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31 de mayo de 2012

Nueve de cada diez trabajadores sin contrato ni Seguridad Social son mujeres

Emakunde constata que se mantiene la desigualdad laboral y salarial



Las condiciones laborales de las mujeres en el País Vasco son peores que las de los hombres y el empleo negro es, fundamentalmente, femenino. Nueve de cada diez personas que trabajan sin que medie un contrato laboral ni cotización a la Seguridad Social son mujeres, unas cifras que no han mejorado en los últimos años y se sitúan en un nivel similar al registrado en 1995.

El informe sobre la situación de hombres y mujeres en Euskadi en 2011, elaborado por Emakunde, dibuja una situación en la que persisten entre hombres y mujeres las desigualdades en el ámbito laboral, se mantienen la brecha salarial, los roles sexistas y las diferencias en el uso del tiempo. La violencia machista, la forma más grave de discriminación de las mujeres, ha sufrido un ligero descenso a partir de 2009 que rompe con la tendencia ascendente de los años anteriores. Aún así, en 2010 se registraron dos víctimas mortales por violencia sexista y 2.285 denuncias o atestados de la Ertzaintza por esta custión.



El estudio anual de Emakunde contabilizó 18.600 personas asalariadas sin relación contractual, de las que 16.400 eran mujeres. Estas cifras no tuvieron en cuenta la situación en el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado, ambos con altísimos porcentajes de mujeres y baja regulación laboral. En los últimos 16 años la tasa de actividad de las mujeres ha subido siete puntos, hasta situarse en el 48.3, mientras que la de los hombres se ha mantenido prácticamente igual, pero la distancia en las condiciones laborales persiste. Así, los varones son mayoría entres los trabajadores que trabajan a jornada completa o están sobreocupados (más de ocho horas diarias), mientras que ocho de cada 10 empleados a tiempo parcial son mujeres.



La masculinización sigue siendo habitual en la industria y la construcción, frente a la feminización de los servicios, que ocupa a más del 87% de las trabajadoras. Su presencia es especialmente significativa en educación, sanidad y servicios sociales.

Las diferencias salariales entre hombre y mujeres han disminuido desde 2001, pero siguen siendo notables. Por ejemplo: la renta media de trabajo de un director gerente era en 2003 (último dato publicado) de 26.830 euros, mientras que si el puesto lo ocupaba una mujer descendía a menos de la mitad. Las ayudas a la conciliación no liman las diferencias, ya que en nueve de cada diez casos la reducción de jornada para el cuidado de los hijos afecta a mujeres. A pesar de que se han acortado las distancias, las mujeres siguen dedicando una media de dos horas y seis minutos más al trabajo doméstico que los hombres.




La violencia machista inició un ligero descenso hace tres años

4 de mayo de 2012

El aborto gratuito , a un paso del recorte politico



El aborto es una prestación sanitaria básica que las administraciones autonómicas deben facilitar y costear. Lo primero ha sido resuelto mediante diferentes modalidades contractuales con las clínicas que ya los realizaban; lo segundo sigue sin resolverse en algunas comunidades autónomas donde la gratuidad se está garantizando a costa del presupuesto de las clínicas, creando deudas insostenibles.

Los centros especializados han soportado la situación, evitando que las mujeres costeasen su aborto, pero es imposible asumir un compromiso de las administraciones a las que los centros recuerdan, sin éxito, que la viabilidad de la sanidad es responsabilidad del Gobierno y no de quien la facilita.

Entre otros casos, en la Comunidad de Madrid se han generado más de 2,5 millones de euros en concepto de deuda entre la Administración y los centros. En Castilla La Mancha asciende a 1.300.000 euros; en Aragón, la prestación de aborto, sin pagar desde que el PP llegó al poder, suma una deuda de 800.000 euros.

