los vecinos supieron fue que Fernando Frías acudió a la casa, apuñaló a su expareja con un cuchillo de cocina e hirió también al otro joven. A continuación, llamó a la vecina y, con las manos aún ensangrentadas, le contó lo que había hecho mientras le entregaba a la niña para que la cuidara. La pequeña solo repetía que «mamá ha muerto» y «papá la mató», según los vecinos, que denuncian que el agresor ya había avisado de sus intenciones con anterioridad.

El hombre fue detenido en la misma vivienda y hoy pasará a disposición judicial, mientras que el joven herido ya ha sido dado de alta.

Se trata del segundo caso en apenas dos días, ambos en Andalucía y los primeros a los que se enfrenta el flamante Gobierno de Mariano Rajoy. Más allá del debate semántico por la definición de estos crímenes como violencia machista o como «violencia en el entorno familiar», como hizo la ministra Ana Mato, varias voces han empezado a cuestionar la eficacia de la ley integral contra la violencia de género. El portavoz parlamentario adjunto del PP, Rafael Hernando, dijo que «después de estas leyes socialistas de teórica protección de la mujer», actualmente «hay más mujeres muertas que nunca» y llegó a hablar de «récord de mujeres asesinadas» este año.

CIFRAS ANUALES / Los datos oficiales, sin embargo, apuntan que en el 2010 hubo 71 asesinatos machistas; que en el 2008, el peor, fueron 76, y que desde el 2003, cuando estos crímenes empezaron a ser contabilizados como tales, solo ha habido dos años (el 2005, con 57, y el 2009, con 56) con cifras inferiores a la actual.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, llamaba también a una reflexión profunda sobre el marco legislativo y las medidas de protección porque «lo que se ha hecho no está mal, pero hay que hacer algo más», poniendo especial atención en los reiterados incumplimientos de las ordenes de

alejamiento.





1 de diciembre de 2011

El maltrato a los transexuales será considerado violencia machista

También se incluyen noviazgos, víctimas menores y relaciones paralelas estables

La fiscalía unifica criterios de actuación y concreta el ámbito de protección de la ley

Hace siete años que se aprobó la ley de protección integral contra la violencia machista y desde entonces las decisiones judiciales han sido en ocasiones dispares. Para unificar criterios en aras de potenciar la lucha contra esta lacra social, la Fiscalía General del Estado ha enviado una circular que establece pautas a la hora de actuar contra los malos tratos e incluye en el ámbito de protección a las transexuales, las relaciones de noviazgo (en concreto las que trascienden los meros lazos de amistad, afecto y confianza, excluyendo las relaciones ocasionales o esporádicas) y a las menores de edad que sufren este tipo de situaciones.



La circular del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, data del 2 de noviembre y «fija criterios para que los fiscales sigan la unidad de acción». Así, recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales y «reflexiona sobre los siete años que han pasado desde que se promulgó la ley», explicó a este diario una fuente de la fiscalía catalana. Es decir, recopila lo dictado por los órganos judiciales, lo ordena y marca la línea a seguir.
La norma dictada por la Fiscalía General del Estado diferencia los casos que deben ser tramitados por los juzgados especializados de violencia contra la mujer y los de instrucción. Estos últimos órganos judiciales son los que deben investigar y perseguir los quebrantamientos de las penas o de las medidas cautelares o de seguridad, como la de alejamiento. Cuando estas acciones van acompañadas de violencia, es competente el juzgado especializado.
Respecto a estos delitos, la circular recoge un criterio que está siendo utilizado ya en los tribunales: el consentimiento de la víctima para romper una orden de alejamiento es irrelevante y no exime de responsabilidad penal a la pareja. No es extraño hallar en los tribunales a mujeres maltratadas que perdonan
a su marido y conviven con él a pesar de tener una orden de alejamiento.
RELACIONES PARALELAS / La circular también establece que el hecho de que el imputado de malos tratos o su víctima mantengan más de una relación afectiva estable no excluye la aplicación de la ley contra la violencia machista. El Tribunal Supremo estima que lo decisivo para la equiparación entre matrimonio y situaciones análogas es «que exista un cierto grado de compromiso o estabilidad, aun cuando no haya fidelidad ni se compartan expectativas de futuro», puesto que no se puede excluir a «parejas que, pese a su formato no convencional, viven una relación caracterizada por su intensidad emocional».
Por otra parte, la ley dispensa de la obligación de declarar a los parientes más directos de un imputado. En este sentido, la Fiscalía General del Estado sostiene que las relaciones de noviazgo no están incluidas en este supuesto. Por lo tanto, una novia debe declarar contra su novio. Tampoco lo están las relaciones conyugales extinguidas por divorcio ni las parejas de hecho cuando, en el momento de declarar ante el juez o en un juicio, ya se haya producido la ruptura de la convivencia por voluntad
propia.

