María todavía se acuerda de cómo algunos de los hombres que acudían a acostarse con ella al club de alterne llevaban en la mano un trocito de periódico con el anuncio de sus servicios sexuales. María no se llama María, pero no quiere decir su verdadero nombre. Ella jamás puso un anuncio en prensa: se prostituyó obligada. Es brasileña, tiene 37 años y es testigo protegida porque su testimonio es fundamental en el juicio contra la red mafiosa que la explotó a ella y a otras mujeres. "Ellos eran los que ponían los anuncios, y también en internet, nos hacían fotos para ello", relata esta víctima.
Durante tres meses, María estuvo encerrada en un puticlub de carretera de una ciudad española de la que nunca supo su nombre. "Me fui de Brasil a España porque una mujer brasileña con la que tenía confianza me dijo que me iba a dar trabajo en casa de una familia española", recuerda ahora esta mujer. Pero al llegar al aeropuerto de Barajas, la mafia la metió en un coche, la trasladó a unos 500 kilómetros de Madrid y allí la explotó sexualmente. "La señora que me había traído desde Brasil me dijo: Ahora eres una puta", explica María, que logró escapar de la mafia un día que pudo robar unas llaves y abrir las puertas del club.
No son voluntarias
Sobre la tesis que manejan los defensores de los anuncios, que consideran que quitarlos es atentar contra la libertad de expresión porque estas mujeres se anuncian de manera voluntaria, María es tajante: "Dentro del club de alterne, las chicas no teníamos dinero, yo tenía una deuda con mis mafiosos que empezó en 3.000 euros y no dejaba de crecer. No podíamos llamar por teléfono, ¿cómo iba a poner un anuncio?".Rocío Nieto, portavoz de Apramp y con amplia experiencia en la atención a estas mujeres corrobora las palabras de María: "No son ellas las que se anuncian en los medios, detrás de la publicidad está la red. Una prostituta no puede pagar 150 euros al día y por anuncio".
La Policía, tras la desarticulación de varias redes de trata de personas, ha constatado también que detrás de la publicidad que cada día se inserta en los diarios generalistas españoles se encuentran estos capos. Público renunció desde sus orígenes a este tipo de ingresos.
Tras el anuncio el lunes pasado del Consejo de Estado de posicionarse, a través de un informe, en contra de los anuncios de contactos, ayer se sucedieron las reacciones. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, señaló que establecerá una ronda de contactos tanto con los grupos parlamentarios como los medios de comunicación. "Tiene que abordarse de manera consensuada", señaló.
El informe del Consejo de Estado no es vinculante, por tanto, es el Ejecutivo el que tiene que dar ahora los pasos pertinentes. Si sigue el dictamen del Consejo, que señaló que la autorregulación ha demostrado ser "insuficiente y baldía", tendrá que elaborar una ley nueva, diferente de la normativa que actualmente rige para publicidad.
Precisamente, el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV registró ayer una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que haga "las modificaciones legislativas necesarias" para eliminar esta publicidad en prensa y televisión. La propuesta, siguiendo las directrices del Consejo de Estado, señala que la normativa debe incluir también el veto a los anuncios de teléfonos eróticos y videoclubes pornográficos.
Las presiones al Ejecutivo para que elabore de una vez esa ley también llegaron desde UGT. "Es falso el debate de la prostitución libremente ejercida, puesto que la gran mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen obligadas por las mafias o los proxenetas", afirmó Mariano Rivero, coordinador de la Agrupación de Periodistas de UGT.
Juventudes Socialistas de España, por su parte, también se mostró a favor del veto a estos anuncios y recordó, una vez más, que el 90% de las mujeres que se prostituyen lo hacen obligadas. La organización de consumidores Facua también respaldó a través de un comunicado su conformidad con la eliminación y la Asociación de Usuarios de la Comunicación afirmó que con la legislación vigente ya se podría prohibir la publicidad de relax.
Pero el informe también cosechó críticas. Si el día que se hizo público manifestaron su disconformidad la asociación de editores o el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, ayer le tocó el turno a la asociación Hetaira. Esta organización, que defiende el derecho de la mujer a prostituirse, tildó el dictamen de "corte abolicionista" y "cargado de moralina". "No se tiene en cuenta que la mayoría de anuncios no pertenecen a mafias organizadas", concluyen desde Hetaira.
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