Comparado con partidas presupuestarias más gravosas, el aborto provocado no es un recurso costoso: el 90% de los abortos se realizan antes de la semana 14 y el coste oscila entre los 275 y los 500 euros. ¿Qué lleva a no sufragar su deuda? Para Acai existe un interés claro por dejar de financiar públicamente el aborto, privando de su derecho a las grandes perjudicadas: las mujeres.

La actual situación económica constituye el argumento perfecto para disculpar el impago y para, en un momento posterior, justificar una reforma que podría dejar de considerar el aborto como una prestación sanitaria básica, realizando con ello un recorte "político" disfrazado de recorte "económico"; y encontrando su "acomodo" en la Ley General de Recursos Sanitarios Básicos anunciada por Mariano Rajoy.



El impago a a las clinicas pone en peligro el acceso al aborto


Las clínicas abortistas de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Murcia y el País Valencià acumulan impagos por parte de sus gobiernos autonómicos por un importe total de casi cinco millones de euros. La deuda, que en algunos casos se remonta a más de un año atrás, está obligando a estos centros a asumir el peso del cumplimiento de la Ley del Aborto, ya que realizan las intervenciones sin cobrar.

Madrid es la autonomía que más deuda acumula. El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) debe a las clínicas al menos 2,5 millones de euros, según los cálculos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), que aglutina a la mayor parte de centros.

La deuda madrileña es la más compleja, ya que son los hospitales quienes pagan a las clínicas por las mujeres que les hayan derivado. El retraso medio en el pago es de seis o siete meses, pero los hospitales de gestión privada como el de Fuenlabrada, Móstoles y el de Puerta de Hierro de Majadahonda hace un año que no pagan sus facturas. Acai destaca que, en cambio, los hospitales de gestión 100% pública pagan más a tiempo.
Situación grave

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) debe alrededor de 1,3 millones de euros a las clínicas. Hace más de un año que estas no cobran a tiempo. De hecho, el pasado septiembre, estos centros se declararon en huelga y sólo se comprometieron a realizar gratis los abortos a las mujeres con "una especial situación sociosanitaria o económica".






La presión llevó al Gobierno de María Dolores de Cospedal, la número dos del PP, a comprometerse a pagarles. Ese mes se les ingresó "una cantidad simbólica", recuerdan en Acai. Y hasta la fecha. "La situación para estas clínicas es especialmente grave porque son centros muy pequeñitos", destacan en Acai. También resaltan que si bien es cierto que la deuda se remonta a cuando aún gobernaba el PSOE, la Administración nunca antes se había retrasado tanto tiempo en el pago.

En Aragón el impago arrancó tras las elecciones autonómicas del pasado mayo, cuando el PP ganó las elecciones al PSOE. Hoy, la deuda asciende a unos 800.000 euros. En Murcia y en el País Valencià dos bastiones del PP cuyos gobiernos mostraron su incorformidad con la Ley del Aborto y coquetearon con la idea de incumplirla la deuda "curiosamente" es muy inferior al resto, explican en Acai. En cada caso se deben unos 150.000 euros a las clínicas. Por su parte, Andalucía, que también llevaba meses sin pagar a las clínicas, acaba de acordar con las clínicas un calendario de pagos.

Para Acai, el impago a las clínicas es una forma de poner palos en las ruedas al cumplimiento de la Ley del Aborto. Esta, que entró en vigor en julio de 2010, estableció la universalidad y gratuidad del aborto al introducir la prestación dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Prestación privada

Ninguna autonomía optó por asumir la práctica de los abortos en sus hospitales públicos, ni siquiera llegaron a realizar los registros de objetores, para saber de qué personal dispondrían. Por ello, se vieron obligadas a establecer conciertos económicos y cerrar acuerdos con las clínicas que acreditaron para realizar las intervenciones. De esta forma se aseguraron que las mujeres no tuvieran que adelantar el pago de ninguna intervención, como establece la ley.