La voz de Luz Casal homenajea a las 54 víctimas del machismo en lo que va del 2011

La ministra Leire Pajín, que ha presidido el acto institucional, ha recordado la labor de las asociaciones de mujeres

La voz de Luz Casal ha rendido homenaje a las 54 mujeres víctimas mortales del machismo en 2011 en el acto institucional del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se ha celebrado como cada año en la sede del Instituto de la Mujer, en Madrid. La intérprete ha depositado una rosa en memoria de las víctimas.


La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad en funciones, Leire Pajín, ha presidido el acto. Le han acompañado, entre otros, la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde; la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara; el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, así como representantes de las fuerzas de seguridad.
El homenaje ha comenzado con la lectura de los nombres de las 54 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2011. Posteriormente, Luz Casal ha interpretado Un ramo de rosas, un tema que habla de una mujer "condenada a sufrir el silencio infinito", que vive junto a su pareja.
Casal ha finalizado su actuación depositando una rosa roja a los pies del pebetero, "como símbolo de este día", tal y como concluye la canción: "Te dejo el ramo de rosas, ya entenderás mis razones, mientras yo te contemplo serena desde la altura de mis tacones".
Para la ministra, la jornada de hoy es un "homenaje y recuerdo" a esas mujeres a quienes no se debe olvidar porque cada una de ellas "es una razón para seguir en el camino". Pajín ha recordado la labor de las asociaciones de mujeres, que sacaron esta violencia a la luz cuando hace años la cubría "un velo de silencio".

Elogio a la ley contra la violencia de género

La titular de Igualdad ha defendido la ley contra la violencia de género y la labor del Ejecutivo en la lucha para erradicar esta lacra, porque "ha empezado a dar sus primero frutos", al tiempo que ha insistido en la importancia de que las mujeres maltratadas y sus entornos denuncien a los agresores.
Pajín se ha mostrado optimista y ha asegurado que la violencia machista "no es una cadena perpetua", sino que se puede salir de ella y se supera, "porque otras lo han logrado y ahora no tienen además que hacerlo solas".
Por su parte, González-Sinde, quien se ha emocionado durante el acto, ha afirmado que su presencia se debía a la confirmación de que la cultura tiene la obligación de transmitir valores. Ha resaltado el trabajo en favor de la igualdad del presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha esperado que los futuros gobernantes muestren la misma actitud "por una cuestión de justicia".

28 de noviembre de 2011

La FAPE condena la "extrema violencia" contra mujeres periodistas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)se ha sumado a la petición que incluye la carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en la que se denuncia la "extrema violencia" a la que se enfrentan las mujeres periodistas en todo el mundo durante el ejercicio de su trabajo.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado esta iniciativa que ha contado con el respaldo de la asociación española.


Así, ambas asociaciones han alertado sobre las agresiones, amenazas, presiones políticas, violencia, violaciones y abusos que sufren las mujeres periodistas, agravadas por el hecho de que "persiste la impunidad que protege y anima a los autores de estos crímenes".
"Lo más grave es que la mayoría de esos crímenes quedan sin resolver y que los asesinatos no son juzgados", ha señalado Beth Costa, secretaria general de la FIP, y Mindy Ran, presidenta del Consejo de Género de la organización.
Según datos de Naciones Unidas, el 70% de las mujeres ha sido alguna vez víctima de violencia y entre el 40 y 50% de las mujeres de la Unión Europea han sufrido algún tipo de violencia sexual en su lugar de trabajo. Por ejemplo, en República Democrática del Congo se produjeron más de 8.000 casos de violencia sexual entre 2009 y 2010.
"El clima de impunidad en torno a los crímenes cometidos contra las mujeres periodistas constituye una verdadera amenaza contra la libertad de expresión. Las autoridades públicas tienen tendencia a desvincular los crímenes de la profesión periodística y atribuirlos a cuestiones personales o violaciones", ha resaltado la nota.
Por ello, la FIP ha reiterado que en ciertos países los reportajes que informan sobre violencia sexual son "tabú, lo que alimenta el silencio y la autocensura". Entre los países que han fracasado en la protección a las mujeres periodistas, figuran México, Filipinas, Somalia, Rusia, Nepal e Israel.
En España, la FAPE participa en el grupo de trabajo para el tratamiento y análisis de la violencia machista en los medios de comunicación creado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Esta asociación ha insistido en la necesidad de facilitar siempre el teléfono 016 de atención a las víctimas de maltrato en las informaciones periodísticas.

