Sin noticias de género

Una de los cientos de enmiendas que el PP rechazó a la oposición en el reciente debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2013 pedía que las cuentas del próximo ejercicio fueran acompañadas de un informe de impacto de género. Era, en realidad, una iniciativa de cumplimiento de la legalidad, dado que ya es preceptivo que un informe de ese tipo acompañe el proyecto, aunque el Consell que preside Alberto Fabra lo incumpla.

El diputado de Esquerra Unida del País Valencià Ignacio Blanco defendió la enmienda ante el pleno de las Cortes Valencianas para incluir una línea de actuación de la dirección general de Presupuestos que consista en “la emisión del informe de impacto de género”. “Es una obligación legal que está incumpliendo reiteradamente el Gobierno de la Generalitat mientras sí que podemos encontrar ese informe en los Presupuestos Generales del Estado como mínimo desde 2009”, indicó el diputado, que añadió: “Andalucía, no solo elabora un informe de 532 páginas, sino que además lo edita para que todo el mundo pueda acceder a él”.


La Ley de Igualdad de 2007 convirtió ese informe en obligatorio

La diputada del PP Nieves Martínez le acusó de “jugar a la demagogia de querer el desglose para 2014 por género” y añadió: “Si es una obligación, se cumplirá, y no porque usted presente la enmienda”. Blanco replicó: “Ya es obligatorio. Se ha de hacer un informe de impacto programa de gasto por programa de gasto”. El parlamentario indicó a la portavoz popular que “no se trata de desglose por género sino de evaluar el impacto de las políticas” sobre la situación de la mujer.

En efecto, la Ley de Igualdad de 2007 convirtió en obligatorio algo que desde 2003 se había tratado de impulsar. El informe de impacto de género de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 tiene 420 páginas en las que se revisa la “situación de mujeres y hombres en España” y se repasan aspectos tan diversos como el respeto a los derechos de las mujeres en los programas de cooperación internacional, la efectiva implantación de medidas que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar en los diferentes ámbitos de la Administración, la presencia de la mujer entre el personal de la Fuerzas Armadas o en las fuerzas de seguridad del Estado, la adecuación de estadísticas y estudios o el fomento de la presencia de mujeres en la ciencia y la investigación.

Concluye el informe que, pese a las políticas de austeridad y estabilidadpresupuestaria, “se mantiene el compromiso del Gobierno y la Administración Pública con el principio de igualdad de oportunidades que se ha integrado, con carácter transversal y plenamente, en todos los programas, proyectos, normas y también en la presupuestación de las políticas públicas”. Diagnóstico que la oposición no comparte pero que da pie a una discusión basada en datos.


Nieves Martínez (PP): “Si es una obligación, se cumplirá”

Como ocurre con cualquier supuesta regla, el incumplimiento por parte del Consell de la aportación de informes de impacto de género que acompañen a los proyectos legislativos tiene sus excepciones. Es el caso del decreto ley de medidas de restructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat.

El pasado mes de septiembre, el secretario autonómico del área, Bruno Broseta, firmó un informe de impacto de género de una página y media en el que, después de recordar la legislación en la que se basa su redacción, indicaba escuetamente: “El proyecto de decreto ley no modifica en nada el tratamiento previo en las materias que regula”. Y concluía: “En consecuencia, se valora el impacto de género como nulo, al no existir desigualdades de partida en relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y no se prevé modificación alguna de esta situación”.