"Somos las clínicas quienes estamos garantizando la gratuidad del aborto, asumiendo el coste de las intervenciones que realizamos", denuncia la vicepresidenta de Acai, Francisca García. "Por tanto, somos las clínicas las que estamos haciendo posible que se cumpla la ley", añade. "Quebrar el derecho de la mujer al aborto gratuito no tiene que estar en nuestras manos", reivindica. García se muestra convencida de que el impago responde a una voluntad política que supera cualquier razón económica.

El Gobierno del PP reconoció abiertamente hace dos semanas que pretende cambiar la ley en vigor para restaurar la de plazos que la precedió, que entró en vigor en 1985. Aquella ley, además, no reconocía el aborto como un derecho de la mujer y no lo regulaba como una prestación universal y gratuita. Por ello, hasta que entró en vigor la ley, en julio de 2010, el 90% de los abortos que se realizaban en España los pagaban las mujeres. Con la norma actual, esta situación se ha revertido y son las autonomías quienes financian la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo.



A la espera de que el Gobierno cambie la ley, en Balears, las asociaciones de mujeres temen que el conflicto abierto el mes pasado cuando el Gobierno autonómico anuló los conciertos con las clínicas, acabe con sus derechos. La justificación que dio el Ejecutivo de José Ramón Bauzá (PP) fue que garantizaría la prestación en los hospitales públicos.

Días más tarde, sabiendo que los centros públicos no pueden asumir de un día para otro los 3.000 abortos anuales que se realizan en la autonomía, el Gobierno balear anunció que las mujeres que acudieran a las clínicas privadas deberían adelantar el dinero. Tras la lluvia de críticas, ya que incumpliría la ley, hace unos días rectificó y garantizó la gratuidad del aborto.

La Generalitat Valenciana también pretende asumir en sus hospitales públicos los abortos, aunque de momento sus intenciones sólo figuran en el documento interno que han elaborado para establecer medidas de ahorro en los servicios sanitarios. Como en el resto de autonomías, los hospitales públicos valencianos realizan, hoy por hoy, sólo un 3% de los abortos.



Al margen de que se cambie la Ley del Aborto, la interrupción voluntaria del embarazo podría dejar de ser universal y gratuita si el Gobierno decidiera excluirlo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó la semana pasada en el Congreso su intención de elaborar "una cartera básica de servicios sanitarios", lo que le permitiría hacerlo. "La crisis y el impago le ayudarían a justificarlo", critica Francisca García.

De ser así, el PP cumpliría los deseos de los grupos ultracatólicos y activistas antiaborto. Organizados en páginas web, en los últimos meses han intensificado su campaña contra la gratuidad y universalidad de la prestación, con el lema "No con mi dinero".

Por otra parte, otro ejemplo de cómo los intereses políticos sortean la ley se encuentra en Castilla y León, donde los conciertos con las clínicas los firma cada provincia. La situación en León es rocambolesca. La diputación ha acreditado una clínica para que realice abortos hasta las 22 semanas de gestación, el límite común. Pero no ha concertado sus servicios. De esta forma, las mujeres de León que quieren abortar, si quieren que sea gratis, deben viajar hasta otra provincia, previamente derivadas por el servicio público de salud. Si quieren abortar en León, deben pagar de su bolsillo la intervención.

Las Clinicas Abortistas de Aragon suspenden su actividad

“Salvo que la Administración ofrezca una solución”, las dos únicas clínicas abortistas de Aragón suspenderán parcialmente su actividad por culpa de los impagos del Gobierno autonómico (PP), que les debe 800.000 euros. Así lo ha denunciado hoy la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que asegura que esta decisión afectará a “las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés”.
Según la Acai, los responsables de las clínicas Actur y Almozara han intentado negociar esta decisión con la Consejería de Salud de Aragón, pero la administración “no solo no ha solventado la deuda, sino que tampoco la ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012”. Debido a ello, ambos centros han decidido formalizar “la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración”, según informó la asociación en un comunicado.