70 hombres dan la cara contra la violencia de género

Políticos, futbolístas y empresarios se unen en un acto convocado por la SER mientras el Consell aprueba un anteproyecto contra los maltratos


Un total de 70 hombres, destacados líderes de la sociedad valenciana, encabezados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, han participado este viernes en un acto en el Palacio de Congresos de Valencia para simbolizar el compromiso de los hombres en el Día Internacional que intenta acabar con la violencia contra las mujeres. El acto estaba organizado por la Cadena Ser bajo el nombre de Los hombres dan la cara.

Hoy mismo el pleno del Consell ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer de la Comunidad Valenciana y lo remitirá al Comité Econòmic i Social y al Consell Jurídic Consultiu para los dictámenes preceptivos.
En el acto masculino, Fabra apeló a la "dignidad de la sociedad" para hacer "causa común". Tambiçén intervinieron Jorge Alarte, secretario general del PSPV, que envió un mensaje de "unidad y fortaleza"; Enric Morera, síndic de Compromís en las en las Cortes, quien señaló que "no hay que permitir ninguna impunidad"; Rafael Blasco, portavoz parlamentario del PP, quien instó a combatir todos una de las "lacras sociales de mayor injusticia".
Además de los políticos, intervinieron el entrenador del Valencia Club, Unai Emery, quien destacó la responsabilidad del club y todo en general de lucha contra a violencia de género, y el presidente del Levante, Quico Catalán, que conminó a todo el mundo a que aporte "su granito de arena" .
También participaron el presidente de les Corts, Juan Cotino; el síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt; el presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido; el del Comité Económico y Social, Rafael Cerdá; el síndic de Greuges, José Cholbi; el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, entre otros.
Los empresarios Juan Lladró o Carlos Bertomeu, consejero delegado de Air Nostrum, junto a los líderes de las organizaciones empresariales, como José Vicente Morata por la Cámara de Comercio; José Vicente González por Cierval, o Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, junto a los presidentes de Feria Valencia, Alberto Catalá, y la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar.
También ha contado con la presencia de los principales medios de comuniación valenciano, destacados el capitán del Valencia David Albelda, el ciclista Angel Casero, el exmotociclista Jorge Martínez Aspar, o el capitán del Valencia Basket y campeón del mundo con la selección española, Víctor Claver.
Por otro lado, el objetivo de la nueva ley que tramita la Generalitat "es lograr la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, en su expresión más amplia, en cualquier ámbito social, aunque pueda estar amparada por razones culturales, religiosas, de tradición o de cualquier otro tipo". La norma se compone de 76 artículos e incluye un título de derechos dirigido "no solamente a las mujeres víctimas, sino también a sus hijos e hijas tutelados y acogidos".
El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha destacado que el anteproyecto entiende la violencia sobre la mujer "todo comportamiento de acción u omisión" por el que un hombre inflige a la mujer daños físicos, sexuales y/o psicológicos "por el hecho de pertenecer al sexo femenino" y considera también como víctimas a los hijos e hijas menores o personas sujetas a tutela o acogimiento que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas En Consell ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer de la Comunidad Valenciana y lo remitirá al Comité Econòmic i Social y al Consell Jurídic Consultiu para los dictámenes preceptivos. · El objetivo de la ley "es lograr la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, en su expresión más amplia, en cualquier ámbito social, aunque pueda estar amparada por razones culturales, religiosas, de tradición o de cualquier otro tipo".
La norma se compone de 76 artículos e incluye un título de derechos dirigido "no solamente a las mujeres víctimas, sino también a sus hijos e hijas tutelados y acogidos". El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha destacado que el anteproyecto entiende la violencia sobre la mujer "todo comportamiento de acción u omisión" por el que un hombre inflige a la mujer daños físicos, sexuales y/o psicológicos "por el hecho de pertenecer al sexo femenino" y considera también como víctimas a los hijos e hijas menores o personas sujetas a tutela o acogimiento que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas.
Además, contempla no solo la violencia física, psicológica y sexual, sino también la económica dentro de la pareja, y el rechazo a la mutilación genital o prácticas culturales que perjudican a la mujer, así como de la trata con fines de explotación sexual. La norma incluirá la obligación de la Generalitat de solicitar la privación de la patria potestad del presunto agresor en caso de fallecimiento de la mujer y establece un Fondo de emergencias, consistente en ayudas económicas inmediatas de pago único a estas mujeres para atender sus necesidades más urgentes.

