Un informe alerta de la "exclusión" de las mujeres de la Administración Pública debido a los recortes

SONIA GUTIÉRREZ / Barcelona



La integración de la mujer al mercado laboral puede sufrir un serio retroceso a causa de los recortes en la Administración Pública. Un informe de la Fundació Maria Aurèlia Capmany alerta de la “exclusión” de las trabajadoras de la Función Pública, ya que a causa de los ajustes presupuestarios el gasto en trabajos que antes ejercían los funcionarios se está trasladando a empresas externas a través de licitaciones. Estas externalizaciones suponen, además, una precarización de sus condiciones laborales, añade Aida Ruiz, directora de la fundación y profesora de derecho del trabajo en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Las mujeres son mayoría en la Función Pública (en la Generalitat, por ejemplo, hay 134.102 funcionarias frente a 71.133 funcionarios), por lo que la reforma laboral, que permite el despido por causas económicas en el sector público afectará más a este colectivo, deduce el informe. Y más teniendo en cuenta que las mujeres se concentran en sectores como la sanidad o la limpieza, fácilmente externalizables. Los hombres también se verán afectados, pero menos, opina Ruiz, porque son mayoría entre los cargos más altos y en profesiones que se prestan menos a licitaciones (como la policía).

Según el informe, en lo que va de año el conjunto de administraciones en Catalunya han aprobado contrataciones públicas en el sector Servicios por un valor de 61,2 millones de euros. Ruiz alerta del riesgo de que se consolide un nuevo modelo, más parecido al alemán o el francés, en el que la mayoría del gasto público es de empresas externas. En España, se externaliza un 40% del gasto, mientras que en Alemania ese porcentaje llega al 60%.

Ruiz teme que la situación empeore, de confirmarse los términos del borrador de normativa que regula los expedientes de regulación de empleo (ERE). El texto abre la puerta a que los afectados por un ERE en la Administración sean recolocados en el sector privado mediante una adjudicación de contrato público, lo que en opinión de la autora, acentuará el trasvase de trabajadoras de la Administración a la empresa privada, empeorando sus condiciones laborales, sobre todo en discriminación salarial, dificultad para conciliar horarios y en salud laboral. “Las mujeres haremos lo mismo, pero con pérdida de derechos”, concluye.





La Fundació Maria Aurèlia Capmany advierte de que la externalización de servicios empeora las condiciones de las trabajadoras