Así, a partir del 3 de mayo, “las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación. Sin embargo, ambos centros han decidido continuar atendiendo los abortos que respondan al supuesto de patología fetal (artículo 15 de la Ley del Aborto), “con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si éste lo acepta”, especificaron desde Acai.
Aun así, la plataforma aseguró que todavía mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad, “con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a los centros”. Asimismo, recordó al Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi que “la Ley obliga a todos los gobiernos autonómicos a facilitar el servicio y a garantizar la gratuidad de la prestación”.
En la misma línea se expresó también la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que calificó esta situación de “inaceptable”. “Desde la Fadsp venimos señalando que existe una actitud ideológica de algunas comunidades de no financiar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y excluirlo en la práctica, mediante el impago sistemático a las clínicas concertadas, de las prestaciones sanitarias financiadas”, denunciaron.

Por su parte, el departamento de Ana Mato quiso apaciguar los ánimos y aseguró a Efe que el aborto voluntario es “una prestación que sigue estando garantizada”. “Si no lo hacen las clínicas privadas, con las que había concierto, lo tendrán que hacer los hospitales públicos”, aseguraron fuentes del Ministerio de Sanidad. “No hay ningún problema”, concluyeron.
En cambio, la secretaria federal de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha anunciado que pedirá la comparecencia “con urgencia”  de Mato en el Congreso para que dé explicaciones sobre esta situación que se da en “algunas comunidades”, no sólo en Aragón.

En estos momentos, las deudas que diversos gobiernos autonómicos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país”, aseguró también Acai.
“Parece que el proyecto anunciado por [el ministro de Justicia, Alberto Ruiz] Gallardón para eliminar el derecho a decidir sobre su maternidad lo están haciendo efectivo ya algunos gobiernos del PP, aunque con ello están incumpliendo la ley”, opinó Causapié.
Por ello, la oposición tiene previsto preguntarle a la ministra “si está pensando en sacar la IVE de la cartera básica de servicios sanitarios”; una medida que supondría, según Causapié, un retroceso de “más de 30 años” para las mujeres españolas.

Sanidad estudia retirar el aborto de la cartera basica de servicios

Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del Embarazo, esta prestación "no es una prioridad" para el Gobierno

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no descarta sacar de la cartera básica de servicios el aborto, ya que "no es una prioridad" para el Gobierno, según informó este viernes la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), que mantuvo esta semana un encuentro con representantes del departamento que dirige Ana Mato.

Acai contó que Sanidad tiene previsto analizar la aplicación de la llamada ley del aborto "en todos sus aspectos", incluido el de la posibilidad de retirar la prestación de la cartera básica de servicios.

"No se trata de un anuncio como tal, pero no se nos desmintió dicha posibilidad", aclaró el presidente de Acai, Santiago Barambio. Fuentes del Ministerio, en cambio, se mostraron sorprendidas por la noticia y acusaron a la asociación de ejercer cierta manipulación sobre las declaraciones del departamento.

Los miembros de Acai se reunieron el miércoles pasado con la directora general de Farmacia y Cartera Básica de Servicios, Sagrario Pérez. "El objeto de la reunión ni siquiera era el de hablar de la cartera", argumentó el personal del Ministerio. "Pedimos la reunión hace tiempo, con el objeto de solucionar las irregularidades que existen entre las 17 comunidades a la hora de garantizar esta prestación", reconoció Barambio. "Pero entretanto, con las declaraciones de [Alberto Ruiz] Gallardón y las nuevas reformas, se abrió otro contexto para el encuentro", continuó el presidente de Acai.

Según Acai, Sagrario Pérez les aseguró que "de momento" el aborto seguirá siendo una prestación cubierta por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, como Sanidad está revisando toda la cartera de servicios, "el aborto se analizará cuando le toque porque no es prioritario ni para el Gobierno ni para las comunidades autónomas". Así se expreso Pérez, según el testimonio de Barambio.