54 mujeres deberían estar aquí

Son 54 vidas menos. Las que la violencia machista ha arrebatado este año, mujeres muertas a manos del hombre que dijo amarlas. Una sangría continua: la ley no acaba con el delito. Seis años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, se mantienen problemas como la falta de denuncia que impide amparar a las víctimas -tres de cada cuatro fallecidas no la presentaron-. También persisten fallos en la protección de quienes sí dieron el paso -cinco agresores quebrantaron el alejamiento sin consentimiento de la víctima-. Junto a ello, algunas decisiones judiciales polémicas, contrarias al espíritu de la norma. "Aunque excepcionales, son dañinas para las víctimas y para la sociedad", afirma la fiscal de sala de Violencia, Soledad Cazorla.


Los números fríos: 54 fallecidas, de las que 14 habían presentado denuncia -pero una la retiró-. ¿Por qué solo una de cada cuatro había alertado de su situación? "Quizá por presiones, por dependencia económica o emocional, por miedo, por no confiar en la administración de justicia...", enumera la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán. "Existe una bolsa oculta de maltrato que no acaba de emerger", plantea. Una bolsa que ahoga vidas aunque más de 130.000 mujeres denuncien cada año, según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
De 14 fallecidas tras haber denunciado, nueve pidieron y consiguieron orden de protección, ese paraguas de medidas cautelares que suele incluir el alejamiento del agresor. Al llegarles la muerte, siete tenían las órdenes en vigor: dos se acercaron voluntariamente al agresor, mientras que en cinco casos fue él quien quebrantó la orden. "Necesitamos más efectivos policiales para asegurar que los alejamientos se cumplen", analiza Montalbán. "De los casos que he revisado de este año, en ninguno he visto fallos de protección", contrapone la fiscal de sala. "Los agresores juegan con el factor sorpresa, y eso no se puede evitar", añade.
"Hay casi 2.000 efectivos policiales especializados. Protegen a 95.000 mujeres", detalla la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Laura Seara. Un elemento de protección como las pulseras -alertan de que el agresor incumple el alejamiento- se emplea poco. De las 3.000 puestas a disposición de los jueces -quienes deciden si se implanta o no- solo 746 están en uso, señala Seara. La aplicación de la ley integral tiene este año un presupuesto de 384 millones de euros. De esa partida no se ha recortado, matiza. Unos 5.000 hombres están presos por violencia de género.
¿Qué hacer a partir de ahora? Cazorla pone el acento en la necesidad de que los servicios sanitarios, obligados a comunicar las agresiones machistas que detecten, den otro paso más: "Les pido que den cuenta a la fiscalía de los casos en los que existan sospechas fundadas, aunque no haya parte de lesiones". De esa forma, los fiscales podrían iniciar diligencias preprocesales y obrar en consecuencia. Seara asegura que la proporción de denuncias que surgen del entorno sanitario, vía parte de lesiones, han subido al 11,3% en el primer semestre del año. También lo han hecho las presentadas por las personas próximas a la víctima, el 16% en ese periodo.
Con la denuncia sobre la mesa, ni todas las mujeres piden protección ni todas las solicitantes la consiguen: los jueces descartan una de cada tres peticiones. "¿Por qué son tan cicateros, si son medidas provisionales?", critica Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Pero su principal crítica es sobre "la aplicación de la ley". "Hay jueces que la interpretan con un sentido contrario a su espíritu y muchos tratan a las víctimas como si fueran los imputados", añade. Se refiere a casos como la Audiencia de Murcia, que ha anulado numerosas condenas con el argumento de que no toda agresión de un hombre a su esposa o compañera "debe ser castigada mecánicamente como violencia de género".
"Hay sentencias que me han avergonzado, pero son las menos", asegura Seara. "La generalidad de los jueces actúa conforme al espíritu de la ley", defiende Montalbán. Las diferencias de criterio, que dañan la seguridad jurídica, "debe resolverlas el Tribunal Supremo o el legislador", apunta la presidenta del Observatorio. Y a ser posible, "cuanto antes".

