
El próximo 1 de enero entra vigor una nueva regulación relativa al empleo doméstico que obliga a suscribir un contrato a partir de la primera hora que queda empleada una persona de este sector, que figura en un régimen especial de la Seguridad Social. Para la presidenta del sindicato, Isabel Orella, la nueva legislación «es una avance insuficiente». Se pone como ejemplo de una de las críticas a la futura normativa. «Hace 15 días le dije al patrón que me hiciera un contrato. Primero me dijo que ningún problema. Luego, por teléfono, me comunicó que no fuera más. Me aseguró que no me discutía como trabajadora, pero que no me iba a hacer un contrato», explica Orella. Su relato de hoy es el de otras compañeras y amigas, la mayoría inmigrantes. Su relato de ayer, el de sus primeros años en Catalunya, también es compartido. «Cuando llegué hace seis años, dormía apenas tres o cuatro horas en un sofá de la casa donde trabajaba el resto de horas por 650 euros. 'No tienes papeles, no tienes derechos', me repetía la patrona. Me marché porque nunca quisieron hacérmelos», recuerda.
Mujeres de 16 países estuvieron debatiendo durante cuatro meses qué podían hacer. Formar una organización se quedaba corto para reclamar los derechos laborales. Por eso, optaron por un sindicato. ¿Oportuno? «Claro que sí porque ya no queremos ser invisibles. Los sindicatos no nos dieron importancia. Y queremos luchar para acabar con la discriminación social y laboral», apunta Orella.
Las nuevas sindicalistas destacan la inexistencia de la cobertura del paro y el mantenimiento del despido arbitrario por desistimiento patronal. Entre las palabras más usadas por ellas está«precariedad laboral» y «esclavitud». Las siguen usando a pesar de que Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció este año a nivel internacional los derechos mínimos para este colectivo (horario de trabajo y un descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas, así como la limitación a las retribuciones en especie). En teoría, la legislación laboral española ya está por encima de esos mínimos. El 80% de personas del sector son inmigrantes, el 95%, mujeres.
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