"¿Puede pasar que el aborto se quede fuera de dicha cartera?", preguntaron los miembros de la asociación. "[Pérez] nos dijo que era una posibilidad pero no tampoco lo negó rotundamente", argumentó Barambio.

Las fuentes del Ministerio quitan importancia a este detalle e insisten en que la información, extraida de un comunicado de Acai, "no es correcta". "La recién creada Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías está empezando a trabajar en el análisis de toda la cartera de servicios, entre los que se encuentra el aborto, pero aún no se sabe ni siquiera si habrá algo que quitar de esa cartera", concluyó el equipo de Mato.

En opinión de Barambio, en cambio, "el aborto no les hace ninguna gracia y si se puede restringir, lo restringirán". Además, el presidente de Acai observó ciertas contradicciones en el mensaje de Pérez. "Por un lado criticó al Gobierno anterior por no haberse coordinado entre Igualdad y Sanidad con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero por otro, nos dijo que Sanidad coordina las prestaciones mientras las leyes las reformará el Ministerio de Justicia", ironizó.

Acai también pedirá, próximamente, un encuentro con los representantes del departamento de Gallardón para conocer los términos en que se pretende realizar dicho cambio normativo

Sanidad no descarta excluir el aborto voluntario de la cartera de servicios

Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad, sólo asegura que está garantizado cuando la prestación se requiera “por criterio médico”

"No va a salir [de la cartera básica de servicios] ninguna de las prestaciones que por criterio médico requiera del Sistema Nacional de Salud (SNS)". Así ha respondido hoy a los periodistas la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, cuando le preguntaron si el aborto seguirá formando parte de la cartera de servicios financiados públicamente.

De sus palabras se deduce, por tanto, que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) estará garantizada en los supuestos de anomalía fetal o riesgo para la salud de la madre marcados en la ley, pero no el aborto libre, permitido dentro de las primeras 14 semanas de embarazo.

El Ministerio que dirige Ana Mato acordó con las comunidades autónomas, en el último Consejo Interterritorial de Salud, reorganizar la cartera de prestaciones del SNS para que se divida en tres categorías: básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios.

Aunque dicha estructura se debatirá en la próxima reunión sectorial prevista para este mes, la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) ya denunció la semana pasada que Sanidad estudia retirar el aborto de la lista de servicios gratuitas.

Farjas, por su parte, no quiso comprometerse esta mañana. La representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recordó que el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario establece la creación de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de analizar “toda la cartera de servicios”.

"Por tanto, todos los españoles tienen la garantía de que la actualización permanente de la cartera de servicios y de prestaciones se hará bajo criterios de eficacia, de calidad y de eficiencia", concluyó la secretaria general de Sanidad.

5 de enero de 2012

Las mujeres de Baleares deberán adelantar el dinero para abortar


La ley obliga a las autonomías a pagar la prestación "directamente"
El consejero asegura que todas las pacientes recibirán el correspondiente reembolso

Baleares cobra 10 euros por tarjeta sanitaria
Impacto de la nueva ley del aborto en la sanidad pública
Últimos datos sobre abortos en España
TEMA: el aborto

Si una mujer con tarjeta sanitaria pública ha de ejercer en Baleares su derecho al aborto debe acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas y abonar el coste de la intervención y estancia y presentar posteriormente la factura al cobro en los servicios autonómicos. Las mujeres que interrumpan su embarazo serán retribuidas posteriormente, según el calendario de pagos de la Administración.

No se trata de una cantidad simbólica. Según Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), un aborto antes de las 14 semanas puede costar alrededor de los 500 euros. Si se trata de una intervención posterior (por riesgo para la salud de la madre o el feto), puede alcanzar los 1.500 —“prácticamente, lo mismo que un parto”—. Teniendo en cuenta que el grueso de mujeres que solicitan estas intervenciones tiene entre 20 y 29 años, es lógico pensar que se trata de personas que, en general, no tienen demasiados recursos.