2.700 ideas contra la violencia machista

Un concurso internacional premia carteles para concienciar contra las agresiones a mujeres.-La reina Sofía ha entregado el galardón esta tarde a una diseñadora danesa


Sí, en Europa también. La violencia contra las mujeres es una plaga en países ricos y pobres: afecta a una de cada tres en el mundo, según la ONU. De ahí que su Centro Regional de Información para Europa Occidental (UNRIC), con la colaboración de ONU Mujeres, haya puesto en marcha un concurso de carteles para denunciar el problema. La reina Sofía ha entregado esta tarde en el Caixafórum madrileño el premio a la ganadora, la diseñadora danesa Trine Sejthen.


"Quiero que la gente piense que esta mujer podría ser cualquiera, no se puede saber si es rica o pobre, podría ser tu hermana, una amiga o alguien que se sienta a tu lado en el autobús", dice la ganadora. Y sí, así es. Los datos indican, por ejemplo, que Noruega rivaliza con sus vecinos nórdicos por el título mundial del país con mayor igualdad entre los sexos, pero parece -según indica la periodista Katrin Benhold, en The New York Times- que esta equidad se acaba en al puerta del dormitorio.
Benhold cita que en Escandinavia la violencia sexual contra las mujeres comparte características propias de sociedades más desiguales: es demasiado habitual y rara vez se denuncia, y es aún más raro que quienes la cometen sean condenados. Los antiguos prejuicios sobre las prerrogativas masculinas y las suposiciones modernas sobre la emancipación femenina conspiran para erigir un muro de silencio, vergüenza y ambigüedad legal.
Una de cada 10 mujeres noruegas de más de 15 años ha sido violada, según la organización para mujeres más grande del país, el Movimiento Refugio, cita la reportera del rotativo neoyorquino. Pero al menos el 80% de esas violaciones no llega a denunciarse oficialmente, y solo el 10% de los casos termina con una condena, según el Ministerio de Justicia.
Al concurso, titulado Di no a la violencia contra las mujeres se han presentado más de 2.700 carteles procedentes de 40 países. Una selección se exhibirá en exposiciones en distintos países, como Dinamarca, Francia o Rusia.

CC OO acusa a Aguirre de suprimir créditos para los Juzgados de Violencia de Género

La presidenta madrileña pide a las mujeres maltratadas que "rompan su silencio" para terminar con el "aislamiento" que rodea su "drama"

En el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género, plagado de actos en la capital, CC OO de Madrid ha acusado al Gobierno regional de eliminar "por completo" para el próximo ejercicio los créditos por valor de seis millones de euros destinados a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la periferia de la comunidad. En lo que va de año, 54 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, siete de ellas en Madrid.


