CCOO rechaza el anteproyecto de Ley del aborto que promueve el Gobierno

En una resolución aprobada el pasado 30 de abril, la Comisión Ejecutiva de CCOO manifestó que el citado anteproyecto constituye un ataque frontal a la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres

La Confederación Sindical de CCOO defiende el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, rechazando la vuelta a una situación de indefensión e inseguridad contra las mujeres y profesionales.
Las declaraciones efectuadas por el Ministro de Justicia respecto a la reforma normativa que el gobierno del PP pretende realizar en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, niega y penaliza el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad.
Una nueva legislación que en palabras del propio Ruiz Gallardón, “prohibirá el aborto por discapacidad del feto” y donde, además, “el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse” como si no fueran fiables los informes profesionales preceptivos. Una vuelta a la consideración del aborto como delito, que supondría un claro retroceso normativo, que eliminaría derechos básicos de las mujeres distanciándonos de la mayoría de las legislaciones europeas que sí reconocen la libertad y capacidad de las mujeres para decidir, y un claro retroceso ideológico, que responde a los intereses de los sectores más reaccionarios y a las presiones proferidas por la Conferencia Episcopal que recuerda al Ejecutivo su “lentitud a la hora de afrontar la reforma”.
CCOO defiende la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque permite la autonomía y libertad de las mujeres, en relación a su sexualidad, a decidir sobre su maternidad y por tanto al aborto. Porque iguala la salud sexual y reproductiva, a cualquier otra área de la salud pública, garantizando la equidad en el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto de la ciudadanía, de manera que la aplicación de esta norma ha logrado la reducción de embarazos no deseados y la práctica eliminación de abortos clandestinos en España afectando a colectivos especialmente vulnerables.
Comisiones Obreras manifiesta su rechazo a lo que supondría una doble discriminación –por razón de género y por clase social- abocando a la clandestinidad a quienes no dispongan de los medios económicos necesarios con el consiguiente riesgo para la vida y salud de las mujeres. Asimismo recuerda al Gobierno su responsabilidad en un estado laico y democrático de garante de los derechos fundamentales de las mujeres.
Desde CCOO defendemos el principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para emitir sus propios juicios, para dilucidar sus propios dilemas y tomar sus decisiones, y entre ellas, la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad. La vuelta a la penalización del aborto niega el ejercicio del derecho.