El Gobierno balear del PP anuló el l de enero —aduciendo razones económicas— el concierto existente para sufragar esa atención en la red sanitaria privada. Las clínicas han acumulado retrasos en los abonos de sus servicios. Los colectivos de mujeres se consideran “defraudadas y engañadas” por la decisión de la consejería de Salud. El Instituto de Politica Familiar —antiabortista— anunció como un éxito la ruptura del convenio de atención en la red de hospitales particulares, divulgando la noticia antes de que la publicara el Gobierno.

Desde los centros públicos no se derivarán a los quirófanos privados de manera automática a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Estas deberán contratar con las clínicas particulares y asegurar el pago de la intervención. Existe una posición dominante de objeción ética entre los profesionales de los servicios de ginecología de la red pública.



Los hospitales de la sanidad balear atenderán las urgencias y los abortos terapéuticos. Un portavoz de los médicos que no practican abortos aseguró que “ningún aborto voluntario es una urgencia”. El IBSalut, el organismo de la Sanidad pública balear que dirige Juan José Bestard, asegura que el derecho está “garantizado” y “que se efectuará el reembolso” de los cargos abonados por las pacientes.

Sin embargo, un portavoz del IBsalut negó que hubiera un bloqueo por parte de los médicos objetores, y consideró que el pago previo será una opción secundaria. “Hasta ahora se derivaban todos los abortos y ahora los asumen, de entrada, los hospitales públicos”, dijo.

En las islas, en los 11 primeros meses de 2011 se contabilizaron 2.350 mujeres que abortaron en las tres clínicas acreditadas, empresas que percibieron más de 900.000 euros públicos por el coste de la asistencia médica, según datos ofrecidos por la consejería de Salud en diciembre de 2011. De acuerdo con la estadística oficial, en 2010 en Baleares se practicaron 3.295 interrupciones voluntarias de embarazoç



La decisión supone un retroceso en la prestación del aborto. Tal y como esta quedó reflejada en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de marzo de 2010, “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Como esto no sucede así casi nunca (la mayoría, más del 98% de las intervenciones, se realizaron en 2010 en centros privados), se establecía que “si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.

Esta excepcionalidad —en la práctica, lo habitual— ha sido solventada mediante acuerdos o conciertos entre las clínicas privadas y los servicios autonómicos de salud, de manera que las mujeres son derivadas a las primeras por los segundos, y quedaban al margen del cobro.

La norma, por ejemplo, obligó a revisar la situación en Cataluña, donde eran las mujeres quienes pagaban la intervención, y luego pasaban la factura al Servicio Catalán de Salud, indica Barambio. Para los casos en que las afectadas no pudieran costearse el proceso, una asociación se hacía cargo del gasto y luego lo gestionaba. “Lo llamábamos un sistema de gratuidad virtual”, indica el presidente de Acai. Ese sistema concluyó en noviembre de 2011, después de los correspondientes concursos para concertar la prestación.

Tampoco es la primera vez que, por culpa de los recortes, las mujeres de alguna comunidad se han quedado sin atención. En septiembre de 2011 fueron los centros sanitarios los que rompieron el acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha, y se negaron a aceptar a más pacientes hasta que el Ejecutivo de Dolores de Cospedal saldara las deudas que tenía con las clínicas.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad dijo esta tarde que la medida era legal, y que dependía del tipo de concierto (por ejemplo, también pasa con las prótesis, que el usuario las paga y luego se le reembolsa en parte). Otra cosa es qué pasaría si una chica no tiene recursos. "En cualquier caso, el ministerio ahí no se puede meter", afirmó.