Hojas con nombre de víctimas depositadas ante la Embajada guatemalteca en Madrid

El objetivo de estos créditos, según explica el sindicato en un comunicado, es garantizar la atención a las eventuales víctimas de este tipo de delitos, más allá de la jornada laboral ordinaria y hasta la completa tramitación y resolución de las solicitudes de medidas de protección, así como a reforzar las necesidades de personal en la Administración de Justicia madrileña. El sindicato ha celebrado a las doce una concentración frente al museo del Prado para recordar a las mujeres fallecidas en Madrid.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha celebrado un acto institucional en el que han estado presentes el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, las periodistas Lourdes Maldonado y Ana García Lozano, la piloto María de Villota, las actrices Blanca Marsillach y Alejandra Onieva, la modelo Sandra Ibarra, y representantes de todas las formaciones políticas y de las instancias judiciales madrileñas. En su discurso, Esperanza Aguirre ha instado a las mujeres maltratadas a que "rompan el silencio" contra sus agresores, porque "cada víctima que se atreve a denunciar está defendiendo su libertad y la de todas las demás". "Cuando una mujer es silenciada, maltratada o golpeada, se silencia, se maltrata y se golpea a todo nuestro sistema de valores", ha dicho Aguirre, que ha pedido a toda la sociedad que exija "tolerancia cero" frente al maltratador.
Otro acto en el Ayuntamiento
La presidenta ha sostenido que este acto renueva el compromiso de su Ejecutivo de promover y proteger los derechos de todas las mujeres del mundo, su derecho a la vida, a su integridad física y psíquica, a su dignidad y su libertad. La violencia machista, ha dicho, es "una de las más degradantes vejaciones y violaciones de los derechos humanos", que "no respeta fronteras geográfica, culturales o económicas, se da en el hogar, en el trabajo y en la calle, y se interpone en el avance a la igualdad de derechos". La presidenta ha informado de que teléfono 012 de la Comunidad contra el maltrato ha atendido en lo que va de año 5.189 llamadas y ha realizado 12.500 actuaciones de información, apoyo psicológico, sanitario y jurídico, ayudando y alentando a las mujeres a denunciar para "encontrar una nueva oportunidad de vivir".
También ha destacado la labor de la red de centros de asistencia integral a las mujeres, 22 de ellos residenciales, donde se proporciona protección inmediata a las víctimas, con atención integral que cubre desde el alojamiento y manutención hasta la orientación jurídica y laboral. De las más de 1.500 personas atendidas este año por estos centros, 444 eran menores de edad, ya que los hijos de estas mujeres son "testigos de la violencia o sujetos de las amenazas y agresiones de los maltratadores". Por su parte, Victoria ha leído una declaración institucional al comienzo del acto, en la que la Comunidad expresa su "absoluto rechazo" a esta violencia, que "pone de manifiesto la desigualdad y supone una grave violación de los derechos".
En el acto celebrado en el Ayuntamiento, la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, ha asegurado que la labor de las instituciones en la violencia de género no puede ceñirse sólo a la acogida de las víctimas. Dancausa ha apelado al trabajo de las instituciones para acabar con la lacra apoyándose en los pilares democráticos de la libertad, la justicia y la igualdad. "Por eso, es importante poner de relieve en actos como éste la obligación que tenemos las Administraciones de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, tal y como recoge expresamente nuestra Carta Magna", ha dicho.
Otro de los actos del día lo ha protagonizado un grupo de mujeres de Guatemala, que ha exigido ante la Embajada de este país en Madrid mayor compromiso a su Gobierno frente a los crímenes machistas, que este año han costado la vida a 700 mujeres, y justicia en relación con los asesinatos cometidos durante el conflicto armado, en los años ochenta. Cerrará la jornada, a las siete de la tarde, el Foro de Madrid contra la Violencia de género a las mujeres, que convoca una concentración en Sol.



25 de noviembre de 2011

IU denuncia el recorte de ayudas para combatir la violencia de género

El área de la mujer de Izquierda Unida ha presentado un manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, en el que denuncia que el presupuesto destinado a combatir este problema ha ido disminuyendo paulatinamente.
"En lo que va de año han sido asesinadas 55 mujeres, pero el presupuesto destinado a combatir la violencia de género no sólo no aumenta sino que va disminuyendo paulatinamente", dice el texto, que constata que en esta época de crisis económica internacional "la creciente desigualdad y el aumento consecuente de la violencia de género ha pasado a un segundo plano, si es que alguna vez ha ocupado otro" a nivel global.

De nuevo en lo que respecta a España, afirma que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no ha querido" modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género, "empecinado en su modelo de violencia encorsetado en una sola causa, obstinado en no reconocer que la violencia de género es una cuestión estructural que hay que erradicar desde todos los ámbitos".
A este respecto, IU defiende que la ley "reconozca la violencia de género en todas sus manifestaciones y la defina como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, encuadrado en un marco de las relaciones de dominación", según proponía en su programa para las elecciones generales.
Igualmente, proponía una dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la Violencia de Género.
En materia de igualdad laboral, el manifiesto del área de la mujer de IU señala que "los contratos a tiempo parcial y precarios son la oferta laboral para las mujeres".
Asimismo, advierte que "aumentan las emisiones televisivas donde se denigra la imagen de las mujeres y se las convierte en meros objetos", así como la publicidad que presenta a la mujer como una recompensa por la compra de un producto. En lo que respecta al lenguaje, reivindica que las mujeres sean "nombradas y designadas en femenino singular y plural".
El manifiesto reivindica "una verdadera coordinación política y administrativa para atajar esta lacra social" y "la implicación de todos los poderes públicos en dar las respuestas que la sociedad está reclamando y conseguir un mundo sin violencia de género". En este sentido, exige "realidades tajantes con resultados inmediatos" frente a "quimeras" y promesas".

