Un acuerdo no escrito permite que decenas de guarderías privadas de Barcelona, que carecen de la necesaria licencia municipal, sigan abiertas curso tras curso. Debido a la falta de plazas públicas para cubrir las necesidades de la ciudad, el Ayuntamiento permite que, pese a las irregularidades administrativas, los centros funcionen.
Muchas de esas guarderías son antiguas y están ubicadas en entresuelos y plantas de edificios de vecinos. Por sus características físicas, no pueden adaptarse a la estricta normativa vigente. Lo admite el consistorio, que aboga por una modificación legal que permita legalizar la situación de esos centros.
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