Es el único caso en que una prestación pública debe ser abonada por los usuarios antes de recibirla




El año pasado las clínicas de Castilla-La Mancha dejaron de operar porque no les pagaban

28 de junio de 2011

Acuerdo para integrar a las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social

El Gobierno, CCOO y UGT han alcanzado un principio de acuerdo para la integración del Régimen Especial de Empleadas de Hogar dentro del Régimen General, según informa el Ministerio de Trabajo.
"Con la integración de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012, prácticamente se concluye el mandato del Pacto de Toledo de integración de los distintos regímenes existentes en el Régimen General y en el Régimen de Autónomos", explica el ministerio que dirige Valeriano Gómez.

El cambio normativo entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y se da un plazo de seis meses naturales para que las empleadas y los titulares de hogares familiares (denominación que reciben los empleadores que contratan este servicio) puedan adaptarse a la nueva situación con lo que la integración será plena a partir del 1 de julio de 2012. Se establece un periodo transitorio hasta 2019 para que la adaptación no sea lesiva para los empleadores ni tenga consecuencias sobre el empleo.


Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

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28 de marzo de 2011

El decreto de ayudas a padres de niños enfermos graves se retrasa

Trabajo solo ha otorgado permisos a familias de menores que sufren cáncer
problemas legales demorarán unos meses el reglamento sobre el resto de dolencias

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha empezado a dar luz verde a los permisos retribuidos de hasta 24 meses a los padres de niños con cáncer para que puedan conciliar el trabajo con la atención a los menores. Las ayudas podrán cobrarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Sin embargo, los trabajadores con hijos menores de 18 años que padecen otras enfermedades graves deberán esperar hasta que se promulgue el reglamento que recoja esos casos. El Ministerio de Trabajo esperaba que el decreto estuviera listo a mediados de marzo, ya que, según una portavoz, pensaba que la tramitación iba a ser más sencilla, pero han surgido «aspectos técnicos y legales» que la han complicado y lo retrasarán unos meses más.

 La demora viene motivada fundamentalmente por la complejidad a la hora de elaborar el catálogo de estas enfermedades. Este debe ser abierto y debe incluir desde dolencias congénitas hasta enfermedades raras, que exigen hospitalización. Los expertos y las comunidades autónomas están tratando de definirlas con precisión y determinar el periodo durante el que se puede conceder el permiso. En el caso del cáncer, Trabajo ya disponía de información que detalla todos los tumores pediátricos y de un protocolo que fija en 24 meses el periodo máximo necesario de atención a estos enfermos.

 UN MILLAR DE FAMILIAS / En la resolución que en los próximos días publicará el departamento de
Valeriano Gómez, dirigida exclusivamente al millar de padres de niños con cáncer, según las estadísticas pediátricas, se establece que la reducción de jornada a la que tienen derecho va desde un mínimo del 50% a un máximo del 75%. No obstante, trabajador y empresa pueden pactar su aplicación y fijar horas o días completos de trabajo y libres, sobre todo si los padres tienen que desplazarse a hospitales de fuera de su localidad.
 La remuneración, según la resolución, será del 75% de la base reguladora, pero se considera una contingencia profesional similar a una enfermedad causada por el trabajo o a un accidente profesional. Al tenerse en cuenta las pagas extraordinarias y otros prorrateos, el salario se aproximará al 100%.

 CÁLCULO POCO RIGUROSO / Trabajo declinó cuantificar el porcentaje de afectados a los que se les ha contestado afirmativamente por temor a que el cálculo no sea riguroso. Explicó que el 90% de las contingencias profesionales se tramitan habitualmente a través de la mutuas, aunque se pueden hacer directamente al INSS, y en este caso, al ser la primera vez, el porcentaje puede ser engañoso.
 La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer se mostró satisfecha con la prioridad dada a estas familias y animó a pedir la a ayuda a quienes no lo hayan hecho (el formulario y los requisitos están en la web (http://www.seg-social.es/). Su presidenta, Pilar Ortega, explicó que la Administración se ha comprometido a responder a las solicitudes en un máximo de 30 días, tanto en sentido positivo como en negativo.

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