La violencia de género da señales, no las ignoremos

La Violencia sobre las mujeres no es algo nuevo, ni coyuntural en nuestra sociedad. Tiene un origen antiguo y complejo y, por ello, se hace extremadamente difícil su erradicación.
Que se la considere como problema y como delito públicos es ya un importante avance y permite que la visibilicemos como la peor manifestación de la desigualdad de mujeres y hombres en la sociedad moderna. La ciudadanía ha de saber que su causa principal es el poder que sobre las mujeres ejercen los hombres, a los que se ha atribuido tradicionalmente superioridad, que incluye la posesión en exclusividad, y por tanto, poder de fuerza y sometimiento. Y ha de rechazarla por sus graves consecuencias, pero también por la terrible injusticia que supone.

Visibilizar igualmente los perversos mecanismos de reproducción (el amor romántico, por ejemplo) de esa estructura de poder, que ha usado a las mujeres como transmisoras de valores que las someten, es otro paso para su erradicación. En ello, como en todo lo anterior, ha sido vital la contribución del Feminismo y de los movimientos de mujeres, que nos han permitido contar con herramientas de análisis y trabajo científico y que han logrado con su constante esfuerzo situar en la agenda política la necesidad de políticas públicas de Igualdad de mujeres y hombres y contra la Violencia de Género, políticas que siguen siendo vitales para que la nuestra sea una sociedad cada vez más decente.
La legislación española, que es de las más avanzadas de Europa, todavía es reciente y está en pleno desarrollo de su potencialidad para alcanzar su principal objetivo: conseguir en la sociedad un cambio de modelo para que las relaciones entre los dos sexos estén basadas en la igualdad y la libertad.
La clave del éxito ha de estar en la educación; hay que educar en igualdad, tolerancia y respeto. Es obligación de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto. Hemos de ejercer nuestra pequeña influencia en la educación en valores. Todas las personas estamos moralmente obligadas a ello.
En lo que va de año, cincuenta y cuatro mujeres han muerto en España a manos de sus compañeros o excompañeros. De ellas, ocho en nuestra comunidad. Estas cifras, que se mantienen más o menos constantes desde que se contabilizan de manera oficial, pueden generar en la ciudadanía la percepción de fracaso de las leyes y de las políticas que se desarrollan. Por eso es tan importante seguir trabajando para que seamos conscientes del hondo arraigo del problema que atacan. Y valorar los avances.
En aplicación de los derechos y tutela que concede la Ley Integral, desde el ámbito competencial del Gobierno de España, en los primeros 9 meses de este año, se han interpuesto más de 7.000 denuncias por mujeres en nuestra comunidad. Por parte de la Justicia, en este mismo periodo se han concedido más de 5.000 órdenes de protección. Y, como no puede ser de otra forma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les han hecho seguimiento, manteniendo, a día de hoy, a 3.373 con medidas de protección activas, de las que 109 se han seguido mediante dispositivos de teledetección. Nuestro reconocimiento por un trabajo bien hecho.
1.900 mujeres residentes en la Comunitat Valenciana disponen del dispositivo de Atención y Protección por violencia de género (la antigua teleasistencia), cuya prestación se ha ampliado a mujeres que aún no han presentado denuncia y que están siendo atendidas por Servicios Sociales.
Están adheridos al Protocolo de colaboración y coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica, suscrito, en marzo de 2006, por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior, 79 municipios. Tenemos constituidas 39 mesas de coordinación policial para hacer seguimiento a nivel municipal y se han incorporado al Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (SSIVdG), 29 cuerpos de policía local.
Conocer y sensibilizar sobre sus peculiaridades, no generar en las víctimas expectativas de soluciones rápidas y definitivas, poner desde las administraciones los recursos especializados suficientes, acompañar sin imposición y empoderando. De todo esto saben mucho las buenas profesionales (trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, médicas, fiscales…), que llevan poniendo en práctica todo su conocimiento, su buena práctica, más allá de lo que el compromiso profesional exige. Y también las mujeres que, desde el movimiento asociativo, son punto de apoyo imprescindible en la recuperación de muchas víctimas. Para ellas ha de ir nuestro reconocimiento hoy que celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres.
Pero todo este esfuerzo no será todo lo efectivo que debe ser si no se enmarca en políticas públicas rigurosas y comprometidas, que impliquen a todas las administraciones públicas.
Merecemos vivir en una sociedad respetuosa y pacífica y se puede conseguir, hay que seguir luchando.
Marina Calatayud Cuesta | Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valencian