El 60% de los abortos ya reciben financiación de la sanidad pública

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO.
APLICACIÓN DE LA LEY EN CATALUNYA Menos del 10% de las 5.000 mujeres atendidas han percibido el reembolso previsto por la normativa

Las mujeres que deciden abortar están optando de forma mayoritaria en Catalunya por la vía pública, prevista en la ley de salud sexual y reproductiva del 2010, que incluyó la interrupción voluntaria del embarazo en el catálogo de prestaciones financiadas por la Generalitat. Casi 5.000 mujeres, más del 60% de las que han abortado desde que en julio entró en vigor la ley, han seguido los trámites establecidos: si su embarazo no superaba las 14 semanas de gestación, fueron a una clínica acreditada por la Conselleria de Salut, donde –de forma excepcional, solo en Catalunya– pagaron los 350 euros, de media, que cobran estos centros por un aborto sin complicaciones.
 Acto seguido enviaron copia de su informe médico al Servei Català de la Salut, que deberá reembolsarles el coste de la intervención. Menos del 10% han cobrado ya. Los expedientes aguardan en la Conselleria d’Economia, donde se autorizan los pagos oficiales. En el resto de España, son las clínicas autorizadas para realizar abortos las que cobran de sus gobiernos autonómicos. Las mujeres no adelantan el coste.

 LOS HOSPITALES Como ocurría con la anterior ley de interrupción del embarazo, ningún hospital público ha aceptado realizar abortos que no estén motivados por una enfermedad grave de la mujer o del feto. Representan el 3% del total de intervenciones anuales. Aun con esa condición, solo siete hospitales catalanes (de los 64 que existen) aceptan interrumpir embarazos que, cuando existe exigencia médica, pueden alcanzar las 22 semanas de gestación. Se trata de los hospitales del Mar, Clínic y Vall
 d’Hebron de Barcelona; Joan XXIII de Tarragona; Arnau de Vilanova de Lleida, Josep Trueta  de Girona
y Parc Taulí de Sabadell. El resto de los centros aluden a la saturación de sus servicios de ginecología y obstetricia para rechazar interrupciones de embarazo, unas intervenciones que no pueden quedar aplazadas en las listas de espera.
 La posibilidad de interrumpir un embarazo con la píldora abortiva RU-486, tratamiento que ofrecen de forma experimental seis de los 42 centros de salud sexual y reproductiva de Catalunya, está teniendo poca aceptación, en contra de lo esperado por los anteriores gestores de Salut, que preveían absorber con ese método hasta el 50% de los abortos. Solo 70 mujeres han solicitado el tratamiento. «La Organización Mundial de la Salud (OMS) avaló el aborto farmacológico porque es eficaz y menos traumático para las mujeres», afirma no obstante Cristina Martínez, directora del Programa d’Atenció Sexual i Reproductiva de Barcelona. La oferta de la píldora abortiva se extenderá a todas las unidades especializadas cuando se sepa su aceptación entre quienes la están tomando.

EL ANONIMATO / Las solicitudes de aborto con cargo a la sanidad pública se tramitan en los citados 42 centros de salud sexual, que derivan a las mujeres hacia alguna de las 10 clínicas acreditadas en Catalunya. Estas abren una historia clínica a la embarazada, un documento en el que –a diferencia de cuando la petición es privada– se incluye el código de identificación personal (CIP) que figura en las tarjetas sanitarias. Aunque todas las historias clínicas, extendidas en centros públicos o privados, deben tener garantizada su confidencialidad, el hecho de que en los abortos con pago público figure el CIP mueve a la desconfianza a algunas usuarias, asegura el doctor Santiago Barambio, presidente de la asociación española de clínicas acreditadas para hacer abortos.
 «En la factura que se entrega a las mujeres para que pidan el reembolso de la intervención consta el CIP, y cualquiera que acceda al ordenador de un centro público puede identificarlas», dice Barambio. Esa eventualidad, opina, vulnera la exigencia de confidencialidad de la ley.